La Unión Europea y el “Derecho al reparo”

Por Cristóbal Diaz Guitart *

El pasado 25 de noviembre el Parlamento Europeo votó y acogió una resolución sobre el llamado “Derecho al reparo”. Sus implicancias desde el Derecho del Consumidor, la protección del medio ambiente y el impacto que podría tener en la industria de la tecnología merecen un examen cercano.

En concreto la votación llamaría a la Comisión Europea a introducir una política obligatoria de etiquetados que indiquen la durabilidad del producto en términos sencillos para el consumidor, para así combatir la obsolescencia prematura y moverse hacia un uso ambientalmente consciente de los recursos que propone reemplazar la cultura del usar y desechar por una en que incluso los productos tecnológicos duren años.[1]

Esta nueva forma de ver la tecnología podría incidir notablemente en el impacto que producen los desechos tecnológicos en el medio ambiente; consideremos que el ciclo de vida de un IPhone, por ejemplo, es excesivamente corto en comparación con el tiempo en que nos desharemos de sus componentes.

Entonces, por “Right to repair” debemos entender los esfuerzos legislativos que tengan por objeto permitir al consumidor reparar y modificar sus productos electrónicos con la intención de mejorar su experiencia y la durabilidad de los mismos, y reducir el impacto medioambiental que implica desecharlos; todo esto mediante campañas de información y promoción de diseños reparables en toda la cadena productiva de la industria.

Esta iniciativa no debería extrañarnos, porque el activismo por el derecho al reparo lleva tiempo. La más notable es la organización Repair.EU, quienes presentan tres ejes para el legislador:

1. Mejores diseños: que los productos no solo tengan el buen desempeño en mente, sino que incorporen en el diseño la posibilidad de ser reparados o actualizados y aumentar su vida útil de tal forma.
2. Mejor acceso a las reparaciones: buscan un marco legal que promueva y facilite el comercio de piezas para reparar productos y la disminución de los precios.
3. Consumidores informados: iniciativas como la comentada, con el objeto de dar a conocer al consumidor si el producto que compra podrá ser reparado o actualizado accesiblemente, o si está hecho para ser desechado.

Según una encuesta de Eurobarómetro[2] 77% de los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea preferirían reparar a desechar, y 79% cree que las compañías deberían estar legalmente obligadas a facilitar las reparaciones.

Sin embargo, no son pocas las presiones que enfrentan. Por un lado, compañías como Apple han implementado controversiales políticas que han tenido el efecto de dificultar y encarecer la reparación de sus productos.[3] Las políticas que condicionan la garantía a no intentar reparar los productos mediante sellos que alertan de esta situación también están en la misma sintonía.

Por el otro, la tecnología ha evolucionado a un paso abismal en la última década; lo que dificultaría que un teléfono antiguo pueda competir con el hardware o ser compatible con el nuevo software de otro teléfono lanzado tres o cuatro años más tarde, solamente por las mejoras exponenciales en la industria. Sobre esto, podrían intentarse actualizaciones modulares del hardware, pero este formato no ha tenido acogida al menos en el mercado de los teléfonos móviles.

De todas formas, celebramos este hito y esperamos que este tipo de iniciativas progresen en otros países y generen beneficios para la protección del consumidor y del medio ambiente simultáneamente, dos temas pendientes en la agenda nacional e internacional.

[1] European Parliament News (2020), Parliament wants to grant EU consumers a “right to repair”

[2] European Commission (2014), Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency report.

[3] The Verge (2017), Why Apple and other tech companies are fighting to keep devices hard to repair.

* Cristobal Díaz Guitart es estudiante de tercer año Universidad San Sebastián sede Concepción, cursó el programa de Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad del Desarrollo en 2019.