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Multas aplicadas por la UAF en 2018 llegan a record de UF 6.250

Usuarios de zonas francas, corredores de propiedades, notarios y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria concentraron el 55% de las multas por infracciones a normativa antilavado.

Durante el 2018 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF.

Según las estadísticas del servicio, de los 199 procesos sancionatorios cerrados el año pasado, 6 terminaron con amonestación escrita y 193 con multas a beneficio fiscal por un total de UF 6.250 (aproximadamente $ 172,3 millones, con valor UF al 31 de diciembre de 2018).  A esto se suman 4 procesos absueltos y 76 archivados. Con ello, en 2018, la UAF cerró 279 procesos que estaban en curso.

El año 2017 la institución contó con 150 procesos ejecutoriados, de los cuales 93 finalizaron con multas (por un total de UF 2.705), 3 con amonestación escrita, 56 fueron archivados y 6 absueltos.

Al analizar las sanciones por actividad económica, se observa que 58 usuarios de zonas francas sumaron multas por UF 1.195; 23 corredores de propiedades por UF 775; 18 notarios por UF 760; y 26 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria por UF 705. En tanto, 1 banco fue multado con UF 500; 16 casas de cambio, por un total de UF 410; y 2 casinos de juego con UF 200 cada uno.

Respecto del origen de las multas cursadas, 107 fueron por diversos incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones en terreno que realiza la UAF (multas por UF 5.190), y 86 por el no envío (o envío tardío) del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) sobre USD 10.000, obligatorio en determinadas fechas mediante un calendario establecido para cada actividad económica supervisada (multas por UF 1.060).

“El nivel de madurez alcanzado por el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF, requiere que este Servicio planifique y realice anualmente fiscalizaciones con criterio de selección en base a los riesgos al lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a los que se exponen las 38 actividades que supervisa la Ley N° 19.913” dijo el director de la UAF, Javier Cruz.

Agregó que “nuestro objetivo no es que los sujetos obligados cumplan la normativa por temor a ser sancionados, sino que ayudarlos a desarrollar herramientas que les permitan fortalecer sus sistemas preventivos y, con ello, no ser mal utilizados para la comisión de delitos”.

Destacó que tras la publicación en febrero de 2015 de la Ley N° 20.818 -que introdujo importantes modificaciones a la Ley N° 19.913, entre ellas nuevos sectores económicos a supervisar y la reducción del umbral de los ROE de UF 450 a USD 10.000-, la UAF solicitó un aumento presupuestario trianual para elevar su dotación de personal, entre ellos abogados y fiscalizadores.

Cabe precisar que las sanciones a las que se exponen las entidades privadas inscritas en la UAF son por no cumplir las instrucciones que imparten las Circulares UAF, no enviar el ROE en el plazo establecido para cada actividad, no mantener registros especiales por un período mínimo de 5 años o no remitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS

La UAF informó además que, en 2018, inició 291 procesos sancionatorios, 16 más que en el año 2017 (+5,8% anual). Del total, el 57,4% fue por incumplimientos asociados al envío de los ROE  (sea por plazo o forma), el 37,8% por faltas detectadas durante las fiscalizaciones en terreno y el 4,8% por la no designación de un oficial de cumplimiento ante la UAF.

De los 291 procesos sancionatorios iniciados en 2018, un 40,5% fue a usuarios de zonas francas. Por su parte, las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria concentraron un 14,8%, los corredores de propiedades un 13,4%, las administradoras de fondos de inversión un 7,9%, las casas de cambio un 5,8%, y las empresas de factoraje un 3,8%. Así, estos seis sectores representaron el 86,3% del total de procesos sancionatorios iniciados en 2018, mientras que el 13,7% restante se distribuyó en otras 11 actividades.

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