Permisología y compliance: un impuesto oculto a la inversión

Por Karen Piddo Gattás*

En pleno siglo XXI, Chile aún no logra consolidar un sistema de permisos y recaudación eficiente, moderno y coherente con los desafíos de una economía abierta y competitiva. Seguimos operando con una arquitectura institucional fragmentada, poco apoyada en tecnología y sin un uso sistemático del cruce de datos, lo que dificulta la generación de una cultura efectiva de cumplimiento, transparencia y formalidad económica. Esta debilidad no es sólo administrativa: tiene efectos directos en la inversión, la productividad y el crecimiento de largo plazo.

La dispersión de requisitos y regulaciones en un sinnúmero de normas de distinta jerarquía ha generado un entorno de alta complejidad regulatoria. En la práctica, quienes buscan cumplir —la mayoría de los emprendedores, inversionistas y contribuyentes— se enfrentan a un sistema que carece de certeza jurídica y previsibilidad. Ello dificulta dimensionar adecuadamente riesgos, plazos y costos, variables críticas para cualquier decisión de inversión. El impacto es especialmente severo para las pymes, que carecen del respaldo financiero y técnico para navegar procesos largos, inciertos y costosos. Este mismo problema se replica en el ámbito tributario.

Desde una perspectiva económica, la sobrerregulación ex ante y la falta de claridad normativa actúan como un impuesto oculto a la inversión. Aumentan los costos de transacción, desincentivan la formalidad y reducen la productividad agregada. En un contexto internacional marcado por la competencia por capitales, talento y proyectos de alto valor e impacto para el crecimiento, este tipo de fricciones regulatorias debilita la posición relativa de Chile frente a economías que han avanzado decididamente en simplificación, digitalización y certeza regulatoria.

Un rediseño serio del sistema debiera avanzar de manera simultánea en dos dimensiones complementarias. Por una parte, la simplificación y estandarización de los procesos de obtención de permisos y requisitos previos, mediante checklists claros, públicos y predecibles, definidos según el tipo de actividad económica. La regla debiera ser simple: saber con anticipación qué se exige, en qué plazo y bajo qué criterios. Por otra parte, resulta indispensable fortalecer la fiscalización ex post y la aplicación de sanciones efectivas y disuasivas frente al fraude al Estado o a terceros.

Esta combinación —menos burocracia previa y mayor control posterior— permitiría reducir ineficiencias, mejorar la asignación de recursos públicos y privados, y acelerar la ejecución de proyectos. Además, contribuiría a nivelar la cancha competitiva, evitando que quienes incumplen sistemáticamente obtengan ventajas económicas frente a quienes operan dentro del marco legal. Desde la perspectiva de la productividad, se trata de un cambio de incentivos clave.

Hoy, sin embargo, el compliance del propio Estado presenta brechas relevantes. La debilidad en los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas erosiona la confianza institucional y refuerza una lógica de desconfianza generalizada. El resultado es un sistema que castiga al cumplidor mediante requisitos excesivos, mientras tolera al infractor a través de sanciones bajas y capacidades fiscalizadoras limitadas. El mensaje económico es claro y negativo: cumplir es caro, lento y poco rentable.

Romper este círculo vicioso requiere un cambio de enfoque. No se trata de un Estado más grande o más pequeño, sino de un Estado más eficaz. Un Estado capaz de concentrar esfuerzos en fiscalizar bien, sancionar cuando corresponde y transparentar el uso de los recursos públicos, reduciendo al mismo tiempo la carga burocrática innecesaria. Esta es una condición esencial para mejorar el clima de negocios y recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

En este contexto, resulta indispensable superar los eslóganes ideológicos que suelen dominar el debate público y que poco aportan a resolver problemas estructurales. Ni las medidas tributarias meramente simbólicas, ni los discursos punitivos sin capacidad de ejecución, ni las propuestas efectistas generan crecimiento sostenible. La evidencia comparada muestra que los países que logran atraer inversión y aumentar su productividad son aquellos que ofrecen reglas claras, estabilidad normativa, instituciones confiables y sistemas de cumplimiento simples pero exigentes.

La modernización de la permisología y del compliance no es, por tanto, una discusión técnica marginal. Es un elemento central de la agenda de competitividad del país. Un sistema regulatorio predecible reduce la percepción de riesgo, mejora el acceso al financiamiento, incentiva proyectos de largo plazo y fortalece la posición de Chile en los mercados internacionales.

Un compliance simple, claro y exigente es un activo económico. Genera confianza, estabilidad y crecimiento. Y en un escenario global cada vez más competitivo, esa confianza puede marcar la diferencia entre atraer inversión productiva o quedar rezagados. La ecuación es conocida; lo pendiente es ejecutarla con decisión y sentido común.

*Karen Piddo Gattás – Abogada