Cinco anuncios presidenciales que impactarán a los abogados

El pasado 1 de junio, Sebastián Piñera rindió la Cuenta Pública 2018. Dentro de este mensaje presidencial, que contempla los proyectos en que se enfocará el Gobierno, hay 5 que podrían afectar la labor de los abogados chilenos.

1) La deuda de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo

“Realizaremos una modernización de la Reforma Procesal Penal y Civil, así como del Código Penal, e impulsaremos los Tribunales Contenciosos Administrativos”, expresó el mandatario.

Para el abogado William García, especialista en derecho público y https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrativo, el anuncio le causa extrañeza: “Es difícil decir hoy que faltan tribunales contenciosos https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrativos cuando en realidad hay muchos de ellos”, apunta. Desde luego que podría ser positivo, dice, pero en los detalles es donde podría encontrarse lo más interesante, y explica interrogantes tales como su estructura, cuál sería su relación con la Corte Suprema, si tendrían su propio tribunal superior, cuáles serían las diferentes instancias, los tipos de recursos, las acciones de procedimientos. “Faltan datos para definir si ponerse contento o no; el anuncio es muy general para generar un juicio categórico”.

Asimismo, añade, esperaría que se creen tribunales supletorios “que se hagan cargo de las cuestiones que aún no están resueltas y que permitieran a la especialidad —que está mal abordada por tribunales civiles, que no son especialistas— conciliar intereses individuales de las personas con el interés común”. Para García, nunca es correcto que el interés común se sacrifica por satisfacer un interés general: “Ese es el núcleo de los problemas que tienen que ver con estos tribunales; uno esperaría que lo que existiera resolviera esa cuestión. Existen muchos modelos y diferentes opciones que se pueden tomar y este es un anuncio muy básico”, concluye.

2) Modernización del sistema tributario

El proyecto pretende además de corregir las deficiencias de la Reforma anterior, simplificar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y moderno y que promueva la inversión, el ahorro, el crecimiento, la creación de empleos, la innovación y el emprendimiento.

A su vez, la modernización entregaría mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la “inmensa e insostenible burocracia y arbitrariedad que el sistema actual significa para muchos contribuyentes y, especialmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El Programa de Gobierno contiene entonces el compromiso de simplificar el sistema tributario a través de la integración del mismo, manteniendo la tasa de impuesto corporativo a las empresas.

El abogado tributario Rodrigo Rojas califica como interesante el anuncio porque “primero, hay un reconocimiento que bajar la tasa del impuesto corporativo de las empresas es bastante inconveniente en términos de recaudación; segundo, es bastante probable que se vuelva a un sistema 100% integrado, es decir, el impuesto que paga la empresa es un crédito contra el impuesto de los socios; tercero, la creación de estos dos sistemas que conviven hizo francamente complejo el sistema tributario chileno. Cuando uno comienza a estudiar este ramo le dicen que los sistemas tributarios deben ser simples, justos y eficientes y este de simple no tiene nada, de justo hay de todo tipo de opiniones y de eficiente tiene muy poco”.

“La simplificación, si se materializa como tal, va a hacer más fácil el trabajo de contadores, auditores y de abogados que asesoran empresas. Es muy probable, casi garantizado, que va a haber una reforma muy importante que impactará a los abogados directamente: las normas antielusivas”, afirma Rojas. Concluye, “hacer una reforma tributaria requiere mucha dedicación, muy buena redacción y un buen análisis de impacto, pues una decisión que tomes en un sentido afecta en los otros. Espero que se cree un buen proyecto, no debiese tener tan difícil su tramitación en la medida que se decidió no bajar la tasa, que se mejoren criterios como el de antielusión y se simplifique el sistema”.

3) Ley de adopción ¿más inclusiva?

Según lo dicho en la Cuenta Pública, el gobierno envió la nueva Ley de Adopciones, cuyos objetivos son, agilizar el proceso de adopción para reducir los tiempos de espera de los niños en hogares o familias de acogida y poner los derechos del niño como principal prioridad y encontrar para cada niño la mejor familia adoptiva posible.

“Son los niños los que tienen derecho a ser adoptados para vivir en familia, y no las personas o parejas a adoptar”, dijo el presidente. Esto deja abierta la puerta para la adopción homoparental.

Por su parte, el Ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, insistió en el comité político de este lunes, que finalmente será el juez quien decida cuál es la familia adoptiva del menor y que no habrá una orden de prelación. Mencionó también que existirán algunos criterios de exclusión como por ejemplo, antecedentes penales. También dijo que habrá algunos requisitos que el juez deberá considerar como la existencia de un ambiente familiar en el que se pueda ejercer el rol de padre y madre, de acuerdo a lo dicho por La Tercera.

“Me parece que es bueno para los niños que exista la figura paterna y materna, en la medida de lo posible (…). No va a haber discriminación arbitraria, lo que va a haber es buscar siempre la mejor familia para un niño. Puede que la mejor familia no sea, cierto, una familia tradicional, y puede que sea otro tipo de familia. La ley va a establecer criterios que el juez va a tener que interpretar”, explicó ese mismo día el máximo mandatario del país a la radio ADN.

Al abogado Nicolás Espejo, consultor internacional en UNICEF, le parece bien y necesario que el ejecutivo haya presentado un proyecto para precisar de mejor manera todos las dimensiones vinculadas a la adopción, los plazos de esta institución y facilitar el derecho a la vida familiar de niños que no pueden acceder a un ambiente familiar propicio para su interés superior.

“Creo que este proyecto puede avanzar positivamente en el Congreso en la medida que sea coherente consigo mismo. Indica con claridad que lo que se busca con él es promover dos cuestiones fundamentales para los niños: primero, su derecho a vivir en familia; en segundo lugar, que el interés superior del niño sea el aspecto central en cualquier proceso de adoptabilidad y luego en el proceso mismo que le concede la adopción a una o a una pareja de personas”, acota.

No obstante, Espejo resalta un inconveniente, “en la medida que el proyecto siga como en su actual articulo 39 letra F, supeditando en el caso de dos postulantes a que la certificación de su potencial para la parentalidad depende de que pueden ejercer adecuadamente el rol de padre y madre, va a generar una oposición fuerte en el Congreso, toda vez que eso restringe la posibilidad de ejercer la función de adopción a dos personas del mismo sexo que cumplan las funciones que permiten ejercer una parentalidad adoptiva correcta. Además, esto es contrario a la convención de los derechos del niño y a la corte y comisión interamericana. Si no se modifica esta indicación veo muy complicada su aprobación; sería una ley contraria a los derechos del niño”.

4) Modificación del SEIA

En su discurso, Sebastián Piñera anunció un nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y una nueva Institucionalidad Ambiental, que incluye el Servicio de Parques y Biodiversidad (proyecto ingresado al Senado el 1 de marzo de 2011).

El actual instrumento de medición entró en vigencia el 3 de abril de 1997, hace 21 años. Este permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. A través de él, se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables, explican en la web del SEIA.

Hoy, el titular del proyecto o actividad que se somete al SEIA presenta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), salvo que dicho proyecto genere o presente distintos riesgos, que en ese caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Algunos de los casos son riesgos para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. También, que se ubique en (o cerca de) poblaciones, recursos y áreas protegidas o sitios prioritarios para la conservación, alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona y alteración de monumentos o de sitios pertenecientes al patrimonio cultural.

Para Felipe Leiva, profesor de derecho ambiental y recursos naturales, “es un anuncio valioso en el sentido que viene en la línea de lo que se discutió en el gobierno pasado. El SEIA requería en algunos casos ciertas modificaciones para dar certeza a todo lo ingresado en él, tanto comunidades como titulares de proyecto, pero es difícil saber todavía porque no tenemos mayor información de los cambios que se quieren hacer”.

“En general, me parece que el sistema de impacto ambiental, como está diseñado, es adecuado; me da la sensación de que los ajustes que se quiere hacer responden a necesidades que están vinculados con proyectos ya de cierta relevancia social”, precisa.

Una de sus preocupaciones, sin embargo, es cómo se va a canalizar la participación ciudadana anticipada y cómo ello va a influir en la gestión y decisión de los proyectos. Lo segundo, prosigue, tiene que ver con “la forma en que se regulará la posible interposición de recursos, lo que debiera normarse con mayor precisión, estableciendo procedimientos y enfatizando en los plazos. La conflictividad de los proyectos complejos siempre va a estar”.

5) Modernización del Estado

Dentro de las “grandes tareas” del Gobierno se encuentra hacer un Estado más digital y tecnológico. “Debemos impulsar la Plataforma Digital Chile Atiende, implementar el proyecto Chile sin Papeleo, prohibiendo al Estado pedir a los ciudadanos certificados que ya tenga en su poder o que el mismo emita”, dijo el Presidente.

“Próximamente, propondremos al país una agenda para un Estado al servicio de los ciudadanos, que incluye un Consejo Permanente para la Modernización del Estado y contempla la creación de un Estado digital al servicio de los ciudadanos, para lo cual enviaremos prontamente el Proyecto de Ley de Transformación Digital, que permita la identidad digital de los ciudadanos y que los procedimientos https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrativos sean digitales”, añadió.

Con lo anterior, se quiere lograr que el año 2022 el 80% de las gestiones y trámites que los ciudadanos hacen, se puedan realizar desde teléfonos celulares o computadores, lo que correspondería a un 30% más de lo que existe actualmente.

Para la abogada Claudia Rossi, especialista en tecnologías de la información, modernizar el Estado y evitar trámites es un excelente anuncio para el ciudadano, que ahorrará tiempo y dinero al evitar la procesión por distintos organismos, recopilando información que el Estado ya tiene: “Lo único que me preocupa es cómo van a operar entre los distintos organismos en relación con los datos personales que tengan; espero que no sea a un costo mayor para las personas. No es la idea que el Estado se transforme en un “gran hermano” de mis datos”.

Si bien es de la mayor importancia modernizar al Estado, Rossi concentra sus aprensiones en que el Estado debería ocuparse de sus temas y “siempre ocupar un rol subsidiario”, evitando transformarse “en un empresario digital o en un repositorio de datos”. Aclara, eso sí, que el Mensaje sólo hizo una mención a un proyecto de modernización digital, el que podría pensarse relacionado con la prescindencia de papeles. “Pero no sé que alcance tiene el proyecto, ni si solamente involucra a los organismos del Estado o también a su relación con los privados”, advierte.

“Me preocupa que empecemos a sacar cosas que tengan un lindo nombre o un gran objetivo, pero estamos ‘cojos’ en lo más importante, que son los datos. Si tú me hablas de identidad digital, a mí lo primero que se me ocurre son mis datos personales, y mis datos personales, hoy día en nuestro país, no están protegidos, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿cómo lo conciliamos? Yo habría esperado que en su discurso hubiese incluido esto y no lo hizo, siendo que es un tema público contingente por la acción de Facebook y Cambridge Analytica”.