Por Cristián Reyes Cid y Andrés Pavón*
Pese a los importantes avances en materia de modernización institucional, el sistema regulatorio chileno continúa avanzando hacia un entramado de normas superpuestas, procedimientos duplicados y competencias difusas entre múltiples órganos del Estado. Esta proliferación normativa, más que garantizar un entorno predecible y eficiente, ha terminado por generar lo que la propia Estrategia de Política Regulatoria en Chile 2025 del BID denomina como “fallas de gobierno”: situaciones en que la intervención pública, en vez de corregir fallas de mercado, las agrava con costos innecesarios para ciudadanos, empresas y la administración misma.
El diagnóstico es claro: existe una excesiva producción normativa sin coordinación efectiva entre sectores y niveles de gobierno. Cada ministerio, superintendencia o servicio público genera su propia regulación, muchas veces sin mecanismos sistemáticos de consulta pública ni evaluación ex ante o ex post, y en ausencia de un inventario actualizado y centralizado de las normas vigentes. Esta atomización normativa genera conflictos de competencia, contradicciones regulatorias y retrasa injustificadamente la tramitación de permisos y autorizaciones sectoriales, afectando directamente la inversión, la innovación y la actividad productiva.
Los mercados afectados por este escenario no solo se relacionan con permisos ambientales (inmobiliarias, agrícolas, etc.), sino que se extiende a empresas financieras, aseguradoras y tecnológicas, que enfrentan desafíos aún inciertos frente a nuevas normas en materia de protección de datos y ciberseguridad, sumadas a las de consumo, libre competencia, lavado de activos y delitos económicos, entre otras.
Ya en 2016, la OECD recomendó a Chile dotar al Estado de una arquitectura regulatoria coherente, en que se evalúe los costos y beneficios de cada nueva regulación y se analice la efectividad de las vigentes, a través de un marco legal robusto, un órgano rector con capacidades técnicas y mandatos claros, y un sistema de coordinación intergubernamental vinculante. Como se advierte en la Estrategia, la falta de coherencia horizontal y vertical en la elaboración y aplicación de normas limita la efectividad regulatoria y daña el Estado de Derecho.
La experiencia comparada muestra que la modernización del sistema regulatorio depende no solo de reformas legales, sino también de un cambio cultural y de capacidades en la administración pública. En la actualidad, si se revisan las evaluaciones de impacto regulatorio formuladas por los distintos ministerios para proyectos de ley y reglamentos, es posible observar que son excepcionalísimos los informes que incorporan realmente una cuantificación de su impacto, a través métodos de análisis de costo-beneficio y costo-efectividad. Por el contrario, la regla general es que éstos impactos solo se enuncian cualitativamente y en términos muy similares entre informes de una misma autoridad.
Cambiar este enfoque exige incorporar capacidades técnicas para el análisis de la regulación, así como sistemas de incentivos para que los reguladores adopten estándares comunes de evaluación. Una piedra angular es la formación integral de funcionarios, para que las evaluación ex ante y ex post sea realizada mediante métodos cuantitativos robustos y se avance en el levantamiento de evidencia causal sobre la efectividad de las regulaciones que se dicten o propongan. Experiencias anteriores usando experimentos aleatoriamente controlados respecto de los derechos de los consumidores es buen ejemplo de línea de acción que debería ser retomada por todo el Estado. De esta forma, las legítimas discusiones de política pública tendrán como insumo evidencia robusta.
Chile necesita una visión regulatoria integral, con objetivos explícitos, principios de proporcionalidad, transparencia e innovación, y con herramientas eficaces como la evaluación efectiva de impacto regulatorio y la revisión periódica del stock normativo. En este marco, debería ser una prioridad avanzar en la discusión del proyecto de ley que crea una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. La idea ha estado presente en cada programa de gobierno de las últimas décadas, pero los proyectos de ley en ese sentido han tenido escaso avance.
Es de esperar que, en esta oportunidad, se concrete un análisis técnico y transversal de nuestro modelo regulatorio y se consolide un Portal Único de Mejora Regulatoria que contenga procesos efectivos de consulta pública para nuevas normas. Esta es una prioridad del presente. Porque mientras persista el régimen de autorizaciones fragmentadas y contradictorias, y regulaciones cuyo impacto no ha sido evaluado, la promesa de un Estado moderno, eficiente y orientado al servicio del ciudadano seguirá siendo una mera aspiración.
Cristián Reyes Cid, socio Aninat Abogados
Andrés Pavón, senior counsel de Aninat Abogados.
