Datos personales y ciberseguridad: ¿dónde estamos?

Por Edmundo Varas *

The New York Times, The Economist, WIRED, Forbes y medios locales, han indicado que la información es el nuevo petróleo y han señalado a Amazon, Alibaba, Facebook o Google como los nuevos barones de este commodity.  A eso se suma la preocupación mundial respecto a cómo se trata y protege la información por parte del Estado y las empresas, llevando a conformar parte de la agenda de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Esto cobra mayor importancia si se considera que el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que para el año 2025 la economía digital, basada en el tratamiento de datos, representará 23 trillones de dólares, casi el 25% del PIB mundial.

Chile no se ha quedado ajeno a esto y el tema de la protección de los datos personales y la ciberseguridad, ha sido reiteradamente mencionado por parte de las autoridades de Gobierno. Cabe destacar que nuestra Política Nacional de Ciberseguridad indica que para 2022, Chile contará con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad, bajo una óptica de gestión de riesgos, y que el Estado velará por los derechos de las personas en el ciberespacio.

¿Es prioritaria la ciberseguridad en Chile? 

Revisemos la situación actual de nuestro país: Según el Global Cybersecurity Index 2018, Chile se encuentra en el lugar 83 a nivel global y ocupamos el lugar 9 a nivel americano (debajo de Cuba). Según la National Commission on Informatics and Liberty, Chile no cumple con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés), el principal referente normativo en relación con la protección de datos personales. 

Llama la atención el hecho de que, si bien se trata de un tema urgente a nivel mundial, nuestro Congreso lleva más de dos años tramitando una nueva ley de protección de datos personales y alrededor de un año revisando una norma en virtud de la cual nuestra legislación se adaptará al Convenio de Budapest, el primer tratado internacional sobre cibercriminalidad. 

La Subsecretaria de Telecomunicaciones afirmó en 2018 que Chile no está preparado para hacer frente a ataques de ciberseguridad, desde el punto de vista de redes. Por su parte Mario Farren, asesor presidencial en ciberseguridad, declaró en una reciente entrevista a un medio nacional que “del uno al siete, en ciberseguridad a Chile le pongo un tres. Y puedo estar siendo generoso”. 

Sectores público y privado y ciudadanos: los desafíos 

Si el tratamiento de datos es esencial en la nueva economía digital, pareciera que a Chile le queda camino por recorrer para asumir este desafío y es que casi semanalmente nos enteramos de casos sobre distintas violaciones a las barreras de ciberseguridad, que afectan tanto en el sector público como al privado, donde los más recurrentes, son los relacionados a la filtración de información financiera. 

Alcanzar un buen nivel de tratamiento y protección de los datos significarán nuevas oportunidades para el sector público y privado. El desarrollo del open banking (que busca la “liberación” de la información financiera para entregar al cliente servicios financieros más acorde a sus preferencias) y de la portabilidad financiera (marco normativo que pretende facilitar el cambiarse de banco), debe pasar, necesariamente, por un adecuado tratamiento de datos y por darle la debida importancia a la seguridad de la información. Un caso similar es el de la implementación del proyecto de Hospital Digital del Ministerio de Salud (plataforma web en desarrollo con información y servicios de salud dirigidos a la ciudadanía) cuya consolidación dependerá en gran parte de las estrategias que definan para protección de los antecedentes de los pacientes. Otro ejemplo dice relación con el desarrollo de las Fintech (transformación digital de los servicios financieros) e Insurtech (adaptación de las compañías aseguradoras a los nuevos requerimientos de la era digital) y el crecimiento extensivo del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).  Para el Estado, este desarrollo permitiría poder atender de manera más eficiente las necesidades de la población a través de la implementación del denominado Smart Government.

Luego de haber asistido en septiembre a la 7ª Summit País Digital, instancia que reúne a los principales expertos nacionales e internacionales para discutir sobre las últimas tendencias digitales y su impacto en el desarrollo y economía del país y al Simposio de Ciberseguridad organizado en nuestro país por la Organización de Estados Americanos, reconozco que hay avances y que podemos esperar un fuerte impulso a las iniciativas que buscan mejorar el marco de tratamiento y protección de datos en Chile. Un sustento de este optimismo es, por ejemplo, que el sector público ha avanzado con la creación de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad y la División de Redes y Seguridad Informática, además de la firma del convenio de colaboración en materia de ciberseguridad entre los ministerios de Hacienda e Interior y 9 superintendencias. Nuestro nuevo “zar” de la ciberseguridad, Mario Farren, ha declarado constantemente que buscará “avanzar en la legislación que está pendiente: Ciberseguridad, ciberdelitos, protección de datos e institucionalidad”. Por su parte, el sector privado ha tomado mayor conciencia de estos temas y así lo ha demostrado el estudio ¿Quién Defiende tus Derechos? realizado por la ONG Derechos Digitales en relación con las empresas de telecomunicaciones y la creación de unidades especiales de ciberseguridad en algunas entidades bancarias.

Para terminar, quiero destacar que todos los avances que puedan hacen el sector público y el sector privado no servirán de nada si nosotros, como ciudadanos, no tomamos conciencia de la importancia y el valor de la información, especialmente de nuestros datos personales.

*Edmundo Varas es socio de Morales & Besa y abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es Magíster es Derecho de la Empresa y cuenta con un diplomado en Sociedades y Financiamiento, ambos otorgados por la Universidad de los Andes.