Términos y Condiciones vs Legal Design

Por Verónica Pedrón Pardo*

Leer las 15260 palabras de los términos y condiciones de Microsoft suponen a un usuario medio un poco más de una hora de lectura, casi el mismo tiempo que cuesta leer “Macbeth”, de Shakespeare. Si pensamos en los de Tik Tok o Spotify, el tiempo necesario sería de algo más de 35 y 31 minutos, respectivamente. Los datos surgen de un análisis realizado por Visual Capitalist que incluye 21 de las plataformas más utilizadas a día de hoy. De hecho, en el caso de leer todas ellas tardaríamos un promedio de 250 horas.

Esto supone dos grandes problemas: 1) que los usuarios acaban por no leer estas condiciones en la gran mayoría de los casos y 2) que en el caso de leerse no son comprensibles, parcial o totalmente.

En este sentido, ¿qué es lo que hace que a los abogados nos cueste simplificar en las condiciones legales? Pues bien, son varios los motivos que influyen en ello:

– Tradición: normalmente hacemos uso de cláusulas estandarizadas para agilizar nuestra labor pero en la generalidad de ocasiones éstas no están actualizadas a nivel de usabilidad.

– Mentalidad: tendemos a elaborar textos pensados para reducir los riesgos en el caso de que las cosas vayan mal en lugar de evitar desde un primer momento que la situación conflictiva se produzca, es decir, somos más reactivos que preventivos.

– Prestigio: tenemos la creencia de que cuanto más complejo es un texto, más inteligente es la persona que lo redactó. Obviamente estamos equivocados. Sin embargo, no hace falta irse muy lejos para descubrir cláusulas tan rebuscadas dentro de las condiciones legales de algunos servicios que ni los mismísimos abogados podrían entender.

– Ceguera del grupo objetivo: los abogados redactamos con un lenguaje demasiado técnico que parece dirigido a otros abogados más que a cualquier ciudadano, a pesar de que son estos últimos quienes conforman nuestra clientela.

– Influencia: el sector anglosajón de la abogacía y su estilo de contrato sin duda ha influido a los abogados de otros países. De hecho, es habitual ver en términos y condiciones (por ejemplo de webs españolas) cláusulas completamente nulas basadas en normativa norteamericana sin ninguna aplicabilidad. 

– Falta de aclaración de expectativas: muchos abogados no piden al cliente lo que esperan del acuerdo y su uso, y muchos clientes tampoco son lo suficientemente claros, eso contribuye a términos y condiciones altamente oscuros y poco transparentes, cuando quizá el cliente prefería ser más claro en alguno o todos los aspectos que se recogen. 

Dicho esto, ¿de qué manera podemos cambiar esta situación? ¿Puede el Legal Design ayudarnos a llevar a cabo ese cambio?

Sin duda sí. Sin embargo, para poder entender la forma en la que podrá ayudarnos debemos saber en qué consiste esta metodología y cómo aplicarla en nuestro sector.

En este sentido, hablar de Diseño + Derecho (Legal Design) implica que el servicio o producto jurídico se elabore para el usuario y no al revés, a fin de que le resulte fácil, intuitivo y satisfactorio.

De esa forma, el Legal Design busca evaluar y crear servicios legales, centrándose en cómo pueden ser útiles y atractivos. Por ello hace uso de tres recursos para que sean usados por parte de los profesionales legales: los procesos, la mentalidad y la mecánica. Estos tres recursos deben ayudarnos a concebir, construir y probar mejores formas de hacer las cosas en la ley, involucrando y capacitando tanto a los legos como a los profesionales del Derecho.

Por ello, se dice que el Legal Design tiene tres grandes objetivos:

• Ayudar al lego y al profesional legal;
• Crear un mejor frontend (interfaz) y backend (accesos) para el sistema legal;
• Trabajar en mejoras pequeñas a corto plazo y en grandes cambios en el largo plazo.

En el caso de los términos y condiciones, el Legal Design puede: a) ayudar al usuario que acepta hoy en día sin más y resignado las condiciones legales a entender sus obligaciones y derechos ; b) crear unas condiciones de forma más clara, comprensible, visual y transparente, y c) hacer pequeños pero útiles y regulares avances en estos textos como puede ser incluir en ellos vídeos explicativos o gráficos y hacer uso de un lenguaje más claro. 

En este sentido, también tenemos normativa en Europa que contempla esa opción, concretamente el artículo 12.7 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

La misma hace referencia a que la información que se facilite a los usuarios en las políticas de privacidad, podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que hagan que el contenido sea fácilmente visible, inteligible y claramente legible. 

En conclusión, el Legal Design es una herramienta más que interesante para proporcionar al usuario la información que recogen las condiciones legales de los servicios y plataformas que utilizamos a diario haciendo más fácil su comprensión y su tiempo de lectura.

Para ello, obtener datos objetivos sobre cómo nuestros usuarios “consumen” nuestro contenido legal, en este caso los términos y condiciones, hacer uso de un lenguaje sencillo y comprensible y sintetizar de manera coherente las ideas son elementos imprescindibles. Si además hacemos uso del color, mejoramos la tipografía de la letra (haciendo uso de máximo dos fuentes comprensibles, evitando mayúsculas y subrayados) y le añadimos espacios en blanco e imágenes, el éxito estará asegurado.

Por tanto, si bien aún hay mucho por hacer en este sentido, el Legal Design y todas sus enseñanzas pueden ser de gran ayuda para el sector legal, haciendo reales innovaciones muy prácticas y beneficiosas tanto para los profesionales como para los usuarios y consumidores.

Verónica Pedrón Pardo es abogada especializada en derecho tecnológico en la boutique legal Términos y Condiciones. Consultora y socia en Legaltechies, consultora especializada en servicios Legaltech y de transformación digital para estudios jurídicos, departamentos legales, facultades de derecho y colegios de abogados.