Las víctimas del sistema carcelario: una consecuencia de las erráticas políticas públicas

Por: Luis Vergara Cisterna*

Los acontecimientos presenciados durante este año, en el ámbito penitenciario, nos hacen mirar con preocupación el futuro del sistema. A las diversas muertes de personas privadas de libertad se suma una ingente corrupción no controlada y un número preocupante de suicidios de funcionarios. Aflora, asimismo, cada vez con más nitidez, el murmullo del descontrol interno y el aumento de la violencia intracarcelaria. El último reporte grave, en este aspecto, lo hace un Juez de Garantía que, apersonado en el Penal Concesionado de Santiago I, da cuenta de un peligroso hacinamiento y de prácticas que pudieren ser constitutivas de extorsión entre presos y de torturas.

Para quienes no están familiarizados con el mundo carcelario chileno esto es un hecho nuevo que ha quedado al descubierto gracias a la oportuna acción judicial. Para quienes, en cambio, conocen de cerca el sistema, este es un hecho más, dentro de una dinámica que se viene repitiendo hace bastante tiempo al interior de las cárceles y que va tomando fuerza sin que se atisbe un atajo posible en el corto plazo. Las autoridades ministeriales, por su parte, no han hecho mayor alarde de estos acontecimientos. Salvo una conferencia de prensa del Subsecretario de Justicia en que anunciaba el traslado de algunos privados de libertad, no se ha conocido mucho más. Tal como si los hechos de tortura al interior de las prisiones no fueran causa suficiente para tomar todas las medidas de gestión necesarias. Como si las autoridades se desentendieran del hecho de que son ellos quienes https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistran los penales donde ocurren estos delitos.

La pasividad con que se asume la gestión es alarmante. No se puede dar crédito a tanta ingenuidad. ¿Es posible que la autoridad piense realmente que con el traslado de algunos internos “conflictivos” se acabará la violencia interna, la extorsión y la tortura dentro del penal? ¿Es que no saben acaso que, al adoptar solo una medida de esta naturaleza, sin otro tipo de intervención, se fomenta la exportación de esas prácticas a otro penal y el relevo de roles en el penal de origen? ¿Será tan cándida la autoridad chilena? De qué forma se le pudo haber negado conocimiento del horror que viven a diario los primerizos al ingresar a Santiago I.  Cómo es posible que no conozcan que Gendarmería perdió la capacidad de gestionar la clasificación interna en algunos espacios de esta cárcel. Que, cuando es ingresada una persona primeriza a los Módulos 33, 34 o 36 por ejemplo, la aceptación o rechazo de quien ingresa corre por cuenta de los otros internos. Es imposible que no sepan que cuando son rechazados les pegan para expulsarlos de “su territorio”. Ante ello, el servicio penitenciario ingresa a estas personas al Módulo 88, donde son nuevamente violentados y vejados. Esta dependencia dejó hace mucho tiempo de ser de tránsito y en la práctica pernoctan allí personas por largo tiempo en un hacinamiento endémico. Conviven en ese lugar personas primerizas con otras de alto compromiso delictual, incluso con personas afectadas por trastornos mentales.

La irresponsabilidad campea. Miles de personas libradas a su propia suerte en un ambiente sin control y desprovisto de toda garantía de protección. Se olvidan quienes dirigen el sistema penitenciario, porque no pueden no saber, que la Convención contra la Tortura abarca los actos que tuvieron lugar con el acuerdo pasivo o activo del Estado o que fueron posibles por su falta de intervención. El Estado es responsable y sus funcionarios deben ser considerados autores o cómplices por consentir o tolerar tales actos.

Las decisiones de construir mega cárceles, de concesionarlas y luego de sobrepoblarlas nos juega hoy en contra. Las nuevas prisiones se llenaron tan pronto como entraron en operación. No contentos con ello, las densificaron (D. S. MOP Nº 272, de 2013 y D. S. MOP 271 de 2014, ambos del Ministerio de Obras Públicas que implementaron el “Programa de Densificación”), incrementando sus plazas “por razones de interés público”.

Hoy el Estado encarcela desmesuradamente y genera condiciones inhumanas de vida interna en las prisiones. Se encarcela para alimentar el placebo de la seguridad. Las víctimas de esa irresponsabilidad estatal son tanto los funcionarios, como las personas privadas de libertad, sus familiares y al final, la sociedad toda. Chile merece una política pública distinta, en que se enfrenten los graves problemas de la cárcel sin apelar al tan dañino discurso populista. Necesitamos un compromiso real de nuestras autoridades para erradicar las condiciones indignas en que se ejecuta la privación de libertad y por, sobre todo, en lo inmediato, realizar acciones urgentes para terminar con todo acto de tortura al interior de los penales.

*Luis Vergara Cisterna,   Abogado y doctorando en Derecho UCEN