La tecnología al servicio de la justicia y sus operadores: desde la facilidad de búsqueda de normas y jurisprudencia hasta el criticable corta y pega

Por Diego Palomo* y Diego Valdés**

Vivimos en una era digital donde la tecnología ha permeado cada espacio y actividad de nuestras vidas, y el ámbito de la justicia no es la excepción. La evolución tecnológica ha brindado y sigue brindando innumerables herramientas para agilizar y mejorar los procesos judiciales, permitiendo un acceso más eficiente a las normas y jurisprudencia, por ejemplo. No obstante estas buenas noticias, como en todo orden de cosas, no todo es color de rosas y esta relación entre tecnología y justicia no ha estado ni está exenta de desafíos y críticas.

La extrema facilidad para la búsqueda de normas y jurisprudencia es uno de los logros más notables de la tecnología en el ámbito legal. Antes (los más jóvenes no lo entenderán) los abogados y jueces debíamos destinar energía y mucho tiempo en libros, revistas y archivos físicos (sí, en papel) para encontrar la información necesaria. Hoy, a la distancia de solo unos clics, se puede acceder a bases de datos en línea que almacenan vastos repertorios legales y de jurisprudencia. Esta agilización es muy valiosa, permitiendo un ahorro de tiempo significativo y garantizando una mayor precisión (y seguridad de la vigencia) en los argumentos legales.

Sin embargo, la comodidad de estas herramientas también ha traído consigo desafíos. La tecnología ha incentivado la creciente consolidación de la tendencia al “corta y pega” sin un análisis profundo. Jueces, abogados y estudiantes de derecho pueden caer en la trampa de citar jurisprudencia y normas sin entender verdaderamente su contexto y alcance. Esto puede afectar y afecta la calidad de los argumentos jurídicos y, en última instancia, degradar la integridad del sistema judicial.

Otro desafío es la creciente dependencia que se irá instalando respecto de sistemas automatizados para la toma de decisiones judiciales. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se utilizan para predecir resultados y sentencias, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y la transparencia de estas decisiones. La opacidad en los algoritmos utilizados puede perpetuar sesgos existentes en el sistema, socavando principios centrales de la justicia y el proceso.

Además, la tecnología también ha dado lugar a la llamada “brecha digital”. Si bien el acceso a herramientas digitales es más fácil en muchas partes del mundo, aún existen amplias áreas marginadas que carecen de conectividad confiable. Esto crea una disparidad en el acceso a la justicia, ya que algunos individuos pueden enfrentar serios obstáculos para acceder a sus causas o acceder a información legal relevante.

Desde luego, huelga apuntarlo, la ciberseguridad también es un asunto crítico en este panorama. La digitalización de documentos y datos judiciales plantea riesgos de violaciones de la privacidad y el robo de información confidencial. La protección de la información y la prevención de ataques cibernéticos se han convertido en prioridades esenciales, ya que una falla en este aspecto podría comprometer gravemente, otras vez, la integridad del sistema judicial.

Lo que tratamos de plantear es que la relación entre la tecnología y la justicia es y será una espada de doble filo que hay que saber manejar.

Si bien las herramientas digitales han revolucionado la forma en que operan los profesionales del derecho y han agilizado el acceso a la información, también han introducido desafíos significativos.

El riesgo de un enfoque peligrosamente superficial en el uso de estas herramientas, la posible pérdida de imparcialidad en la toma de decisiones, la brecha digital y las preocupaciones de ciberseguridad son cuestiones que deben ser abordadas con urgencia y seriedad.

El sistema judicial debe adoptar una postura clara, no conservadora, pero tampoco completamente liberalizada hacia la tecnología, aprovechando sus beneficios mientras se toman medidas proactivas para mitigar sus impactos negativos y garantizar que la búsqueda de la justicia no se vea comprometida.

*Por Diego Palomo y **Diego Valdés, Universidad de Talca.