Nuevo sistema notarial: la historia de un esperado cambio

Luego de más de 30 proyectos de reforma al sistema notarial chileno fallidos, Piñera vuelve a la carga en esta materia. El pasado lunes firmó un proyecto de ley que pretende modernizar el sistema registral chileno para “desnotarizar la vida de la gente”. El proyecto ya ha generado más de alguna polémica con la Asociación Nacional de Notarios, Archiveros y Conservadores.

Han sido varios los gobiernos que en las últimas décadas han intentado avanzar en reformas que modifiquen el actual sistema notarial, pero que la gran mayoría no ha llegado a materializarse. ¿Lo lograrán en esta ocasión?¿Qué asegura que esta vez será distinto?

Septiembre de 2018

El lunes de esta semana el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que pretende reformar el sistema notarial. La reforma busca reducir la cantidad de trámites que se deben hacer ante notario, eliminar a los notarios vitalicios y limitar el ejercicio de sus funciones hasta los 75 años o hasta que cumplan 21 años en el cargo, crear un consejo para que el nombramiento de estos cargos sea más transparente y crea la figura del “fedatario” quien actuará como ministro de fe para ciertos trámites comunes, entre otros cambios.

Pero el proyecto no demoró en encontrar detractores. Ricardo Martin, presidente de la Asociación Nacional de Notarios, Archiveros y Conservadores dijo estar de acuerdo con el proyecto en general, pero ciertos puntos que le preocupan. “Nosotros tenemos que considerar que nuestra función es altamente profesionalizada y especializada. Aquí por eso yo veo que el proyecto tiene como rumbo final debilitar la fe pública en Chile”, señaló Martin a Radio Cooperativa.

En entrevista con Economía y Negocios, el dirigente del gremio dijo que “no es necesariamente la competencia lo que nos puede preocupar. Cuando la competencia consiste en quién es más permisivo y quién menos riguroso, es una competencia insana”. Y agregó que “los notarios express podrían estar al servicio de los grandes intereses y, hablando en lenguaje tenístico, ese es un punto de quiebre. La fe pública, por lo delicada que es, no se le puede otorgar a quien quiera, sino que a quien debe otorgarla. Y esa es una gran diferencia”.

Pero la discusión por una reforma al sistema notarial no es algo nuevo. Durante años distintos gobiernos y sectores políticos han intentado concretar cambios al régimen de las notarías, pero muchos de estos intentos no han llegado a puerto.

Junio de 2018

Dos meses antes de que el gobierno presentara este proyecto, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó un informe luego de realizar un estudio donde analizó el mercado de las notarías y concluyó que hay una alta concentración y falta de competencia en este rubro. Además, estableció que hay una serie de trámites que ya no son necesarios. Los resultados de este análisis dieron las bases para la futura reforma.

Marzo de 2018

Otro episodio de esta teleserie se vivió con la controversia que se generó cuando, pocos días de que terminara el período del gobierno anterior se nombró al ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando. Las críticas apuntaron a la forma en que se realizan los nombramientos y obligaron a las antiguas autoridades a explicar que esto no era “el pago de un favor político” por no haber formalizado al hijo de la ex presidenta.

Agosto de 2018

En agosto del año pasado el gobierno quiso crear 62 nuevos puestos para notarios, dando lugar a que algunos tuvieran que modificar sus funciones. El cambio no estuvo exento de polémicas y causó ruido en la Asociación Nacional de Notarios y en la Corte Suprema.

Octubre de 2016

En octubre de 2016 se promulgó una ley que modificó el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, que desde 1943 indicaba que las personas ciegas, sordas o mudas no podían ocupar cargos de jueces o notarios. Ley 20.957, que modifica esa normativa permite a quienes tengan alguna discapacidad postular a estas ocupaciones.

Noviembre de 2015

En 2015 la Corte Suprema pidió excluir a notarios y conservadores de la supervisión del Poder Judicial. La resolución señalaba que junto con eso se elimine su reglamentación en el Escalafón Secundario del Poder Judicial, “entregando su supervisión a un organismo dotado de competencia especial al efecto”. Los ministros además acordaron instruir a todas las cortes de apelaciones del país para que vigilen el cumplimiento de los aranceles que estos profesionales tienen permitido cobrar.

Abril de 2015

En ese mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago removió a los notarios Gloria Acharán y Roberto Mosquera por ser sancionados por irregularidades en la certificación de firmas de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi para la inscripción de sus respectivas candidaturas, en las elecciones presidenciales de 2013. Ambos abogados involucrados en el escándalo conocido como “Caso Firmas”, habrían infringido la ley de Votaciones y Escrutinios que los obligaba a estar presentes en la validación de las rúbricas que presentaron los candidatos.

Diciembre de 2012

A fines de 2012, se presentó un proyecto de ley en el que se modificaba el régimen de nombramiento y las funciones del sistema notarial. Entre las disposiciones se encontraba la aplicación de un examen obligatorio a todos quienes postulen a un cargo de auxiliar de justicia. Junto con ello, la propuesta del Ejecutivo otorgaba potestades al Sernac para fiscalizar las tarifas y los servicios a los usuarios.

La discusión previa a este proyecto de ley estuvo marcada por la propuesta inicial del Ejecutivo de introducir competencia de mercado a las notarías. En concreto, se proponía un sistema de licitación cuyo primer promotor, en 1993, fue el entonces Senador Sebastián Piñera quien pretendía que los notarios fueron nombrados mediante un concurso público en que se ofrecieran tarifas y servicios.

2008

Ese mismo criterio seguía el proyecto presentado en 2008 por la https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistración de Michelle Bachelet, pero dicho texto nunca entró a discutirse en Valparaíso. Al asumir Felipe Bulnes como ministro de Justicia, se mostró favorable a reflotar esta iniciativa, pero no hubo consenso para ello. Una vez reemplazado por Teodoro Ribera, el ministerio se abocó a redactar un nuevo proyecto, que es el que ingresó al Congreso en noviembre de 2012, pero que se encontraba sin urgencia en su tramitación. El Gobierno en ese entonces esperaba aprobarlo antes de que terminara el mandato de Sebastián Piñera, pero eso no pasó.