Por Alberto Coddou Mc Manus*
En la ceremonia de aceptación del Premio Nobel de Economía del año pasado, Daron Acemoglu recordó que las tecnologías nunca son neutrales y que dependen de elecciones institucionales que orientan su desarrollo. La historia económica muestra que las revoluciones tecnológicas pueden aumentar la eficiencia y la productividad, pero rara vez han generado progreso para todos por sí mismas. Acemoglu, Johnson y Robinson han insistido en que sólo hubo un período en que la innovación se tradujo simultáneamente en mayor productividad y bienestar compartido: aquel en que existió un pacto democrático capaz de legitimar arreglos distributivos y un contrapoder sindical que equilibró la toma de decisiones dentro de las empresas.
Tres años después del lanzamiento de ChatGPT, esta reflexión adquiere especial relevancia. A pesar del entusiasmo global, la pregunta sobre cómo construir prosperidad compartida en un contexto de automatización acelerada sigue siendo urgente. Y los datos son elocuentes: según un reciente estudio del MIT, solo un 5% de las empresas que han desarrollado pilotos de IA generativa ha logrado llevarlos a producción. La inversión abunda, los modelos son cada vez más sofisticados, pero los retornos concretos siguen siendo modestos. El problema no es técnico: es institucional.
Desde una perspectiva socio-técnica, los procesos de automatización exitosos no dependen únicamente de algoritmos avanzados, sino de cómo estos se insertan en organizaciones reales, con sus culturas, rutinas y tensiones. Requieren, además, de un proceso político que legitime sus efectos. La evidencia psicodinámica del trabajo refuerza esta intuición: los seres humanos somos capaces de resolver problemas, adaptarnos a contextos complejos y colaborar eficazmente, pero necesitamos entornos que permitan el desarrollo de relaciones de confianza y reconocimiento.
Este punto es especialmente relevante en Chile. Nuestro modelo de relaciones laborales se caracteriza por una negociación colectiva de baja cobertura, escaso diálogo social y una gestión empresarial fuertemente vertical. En este escenario, la incorporación de tecnologías —particularmente aquellas basadas en datos y automatización— ocurre sin los contrapesos que permiten evaluar riesgos, corregir sesgos o negociar colectivamente sus impactos. El impacto que tendrá la nueva ley de protección de datos personales en el modelo de relaciones laborales permite abrir una ventana de oportunidad: los trabajadores ahora serán titulares del derecho de protección de datos y, en tal calidad, exigirán una nueva perspectiva acerca de los procesos de transformación tecnológica por el que atraviesan empresas en distintos sectores.
A tres años de ChatGPT, el desafío no es simplemente adoptar IA generativa, sino crear las condiciones institucionales para que esa adopción sea legítima, transparente y negociada. Si Chile pretende que la tecnología impulse un verdadero progreso, necesita fortalecer el diálogo social, garantizar derechos robustos de protección de datos en el trabajo y reconocer que, sin participación y confianza, no habrá ni productividad sostenible ni prosperidad compartida.
Alberto Coddou Mc Manus es profesor asociado College/Escuela de Gobierno, PUC
