Jurisprudencia

Contralor solicita al Ejecutivo mayores atribuciones para la Contraloría

Durante la rendición de su cuenta pública 2017, Jorge Bermúdez situó una analogía entre el Chile actual y el de inicios del siglo XX que originó la Contraloría General de la República como órgano de control. Sostuvo que para enfrentar la corrupción actual requiere más atribuciones, como el acceso a cuentas corrientes de las empresas públicas, y un sistema moderno y de integridad en la administración del Estado.

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Jorge Bermúdez, sentado al lado del presidente Sebastián Piñera, escuchaba atentamente el himno nacional antes de comenzar su tercera cuenta pública efectuada el Salón Auditorio de la Contraloría. Frente a ellos el presidente y ministros del Tribunal Constitucional, ministros, la subcontralora, el Comandante en Jefe de la Armada, el General Director de Carabineros, senadores, diputados, el Defensor Nacional, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, subsecretarios, directores de servicios públicos, representantes de organizaciones internacionales de la academia y de organizaciones sociales esperaban atentamente la palabra del contralor general.

La cuenta pública, realizada este miércoles 9 de mayo, comenzó con la analogía descrita. La palabra de Bermúdez sonaba firme: “Contraloría tuvo su origen por importantes casos de defraudación de la inversión de los fondos públicos que impactaron a la sociedad chilena a inicios del siglo XX, entonces se hablaba de la crisis moral del país. Autoridades de la época crearon el órgano de control de manera de supervisar el cumplimento de las leyes en las oficinas públicas y fiscalizar la correcta inversión de los fondos públicos. Hoy nos enfrentamos a hechos similares de irregularidades, falta de probidad, mala inversión de los recursos públicos, que nos hacen estar más vigilantes de los recursos”.

Apuntando a la recuperación de la confianza ciudadana a través del desarrollo de instituciones más sólidas, mejor capacitadas y modernizadas comenzó la cuenta pública mostrando un video que exponía los principales progresos del organismo pese a la constante disminución presupuestaria.

Terminadas las imágenes retoma la palabra y fija los desafíos de la institución 2017-2020 basados en la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Toma un paréntesis para desafiar a sus críticos aduciendo que se trata de una Contraloría previsible que siempre actuará bajo esos preceptos.

Convulsionado 2017

Bermúdez, poniendo énfasis en la especialización estratégica de distintos departamentos de fiscalización y auditoria, comentó que este año se realizaron 29 auditorías en las Fuerzas Armadas y 12 en Carabineros y PDI, algunas de ellas reservadas. Aprovechó el punto para recriminar a un medio de comunicación por no respetarla y aseguró el cumplimiento en la Contraloría de la reserva. “El balance no es bueno por lo que se firmó con el Ministro de Defensa un convenio de apoyo al cumplimiento. Fuerzas armadas y de orden deben recuperar la confianza de la ciudadanía, para ello deben cambiar prácticas administrativas y culturales arraigadas que no condicen con los estándares de probidad que reclama la sociedad”.

El Contralor, tras mostrar los números de mejor gestión y aumento de auditorías y recuperación de dineros a través de investigaciones especiales donde se restituyeron al fisco más de $2.800 millones sin proceso sancionatorio y alrededor de $2.000 millones desde sentencias de 74 juicios, recalcó que el control que realiza la Contraloría es electivo, muestral y limitado. Asimismo, enfatizó que para mejorar se necesita un sistema integral del Estado con mejores capacidades y técnicas, no un zar o capo anticorrupción. “El Estado requiere contar con Instituciones sólidas, funcionarios formados y comprometidos con lo público con la probidad como principio rector”, sostuvo.

Destacó la implementación de instrumentos de cooperación y fortalecimiento del sector público como el desarrollo del Centro Estudios de Administración del Estado que busca mejorar la formación de los profesionales que ingresan a él; el programa convenio apoyo al cumplimiento; y el control previo de juridicidad en materia municipal con el que tiene convenios con 39 alcaldes para realizar tomas de razón no exigidas por ley.

Indicó que pese a las contiendas de competencia tanto ante el Tribunal Constitucional respecto de un tribunal de primer grado, como ante el Senado respecto a los tribunales superiores de justicia, “el planteamiento no altera ni pone en duda del sometimiento de la Contraloría General de la República ante los tribunales de justicia”, sostuvo.

Otro punto destacado por Bermúdez es el de fiscalización a las empresas públicas. Concluye que no puede haber órganos exentos del control de la Contraloría. “Todos los órganos públicos deben estar sujetos a un estándar de probidad sobre todo en materia de contrataciones”, sostuvo y recalcó la necesidad de mantener presencia periódica en todas las instituciones para no crear la falsa sensación de inmunidad al control externo. Se autocritica por no hacerlo antes y en Codelco en particular.

Respecto al conflicto vigente con Codelco agradece el respaldo por unanimidad de la comisión investigadora y de la Cámara de Diputados con la labor de la Contraloría y califica como una “anomalía” la demanda presentada por Codelco a la Contraloría. Valora la disposición del Ministro de Minería para interceder y cree que en el caso solo han ganado los abogados que participan.

Desafíos

El Contralor se refirió a los principales desafíos y puso como punto principal realizar reformas legislativas, contó que encontraron veinte puntos de mejora, pero destacó dos: “En materia de empleo público, la modernización del Estado pasa por una actualización del régimen aplicable a los funcionarios públicos”; y el acceso al conocimiento del contenido de las cuentas corrientes de los órganos de la administración del Estado.

“La Contraloría, en cuanto guardiana de los recursos públicos, no tiene hoy la facultad de conocer los movimientos y saldos de las cuentas de los órganos de administración del Estado”, sostuvo e interpeló directamente al Gobierno: “Solicito encarecidamente al poder Ejecutivo, que en la actual discusión que se da en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Bancos, se incorpore una indicación, o se apoye las existentes, de permitir el acceso de por parte de la Contraloría a la información bancaria de los servicios públicos. Porque lo que hay ahí es plata pública”. Además, concluyó que “es probable que de tener esta facultad se hubiese podido prevenir grandes casos de defraudación que hoy nos impactan”.

Otro desafío que cumplir es el encargado por las Naciones Unidas: Chile, desde julio, auditará los recursos públicos a nivel internacional compartiendo con Alemania e India la conformación de la junta de auditores de la ONU

Por último, fijó los procesos de modernización de la contraloría: continuar lo implementado por la comisión de estudio para el fortalecimiento institucional; la sustitución de la resolución 1600 para realizar una toma de razón más estratégica y alineada con la función de auditoria; la revisión de los instrumentos de interpretación y aplicación administrativa bajo el paradigma “los dictámenes deben marcar la jurisprudencia y las resoluciones deben resolver el caso a caso”; y utilizar mejor la información, más uso de big data y bases de datos interoperables que calificó como una necesidad de facultad de la Contraloría el tener acceso a ellas.

Para finalizar, ahondando en el último punto de su propuesta de modernización, proyectó en pantallas su liquidación de sueldo, concluyendo que es necesario un desarrollo de software de control de remuneraciones. Las actuales las calificó de incomprensibles. “Es tan complicado el sistema que no se entiende qué te remuneran y eso permite un caldo de cultivo de errores y la corrupción en el sector púbico. Casos de defraudación que aún nos afectan partieron desde ahí”.

César Contreras Manzor

Periodista EstadoDiario

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