Por Andrés Landerretche – Director, Regulatory Analysis and Design, Sovos*
Hace algunas semanas, el proyecto de ley que busca regular el uso de los sistemas de inteligencia artificial en Chile dio un paso clave al avanzar al Senado. Más allá del hito legislativo, este debate marca un punto de inflexión: cómo un país pequeño, pero ambicioso en materia digital, define las reglas para convivir con una tecnología que está transformando nuestra economía, nuestras instituciones y hasta nuestras certezas éticas.
El desafío es monumental. Regular la inteligencia artificial no se trata solo de prevenir abusos o proteger derechos -aunque eso es esencial- sino de construir un marco de confianza que permita innovar sin miedo y avanzar con responsabilidad. La pregunta de fondo es si seremos capaces de hacerlo con equilibrio y sin frenar la innovación que Chile necesita para liderar en la región.
Una ley necesaria, pero no a cualquier costo
Chile ha optado por un enfoque basado en el riesgo, similar al del modelo europeo, que clasifica los sistemas de IA en distintas categorías según su potencial impacto. Sin embargo, la eficacia de este modelo dependerá de la precisión de las definiciones y de la capacidad del Estado para fiscalizar y acompañar su cumplimiento.
Hoy, todavía hay zonas grises. El proyecto menciona principios como supervisión humana, transparencia, seguridad técnica y rendición de cuentas, pero muchos de ellos necesitarán reglamentos claros y una institucionalidad robusta para hacerse realidad. En este punto, el rol de la futura Agencia de Protección de Datos Personales -que tendría competencias fiscalizadoras- será crucial. Sin recursos suficientes, ni capacidad técnica robusta, cualquier ley corre el riesgo de convertirse en un marco simbólico más que operativo
Innovar con reglas claras
Un elemento esencial que no debemos perder de vista es que esta ley no solo busca proteger, sino también impulsar el desarrollo de la IA en Chile. El proyecto lo establece explícitamente: promover la creación, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial.
El temor -legítimo- es que una regulación excesivamente rígida pueda ahogar a quienes están emprendiendo, investigando o experimentando con IA en Chile. Startups, pymes y centros académicos no tienen la musculatura de grandes corporaciones, y establecer barreras normativas demasiado altas podría consolidar aún más la asimetría entre gigantes globales y actores locales.
No es casual que empresas como Amazon y Google hayan manifestado reparos respecto del proyecto. Su inquietud apunta al riesgo de que ciertas obligaciones limiten la velocidad de despliegue e innovación. Esa resistencia es un recordatorio de que regular la IA significa navegar delicados equilibrios entre soberanía, competencia y desarrollo económico.
Ejemplos como LatamGPT -el primer modelo de IA colaborativo latinoamericano, impulsado desde Chile por Cenia (Centro Nacional de Inteligencia Artificial), y la plataforma Copuchat, del Ministerio de Ciencia- creada para recopilar conversaciones reales que alimenten justamente ese modelo regional- muestran que el país ya está construyendo capacidades propias con vocación continental.
Estos avances demuestran que es posible regular e innovar a la vez; que Chile no está simplemente reaccionando, sino aportando liderazgo tecnológico en la región.
Gobernanza, ética y cooperación
El desafío es definir cómo gobernaremos estas tecnologías. Decidir cómo la inteligencia artificial se relacionará con nuestras libertades, con el trabajo humano y con la responsabilidad empresarial es clave. Para que la ley tenga impacto real, debe ir acompañada de una gobernanza abierta y coordinada, donde el sector público, la academia y la industria trabajen juntos en estándares comunes y en generar confianza.
Referencias como el AI Act europeo, los principios de la UNESCO y las estrategias -en distintos niveles de avance- de países como Brasil, México o Perú muestran que existe un ecosistema regulatorio global en rápida evolución. La interoperabilidad será esencial: no basta con diseñar una ley nacional, sino asegurar que nuestras reglas conversen con los marcos internacionales que definirán la economía digital del futuro.
Estamos frente a una oportunidad real de liderazgo. Una normativa bien diseñada podría posicionar a Chile como referente latinoamericano en el desarrollo ético, competitivo y culturalmente pertinente de la IA. Pero si la ley avanza con vacíos, ambigüedades o rigideces innecesarias, corremos el riesgo de frenar justamente aquello que buscamos promover: innovación con confianza.
La IA no se puede regular per se. Pretenderlo sería intentar congelar una tecnología que evoluciona más rápido que cualquier proceso legislativo. Lo que sí debemos hacer es establecer un marco de principios y criterios que orienten la responsabilidad, la transparencia y la protección de derechos fundamentales.
Más que celebrar hoy un avance legislativo, debemos concentrarnos en perfeccionar el proyecto, acompañarlo con infraestructura institucional sólida y nutrirlo de la innovación que ya está ocurriendo en el país. Solo así podremos decir que Chile no solo reguló la inteligencia artificial, sino que lo hizo de manera inteligente.
