Por Isabel Venegas Follert*
Cuando una gerencia legal o un estudio jurídico declaran estar “colapsados”, el problema rara vez está en el volumen de asuntos. El quiebre ocurre antes: en la incapacidad del sistema para tomar decisiones con claridad bajo presión.
La respuesta a la sobrecarga suele ser predecible. Más control, más seguimiento, más personas. Se asume que la situación mejorará incorporando nuevos recursos o extendiendo el esfuerzo del equipo por un período adicional. Este razonamiento, sin embargo, descansa en un supuesto equivocado: que el problema es de capacidad.
Nos convencemos de que todo estaría mejor si tan solo los clientes fueran más claros, si el equipo hiciera un esfuerzo extra este mes o si la carga disminuyera pronto. Pero la realidad es otra. El problema no es la falta de recursos, sino cómo se gobiernan los que ya existen.
Un liderazgo efectivo no gestiona deseos, sino la capacidad real de su sistema. El desafío no está en cuánto trabajo hay, sino en cómo se toman las decisiones que lo ordenan. Diseñar procesos para escenarios ideales donde todo llega priorizado, completo y con tiempo suficiente, no refleja la realidad del trabajo legal, marcada por la urgencia, la incertidumbre y la presión externa.
En ausencia de criterios claros para decidir, muchos equipos legales operan permanentemente cerca de su límite estructural. El sistema se sostiene gracias a personas que actúan como bomberos, apagando incendios para que el trabajo avance. Aunque este modelo suele premiar al abogado que se vuelve “indispensable”, es en realidad un síntoma de inmadurez organizacional. Un sistema que depende de intervenciones heroicas no es un sistema: es un riesgo latente que solo escala a costa de agotamiento.
El síntoma: liderazgo absorbido por lo operativo
Este patrón se vuelve evidente al observar dónde se concentra el tiempo del liderazgo.
En gerencias legales, aparece cuando el Fiscal o Gerente Legal termina validando contratos de confidencialidad estándar, revisando poderes notariales o resolviendo priorizaciones operativas. Decisiones que podrían fluir con reglas claras escalan por falta de criterios compartidos, desplazando tiempo y atención desde lo estratégico hacia lo rutinario.
En estudios jurídicos, el síntoma se manifiesta cuando decisiones básicas como aceptar un encargo, fijar honorarios o comprometer un plazo, requieren sistemáticamente la intervención de un socio. Ante la ausencia de criterios explícitos sobre margen, capacidad y riesgo comercial, cualquier desviación escala. El estudio continúa operando, pero su rentabilidad y crecimiento quedan supeditados a la disponibilidad permanente de sus socios, configurando un modelo difícil de sostener en el tiempo.
El problema no es la falta de competencia técnica del equipo. Es que el sistema no distingue entre decisiones repetibles, que deberían resolverse con reglas compartidas, y decisiones que requieren juicio experto, donde el liderazgo realmente agrega valor. Mientras esa distinción no exista, el liderazgo seguirá atrapado en la operación y la estrategia quedará relegada.
No es eficiencia, es gobernanza
Gobernar la función legal no implica añadir burocracia ni aumentar el control. Implica diseñar explícitamente cómo se decide en contextos de presión, definiendo qué trabajo se acepta, qué puede resolverse de forma distribuida y en qué casos debe escalar la decisión.
El dilema de fondo ya no es cuántos asuntos gestiona un equipo legal, sino cuántas decisiones operativas sigue absorbiendo su liderazgo porque el sistema no cuenta con criterios suficientes para decidir de forma autónoma.
Sin una arquitectura clara de decisiones, la organización seguirá operando al límite, confundiendo desgaste con productividad. Con ella, las decisiones se distribuyen, el trabajo fluye con mayor previsibilidad y la función legal puede concentrarse, por fin, en aquello donde realmente aporta valor estratégico.
*Isabel es abogada y consultora estratégica. Fundó Claravía, desde donde asesora a gerencias legales y estudios jurídicos en el diseño de sistemas de gobernanza de la función legal en contextos de alta complejidad.
