Fintechs y Cuentas Bancarias: Alerta en lo Profundo

Por Cristián R. Reyes Cid *

Muchos conocen y están atentos al juicio seguido ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre las principales casas de cambio de criptoactivos del país (Buda.com, CryptoMKT y OrionX) en contra de los 10 principales bancos comerciales, por haber cerrados sus cuentas corrientes y, en algunos casos, no haber accedido a su apertura, pese a que no existir fundamento cierto para tales decisiones unilaterales.

Sin duda, dicho asunto marcará un precedente en sede de libre competencia, entre otros factores, ante el hecho de que la creciente utilización de criptoactivos -tanto en Chile como a nivel mundial- compite con diversos productos también ofrecidos por los bancos, como son los medios de pago, transferencias, remesas e inversiones; y además, ante el hecho de que las instituciones bancarias son las únicas que por ley pueden ofrecer cuentas corrientes, las que a su vez constituyen un insumo esencial para la operación de las señaladas demandantes -también conocidas como exchanges-, tal como ocurre con las principales empresas de innovación financiera del país, denominadas internacionalmente como fintechs.

Y es que las cuentas bancarias son indispensables para estas empresas bajo múltiples puntos de vista, siendo especialmente relevante mencionar -por una parte- el hecho de que las transferencias electrónicas entre las cuentas de dichas compañías y las de sus clientes permiten obtener la rapidez, eficiencia y seguridad que exige el avance de la economía digital, y -por otro lado- el hecho de que contar con cuentas bancarias permite precisamente una mayor trazabilidad de las operaciones realizadas, prevenir riesgos de lavado de activos, conocer de mejor manera el origen de los fondos y, en definitiva, tener un mayor conocimiento de los respectivos clientes o usuarios.

En tal sentido, tal como ocurre en todo el mundo, el ecosistema financiero no debiera discriminar entre empresas tradicionales e innovadoras, puesto que lo que se logra finalmente con una interacción armónica, es un sistema más robusto, seguro y colaborativo. Por lo mismo, no se entiende cómo los bancos intentan esgrimir insuficiencias de trazabilidad cuando lo que solicitan las fintechs chilenas es precisamente contar con cuentas bancarias para aumentar el grado de confianza, seguridad y transparencia de sus operaciones.

A ello se agrega un aspecto tanto o más importante que el anterior: Muchas fintechs chilenas cuentan con completos programas de cumplimiento, procesos de conocimiento de cliente (KYC) y certificaciones sobre la materia, lo que más de alguna empresa tradicional quisiera tener; de modo tal que es aún menos explicable el comportamiento de los bancos de no querer abrir cuentas o de cerrar las ya abiertas. Es más, diversas empresas de innovación chilenas se han adscrito voluntariamente a la fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e, incluso, se han convertido en un verdadero estándar ético para muchas fintechs en Latinoamérica, tanto al momento de desarrollar sus respectivos modelos, como muy especialmente al evaluar la posibilidad de ingresar al mercado chileno.

Es conocido en la industria que el comportamiento unilateral de los bancos no sólo ha afectado a los exchanges de criptoactivos, sino también a muchas otras fintechs. De hecho, ante el TDLC han iniciado también acciones en tal sentido una empresa de remesas (Arcadi) y una empresa de inversiones (Okane), sin perjuicio de resaltar que empresas innovadoras que desarrollan estos y otros rubros están sufriendo actualmente la misma problemática ante los bancos del país. La gran barrera que, en este escenario, están enfrentando muchas fintechs es el alto costo que implica recurrir a los tribunales de justicia en búsqueda de seguir desarrollando su actividad económica lícita, y muy especialmente el alto costo que significa recurrir ante el TDLC.

Dicho esfuerzo podría valer la pena si dicho tribunal antimonopolios concediese las medidas cautelares que las empresas afectadas pudieren solicitar, para efectos que las cuentas bancarias que se hayan cerrado o estén por hacerlo, sigan abiertas mientras se tramiten los respectivos juicios. Ello es muy relevante, para efectos de que tenga sentido la prosecución de dichos juicios, ya que de otro modo las fintechs demandantes corren el riesgo de desaparecer del mercado y contar con una sentencia que finalmente no se pueda hacer cumplir.

En los hechos, el TDLC sólo ha concedido tales medidas en el caso de los exchanges, mas no en el de las demás empresas innovadoras que lo han solicitado. Si bien no ha sido muy explícita la razón de por qué en un caso sí lo ha aceptado y en otros no, aparentemente la diferencia de criterios depende de la acreditación de contar o no con alternativas para la apertura de cuentas en otros bancos. Es decir, para estos efectos, parece ser que al menos se debiera acreditar ante el Tribunal que se intentó abrir cuentas en otras instituciones y que éstas lo negaron o que, al menos, no contestaron la respectiva solicitud.

Lo que sí es cierto es la necesidad de que como país nos demos cuenta de cuánta competencia e inclusión financiera aportan las fintechs en nuestros mercados. De hecho, muchas de ellas han permitido que la economía nacional pueda seguir su curso pese a la crisis sanitaria y social que ha generado la pandemia del COVID-19.

Empresas como Mercado Pago, Tenpo, Fintual, Khipu, Global66, Cumplo, Fintonic, Jooycar, Pago Fácil y muchas otras forman ya parte de la vida diaria de un gran número de personas en nuestro país, e intentar restringir su expansión bajo pretextos cada vez menos justificados, no es más que una vana tentativa de retrasar una realidad que es mundial, siendo Chile el único perjudicado si dicha estrategia sigue teniendo éxito.

Es tiempo de que los bancos reconozcan los beneficios que incluso para ellos significa operar y -por qué no- formar alianzas con las empresas fintech y que, en defecto de tal voluntad, las autoridades https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrativas y judiciales sean sujetos aún más activos para aprender de estos emprendimientos, alejarse de caricaturas y demonizaciones infundadas, y velar por el efectivo ejercicio de la libertad económica que garantiza nuestra Constitución Política, piedra angular para la defensa del desarrollo de todo tipo de actividad lícita y la protección de la libre competencia en los mercados.

* Cristián R. Reyes Cid es abogado de la Universidad Católica, ex jefe de las divisiones Jurídica y de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y senior counsel en Aninat Abogados.