Por Paz Fernández*.
El reciente dictamen de la Contraloría General de la República ha puesto nuevamente en el foco la exposición de niños, niñas y adolescentes (NNA) en redes sociales institucionales. En el caso en comento, las publicaciones realizadas por la municipalidad de San Ramón incluían imágenes de menores sin contar con las autorizaciones correspondientes de sus padres o cuidadores legales, una práctica que vulnera los derechos fundamentales de los NNA.
En su defensa, la municipalidad argumentó que posee un protocolo para el uso de imágenes, que incluiría la obtención de consentimientos informados, sin embargo, la Contraloría constató que varias publicaciones no contaban con evidencia verificable de autorización. Este hallazgo pone en entredicho no solo la implementación de dicho protocolo, sino también el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva que conlleva la nueva Ley Nº 21.719, que, pese a no estar en vigor aún, ya requiere ser tomada en consideración en los procesos y prácticas organizacionales.
El dictamen de la Contraloría recuerda que el artículo 34 de la Ley N° 21.430 consagra el derecho de los NNA a la intimidad, honra y propia imagen. Este derecho no sólo impone a los padres y cuidadores el deber de protegerlo, sino que también exige a los funcionarios públicos adoptar medidas preventivas para resguardar cualquier información que pueda afectar a los menores. En consecuencia, publicar imágenes de NNA sin la autorización requerida constituye una violación directa a esta normativa, especialmente cuando dicha publicación es realizada por una institución pública.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que con la reciente reforma introducida por la Ley N° 21.719, la protección de los datos personales de NNA ha sido fortalecida, ya que esta ley clasifica las imágenes de menores como una categoría de datos sujetos a una protección reforzada, exigiendo el consentimiento expreso e informado de sus padres. Además, establece sanciones significativas para quienes incumplan estas disposiciones, con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 UTM.
Este caso debe ser visto como un llamado de atención para todas las instituciones públicas y privadas, pues es imperativo que los protocolos de uso de imágenes se implementen con rigurosidad y que las autoridades locales asuman con seriedad sus responsabilidades legales y éticas. Además, la reciente reforma legal ofrece herramientas claras para reforzar estas prácticas, incluyendo la obligación de documentar el consentimiento y la implementación de medidas efectivas de protección en cada etapa del tratamiento de datos.
Por último, es importante comprender que la protección de los derechos de los NNA no debe ser entendida como un obstáculo burocrático, sino como una obligación fundamental del Estado para la protección de la niñez y sus derechos fundamentales. Las imágenes publicadas en redes sociales son un recordatorio tangible del imperativo moral y legal que tiene el Estado y la comunidad en general de garantizar el respeto por la privacidad y dignidad de las niñas, niños y adolescentes.
*Paz Fernández – Abogada DataCompliance.
