Por Kevin Venturelli Sims*
En Chile, el dinero en efectivo no solo tiene valor monetario: tiene valor moral. Representa autonomía, privacidad y libertad. Es el símbolo de que una persona puede cumplir sus obligaciones sin pedir permiso a un sistema, sin conexión ni validación de terceros. Sin embargo, algunos comercios han comenzado a negar la moneda que el propio Estado declara de curso legal.
El reciente dictamen del SERNAC, de abril de 2025, es correcto y oportuno. En él, el Servicio Nacional del Consumidor interpretó que negar el pago en efectivo vulnera el artículo 13 de la Ley N° 19.496, por constituir una negativa injustificada a la venta de bienes o prestación de servicios. No se trata de un capricho burocrático, sino de la aplicación directa del artículo 31 de la Ley N° 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, que dispone que “los billetes y monedas emitidos por el Banco serán los únicos medios de pago con poder liberatorio y de circulación ilimitada”.
El dictamen del SERNAC no solo es legalmente correcto: es socialmente justo.
Y es justo porque impide la discriminación. Pero no hablamos aquí de la clásica discriminación por raza, género o religión. Hablamos de una forma más sutil, pero igualmente lesiva: la discriminación digital. Aquella que se ejerce contra quienes no están -o no quieren estar- completamente integrados al sistema financiero electrónico.
Adultos mayores, personas sin acceso a internet o sin cuentas bancarias, pequeños comerciantes rurales y quienes simplemente desconfían de entregar sus datos son hoy los nuevos marginados. Se les niega un café, una comida o un pasaje por no portar un código QR. No por falta de dinero, sino por falta de aplicación.
Y en el fondo, lo que se les niega no es una transacción: se les niega su libertad de elegir.
Aceptar efectivo no es solo cumplir una norma. Es respetar un derecho civil básico. Es reconocer que el acto de pagar en efectivo forma parte de la esfera de libertad individual protegida por nuestra Constitución y por el principio de igualdad ante la ley. Obligar a usar medios digitales equivale a privatizar el acceso al mercado, sometiendo la vida cotidiana a la intermediación de bancos, fintechs y algoritmos.
Esto no es una crítica a la digitalización. Todo lo contrario: el progreso tecnológico es necesario y bienvenido. Pero cuando se crearon los ascensores, nadie prohibió las escaleras. Modernizar no puede significar excluir.
Una sociedad moderna no se mide por cuántas personas pagan con el teléfono, sino por cuántas pueden seguir pagando como quieran. La digitalización no debe borrar la libertad de elección, sino ampliarla.
Defender el efectivo no es nostalgia. Es defender la igualdad, la inclusión y la libertad económica frente a una nueva forma de discriminación silenciosa: la digital.
*Kevin Venturelli Sims. es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y diplomado en Derecho de Daños por la Universidad de los Andes, y diplomado en Educación y Litigación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor de la Clínica Jurídica Patrimonial de dicha casa de estudios y socio de Menchaca & Cía. Abogados.
Correo electrónico de contacto: kevin.venturelli@menchacaycia.cl
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