Por Sara Lara Espinoza*
Más allá de las aristas procesales y penales del litigio entre el Consorcio Belaz-Movitec SpA y Codelco, así como de la querella de capítulos deducida contra una exministra de la Corte Suprema, el denominado caso Muñeca Bielorrusa interpela a nuestras instituciones desde un plano más profundo y exigente: la integridad como fundamento del ejercicio del poder público y como condición estructural de la confianza social.
La reconstrucción de las actuaciones judiciales (órdenes de no innovar otorgadas con inusual rapidez, rectificaciones posteriores, admisiones excepcionales de recursos), se encuentra hoy bajo investigación por los órganos competentes. Sin embargo, el verdadero desafío no es solo determinar responsabilidades individuales sino comprender qué revelan estos hechos sobre nuestro ecosistema institucional, particularmente, en materia de conflictos de interés, imparcialidad y controles éticos del poder.
Vivimos una transformación profunda marcada por la tecnología, movimientos sociales, generacionales y culturales que han elevado radicalmente las expectativas hacia las instituciones. En este contexto, la ética dejó de ser un atributo deseable o una virtud personal: es una necesidad estructural. Lo mismo ocurre con los conflictos de interés: ya no basta con la convicción subjetiva de imparcialidad de quien decide. Hoy, el estándar exige evitar no solo el conflicto real sino también su apariencia, porque la confianza pública se construye sobre percepciones fundadas, no sobre declaraciones de intención.
En el ámbito judicial, esta exigencia es particularmente crítica. Cuando los procedimientos se alteran, cuando lo excepcional comienza a normalizarse o cuando las decisiones pierden trazabilidad, se debilita no solo la legalidad formal, sino la ética del proceso. Y en un escenario de desconfianza institucional extendida, esa erosión afecta directamente al Estado de Derecho.
El problema no radica únicamente en si una autoridad consideró -de buena fe- que su imparcialidad no estaba comprometida. El problema es sistémico: la ausencia de mecanismos robustos, externos e imparciales que permitan identificar, prevenir y gestionar conflictos de interés de manera oportuna y transparente. La experiencia comparada y la evidencia empírica son claras: nadie está exento de sesgos derivados de vínculos personales, profesionales o económicos. Precisamente por eso, las democracias modernas no descansan en la autopercepción de integridad sino en reglas objetivas, deberes de abstención claros y controles efectivos.
En este caso, además, está en juego el patrimonio de una empresa estatal de especial relevancia para nuestro país. Codelco (propiedad de todos los chilenos y chilenas) no solo se aboca a recursos estratégicos como lo son el cobre y el litio, sino que también administra confianza pública. Su legitimidad depende tanto de sus resultados como de la regularidad, transparencia y solidez ética del entorno institucional en el que opera. Cuando ese entorno se ve tensionado, el impacto no es solo económico, sino que es profundamente institucional.
Desde esta perspectiva, el mayor riesgo no es la existencia de actuaciones irregulares en un caso aislado. El verdadero riesgo es que estas prácticas, si no se corrigen, se transformen en señal, precedente o incluso cultura. Y la cultura institucional se forma, muchas veces, no por lo que se sanciona, sino por lo que se tolera.
Toda institución -pública o privada- sabe que la ética se construye en lo cotidiano: en la coherencia entre discurso y práctica; en los límites que se respetan incluso cuando nadie está mirando; y en la forma en que se enfrentan los dilemas cuando las presiones externas aumentan.
Si el Poder Judicial no cuida esos límites, se erosiona la confianza social en el sistema completo. Si las empresas, incluidas las públicas, no internalizan estos principios, pierden legitimidad frente a sus trabajadores, proveedores y comunidades.
A ello se suma un contexto de aceleración tecnológica y automatización que complejiza aún más la toma de decisiones humanas. En este escenario, la ética ya no puede reducirse a evitar infracciones: debe anticipar dilemas, abrir espacios de deliberación, fortalecer criterios compartidos y dotar a las instituciones de capacidades reales para gestionar conflictos de interés antes de que se transformen en crisis.
El caso Muñeca Bielorrusa demuestra que la integridad institucional no depende únicamente de sancionar lo que estuvo mal, sino de fortalecer aquello que debe funcionar bien: controles internos y externos, reglas de abstención efectivas, trazabilidad en las decisiones, propósito institucional y, especialmente, cultura organizacional.
Debe ser entendido, por tanto, como una señal de alerta, pero también como una oportunidad. Una oportunidad para revisar nuestros marcos éticos, reforzar los sistemas de integridad y asumir una convicción clave: la confianza no se decreta, se construye.
Porque el verdadero poder -en tribunales, empresas o instituciones públicas- no se mide por lo que puede hacer, sino por los límites éticos que decide respetar. Y es precisamente allí donde se juega, hoy más que nunca, la legitimidad de nuestras instituciones. La ética no es un freno para su funcionamiento: es su motor más profundo y su principal garantía de futuro.
*Sara Lara Espinoza es abogada de la U. de Chile. Experta en ética, compliance y sectores regulados.
