Este jueves 10 de abril, se lanzará oficialmente el informe “Uso de Tecnologías en la Justicia Civil Chilena”, un estudio inédito que recoge la percepción de más de un centenar de jueces y juezas civiles, laborales y de familia en torno al impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el sistema judicial chileno.
El documento será presentado por Ricardo Lillo Lobos, Director del Laboratorio de Justicia Centrado en las Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), en una actividad que se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00 horas en la Sala Verde de la Sede Errázuriz de dicha casa de estudios.
Entre los principales hallazgos, el estudio destaca el alto nivel de uso de sistemas digitales como gestión electrónica de causas, firma digital y videoconferencias, herramientas ampliamente adoptadas desde la pandemia. No obstante, la incorporación de inteligencia artificial es aún marginal: solo un 10% de los jueces declara utilizarla en su quehacer diario, principalmente en tareas de edición y revisión documental.
El informe también expone desafíos persistentes, como la escasa capacitación en tecnología—más del 50% de los encuestados afirma no haber recibido formación alguna—y la casi nula participación de jueces en el diseño o implementación de las herramientas que utilizan.
El estudio subraya que, si bien las TICs han contribuido a mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia, también han generado una redistribución de cargas laborales y han visibilizado brechas digitales que afectan especialmente a usuarios con menor alfabetización digital o acceso a internet.
Tras la presentación del informe, se dictará el taller “Las TICs en la justicia en el 2035. Pensando el futuro a partir del presente”, a cargo de la experta Angélica Flechas, abogada y CEO de HÁPTICA, quien buscará abrir una conversación prospectiva sobre el rol de la tecnología en la evolución del sistema judicial chileno.
Ricardo Lillo sostiene que “en general la percepción es muy positiva y es que la tecnología ha permitido acercar la justicia a las personas. Ha ayudado a eliminar barreras de geográficas, que se producen por la ubicación de los tribunales”.
“Aunque desde ciertos puntos de vista, para personas que tienen necesidades especiales, los resultados no son tan claros”, contrasta.
En esa línea, el académico apunta que los jueces consultados consideran, respecto de ciertos grupos de la población, “que la tecnología no necesariamente es una ayuda, en ciertas personas para quienes se pueden traducir brechas de acceso. Se puede ver en las distintas regiones del país también. Cuando se les ha preguntado si es que la tecnología ha permitido superar barreras de género con tecnología, ahí los resultados son más atenuados, y consideran que el impacto sería menor en este caso”.
Lillo complementa que también, el informe sugiere que los consultados creen que “se ha permitido superar las barreras económicas en general, aunque es bastante menos”.
Una de las abogadas que participó del estudio es Susan Sepúlveda, quien se desempeña como jueza de Familia. “Participamos jueces de distintas áreas, por lo que las visiones son distintas. Las formas en que se llevan a cabo las cosas, por tanto, son diversas también: el uso de tecnología de juzgado de juez civil es muy distinto. Como tenemos sistema reformado, tenemos más audiencias, otros tipos de sistemas informáticos también, y por lo tanto, también tenemos otro vínculo con la democracia”, dijo la abogada.
“El sistema está muy pensado en la gestión del tribunal más que en la administración de justicia propiamente. Es decir, en mejorar la comunicación con las personas, mejorar también el uso de la de la información, la rapidez de esta para entregarla a las personas”, sostiene Sepúlveda.
“Estamos un poco desfasados en los usos y por eso hemos comenzado a utilizar herramientas de tecnología, como la inteligencia artificial, que no usan tanto en la institución, y por lo tanto estamos corriendo muchos riesgos en en el uso”, advierte la jueza.
