Por Luis Vergara*.
Durante el fin de semana conocimos, por la prensa, algunas declaraciones del ministro de Justicia. Afirmaba que Gendarmería ejerce el control efectivo de todas las cárceles del país. Esto que no debiera ser novedad, en la realidad actual del sistema, es un hito digno de aplaudir. Significa que, a pesar de los graves problemas estructurales y de la gran cantidad de presos existentes, igualmente el servicio penitenciario logra tener el dominio absoluto de todos los procesos internos de gestión y muy especialmente de la seguridad en la internación. Sin embargo, a pesar de la elocuencia del ministro, se ha podido conocer también (tan solo con algunas horas de diferencia) que el cuerpo de un preso fue encontrado decapitado en el Complejo Penitenciario de Bío Bío. La primera reacción, ante este horrible hecho, es poner en duda las afirmaciones del ministro. Sobre todo, si hemos de convenir que el Estado no solo debe tener el control de los penales, sino además ejercer una activa protección de los derechos de las personas privadas de libertad. En estas condiciones la afirmación del ministro de Justicia es interpelada por los hechos. No solo se pone en duda que el servicio penitenciario tenga el control efectivo de las cárceles, sino también las competencias de las autoridades para administrar y dirigir el sistema.
Será este hecho, de la decapitación del cuerpo de un preso, un suceso aislado y el ministro sigue teniendo razón en su sentencia, o será que el ministro, conociendo el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema penitenciario, igualmente intenta afianzar un relato de falsa normalidad. Son pocas las opciones dentro de estas hipótesis. Es evidente que el ministro Gajardo conoce de sobremanera el grave estado de la gestión carcelaria y que no obstante ello, no ha dudado en emitir una declaración al menos temeraria, de que las cárceles están bajo control. Qué duda cabe de que conoce los déficits. Como podría desconocer el estado de grave violencia interna de los penales si hasta hace poco ejercía como Subsecretario de Justicia, principal autoridad responsable del sistema penitenciario chileno. Lo cierto es que, los datos hablan de que las cárceles en Chile funcionan al límite. No existe información seria de que estén superadas las dificultades para clasificar adecuadamente a la población penal; ni de que hayan cesado los niveles de violencia interna, ni de que estén erradicados los hechos de tortura y extorción entre internos, como los que constató el Juez Fernando Guzmán en marzo de 2024. Ni menos que se hayan tomado medidas serias para mitigar los efectos de la corrupción en el personal, o los embates del crimen organizado que tanto preocupaba a la misma cartera ministerial hasta hace muy poco.
Los hechos conocidos le contradicen. El sistema penitenciario muestra datos que hacen dudar de su afirmación. Todo indica que no sólo sabe de estos males, sino que los oculta tras un discurso vacío, pues no se atreve a confesarlos. Por años las autoridades de turno han tomado decisiones similares en torno a la problemática carcelaria. Más que hacerse cargo de mejorar el control de los penales, apuestan a que los problemas no les exploten en la cara. Actúan con una mezquindad enfermiza. Maquillan la realidad solo para proyectar una falsa sensación de gobernabilidad. Como quiera que sea, al esconder los problemas reales detrás de un relato acomodaticio, solo profundizan la emergencia e impiden que prosperen nuevas iniciativas en función de superarlos.
*Luis A. Vergara C., doctorando en Derecho por la Universidad Central.
