2024: El año en que la litigación mediática redefinió los riesgos

*Por Claudio Ramírez

El cierre de este 2024 presenta un panorama singular en el sector financiero, marcado por procesos de alta exposición mediática, particularmente durante el último mes. Estos eventos no solo han puesto en primera plana a las empresas y ejecutivos involucrados, sino que también han dado mayor visibilidad a otros actores: las fiscalías y el regulador.

Es importante señalar que los altos volúmenes de información en la prensa no han surgido de manera espontánea. Además del interés periodístico inherente a estas situaciones y el rol estratégico de las compañías y sus directivos, las entidades investigadoras y supervisoras han adoptado un enfoque más proactivo en su comunicación. A través de entrevistas, comunicados y declaraciones públicas, han intensificado su presencia en los medios.

Estas acciones podrían responder a dos objetivos principales: reforzar la percepción de transparencia y fortalecer la legitimidad de los procedimientos, por un lado; y sensibilizar al público sobre la relevancia de las investigaciones y el papel de las instituciones en la defensa del interés público, por otro. Sin embargo, ambos enfoques, aunque legítimos, conllevan riesgos significativos que deben gestionarse con prudencia.

En una situación de alta exposición, resulta comprensible que las fiscalías y el regulador enfrenten presiones para mantener informada a la ciudadanía sin comprometer la integridad de los procesos. No obstante, gestionar la comunicación en estos contextos presenta desafíos inherentes que requieren un enfoque balanceado. De lo contrario, podrían surgir malinterpretaciones o confusión que comprometan tanto la percepción de imparcialidad como la fiabilidad de las instituciones. Además, aunque valiosa, la sensibilización pública a través de los medios puede alimentar juicios paralelos o provocar una sobreexposición que erosione la reputación institucional.

Este cambio de dinámica marca un punto de inflexión. Tradicionalmente, los riesgos reputacionales asociados con los procesos investigativos recaían exclusivamente sobre las empresas y sus directivos. Sin embargo, hoy en día, las autoridades, como las fiscalías y los reguladores, comparten ese protagonismo. Ante esta nueva realidad, deben equilibrar la divulgación pública con la imparcialidad de los procedimientos y las garantías para las partes involucradas.

En un marco como este, no basta con actuar correctamente; las acciones deben comunicarse con precisión y prudencia, y las investigaciones, junto con sus antecedentes, deben mantenerse bajo estrictos resguardos y protocolos para asegurar su total reserva. La sobreexposición, una entrevista mal gestionada o declaraciones apresuradas pueden influir en el mercado y en la opinión pública antes de que los hechos sean formalmente establecidos. Esto no solo afecta la percepción de las instituciones, sino que también pone en riesgo la integridad de los procesos.

Hoy, la labor de los entes investigadores y supervisores es cada vez más compleja: deben mantener informados al mercado y a la ciudadanía sin comprometer la objetividad de sus investigaciones ni la integridad de sus actuaciones. En un escenario donde las repercusiones mediáticas van más allá de lo inmediato, es esencial manejar la comunicación con meticulosidad, pues las palabras y acciones tienen efectos duraderos y, muchas veces, irreversibles.

Lograr un equilibrio entre lo que se comunica y cómo se comunica es crucial. No se trata solo de garantizar investigaciones sólidas, sino de adoptar un enfoque estratégico que proteja la percepción pública, resguarde a todos los involucrados y proyecte credibilidad.

Finalmente, la gestión reputacional en estos casos no se limita a respuestas tácticas, sino que exige una estrategia sólida y coherente con lo que entendemos por justicia y bien común.

En un entorno cada vez más exigente y bajo constante escrutinio, proteger la confianza social no solo es necesario, sino un deber ético que asegura la relevancia y efectividad institucional, garantizando su legitimidad a largo plazo.

*Claudio Ramírez, socio de Consiglieri.