La Transición Justa como parte de la implementación del Acuerdo de París en clave chilena

Por Andrea Lucas Garín * y Marco Ossandón Chávez **

El 23 de junio pasado, el Ministerio de Energía comenzó el proceso de elaboración de la “Estrategia de Transición Justa en Energía”¹ Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yDGqp_sYdDo [fecha de consulta: 07 de septiembre de 2020]. El relato emprendido por los Ministros de Energía, de Trabajo y de Medio Ambiente da cuenta que en el marco del compromiso público-privado de retirar las centrales de carbón antes de 2040, el Gobierno avanzará diversos desafíos tales como asegurar la matriz energética, la adopción de energías renovables, de fuentes laborales, infraestructura, de cierre ambiental, entre otros. La realización de mesas participativas y planes para el cierre a 2024 del 30% de la capacidad instalada en centrales son algunos ejemplos. Para ello, se pretende partir desde una mirada hacia la comunidad que ha brindado el espacio, con justicia ambiental. 

Estas son noticias prometedoras. Años atrás escribimos que la transformación de la matriz energética era el punto de partida para las medidas de mitigación para enfrentar el fenómeno climático de manera seria y sostenible. Chile ha marcado el paso con la actualización de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional -conocidas como NDC Chile 2020²Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf [fecha de consulta:07 de septiembre de 2020]-, lanzadas en abril de este año, las que han incluido un pilar social que conecta tales medidas para avanzar en un escenario doméstico que compatibilice el Cambio Climático con la Transición Justa. Una propuesta que marca el paso en el escenario doméstico y pauta dentro del régimen internacional de cambio climático.

A nivel internacional este año 2020, se ha fijado como plazo para que los Estados presenten y actualicen sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC). Si se observan las discusiones que han tenido lugar durante los últimos meses, da la impresión que se ha definido una nueva dirección que será explorada en las próximas Conferencias de las Partes (COP). Hablamos de la noción de Transición Justa. 

Encontrando sus primeras referencias en la COP16 de Cancún, asidero normativo en el preámbulo del Acuerdo de París (COP21) e intentos de desarrollo en la Declaración de Silesia (COP24), se dispone en el texto de este acuerdo medioambiental que se tendrán en cuenta “los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. 

Se trata de una combinación de estándares medioambientales con estándares laborales. La idea es novedosa en el ámbito de la acción climática, pero su contenido preciso aún amerita mayor definición. De manera resumida, la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pretende conectar empleos decentes con objetivos ambientales y sociales; pensamos que puede haber una oportunidad genuina de avanzar en sostenibilidad que conlleve más empleos verdes. 

La Estrategia gubernamental está previendo impactos sobre los empleos amparados en el sector energía, sin embargo esa visión es un aspecto de lo que la Transición Justa implica para las políticas nacionales y climáticas en particular. El tránsito hacia otras formas de producción, distribución y consumo de energía supone nuevas oportunidades, pero igualmente algunas resistencias dada la pérdida de empleos que esto ocasiona. Aún más, la importancia de una estrategia de transición justa se ve realzada ante una economía deprimida por las cuarentenas, donde existe un legítimo interés sobre la estabilidad y acceso a empleos (los que se van y los que vienen), sobre cómo afectará este plan a las localidades más vulnerables (que habrán de transformarse y necesitan de planes multidimensionales) y qué opinión les merece a los distintos actores involucrados (quienes habrán de ser consultados en los denominados diálogos tripartitos).

De la lectura de las NDC de Chile pareciera que el enfoque se encamina hacia el área de la energía y la necesaria mudanza de la matriz energética que exige la lucha contra el fenómeno del calentamiento global. Una interpretación en tal sentido parece poco fiel al alcance que venimos explicando y que se corresponde con una visión más amplia que exige el mundo laboral y el espíritu de la noción según la visión de la propia OIT: asegurar empleos más verdes en línea con objetivos climáticos asumidos frente al régimen internacional.

Hoy podemos prever que la Transición Justa será parte de la implementación del Acuerdo de París y una oportunidad de pensar el tipo de sociedad que construiremos y los conflictos que evitaremos, no solo en materia climática, sino laboral, ambiental y social entre otros aspectos que merecen ser asumidos atendido el carácter altamente complejo del Cambio Climático. Máxime cuando en el seno de toda estrategia de transición justa se albergan los valores de participación, inclusión y “no dejar a nadie atrás” que las protestas de octubre de 2019 y la deliberación sobre un proceso constituyente chileno parecen propugnar.

* Andrea Lucas Garín es Directora del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

** Marco Ossandón Chávez es asistente del Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile.