Por Daniela Saffie Budnik*
Si hay algo en lo que hoy parece existir un amplio consenso, es que el mundo enfrenta un momento de profundas transformaciones. Resulta incluso complejo definir una sola crisis, porque convergen múltiples dimensiones: climática, social, democrática, económica y, en esencia, humana.
En el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026 —un espacio orientado a fortalecer la Agenda 2030 y promover la articulación de acciones en la región— surge una pregunta tan desafiante como necesaria: ¿cómo avanzar en un contexto donde los progresos conviven con importantes rezagos?
Las cifras invitan a la reflexión. Solo un 19% de las metas de desarrollo sostenible podría alcanzarse al ritmo actual, mientras que un 39% presenta avances limitados o se encuentra estancado. Este escenario plantea no solo un desafío técnico, sino también una oportunidad para repensar prioridades, enfoques y mecanismos de implementación.
En este contexto, la sociedad civil emerge como un actor clave. Su contribución ha sido fundamental tanto en la promoción de iniciativas concretas —como el Acuerdo de Escazú— como en la visibilización de desigualdades persistentes y en el acompañamiento de comunidades en distintos territorios. Su rol no solo complementa la acción estatal, sino que en muchos casos la impulsa y fortalece.
Al mismo tiempo, diversos informes y testimonios han señalado la importancia de resguardar y fortalecer el espacio cívico. Garantizar entornos seguros para la participación, así como la protección de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, constituye un elemento esencial para el buen funcionamiento de las democracias.
Por otra parte, el contexto económico de la región continúa planteando desafíos significativos. La alta carga de la deuda externa en varios países limita la capacidad de inversión en áreas clave para el bienestar social, lo que refuerza la necesidad de explorar mecanismos que permitan equilibrar las responsabilidades financieras con las urgencias sociales y ambientales.
En este escenario, cobra especial relevancia preguntarse no solo por el crecimiento, sino también por su distribución y alcance. Persisten brechas que afectan de manera desproporcionada a distintos grupos, entre ellos niños, niñas y adolescentes, juventudes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y diversidades sexuales. Abordar estas desigualdades requiere políticas inclusivas, interseccionales y sostenidas en el tiempo.
La participación, en este sentido, se posiciona como un elemento central. Más allá de su valor simbólico, se vuelve necesario avanzar hacia formas de involucramiento que sean efectivamente incidentes, que integren perspectivas territoriales y que contribuyan a enriquecer la toma de decisiones.
El desarrollo sostenible, entonces, puede entenderse no solo como un conjunto de metas, sino como un proceso continuo de construcción colectiva. Un proceso que exige diálogo, cooperación y una mirada integral que articule la justicia social y la justicia ambiental.
La crisis climática, por ejemplo, evidencia la interdependencia entre el bienestar de las personas y la salud de los ecosistemas. Avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles implica considerar estos vínculos de manera estructural, promoviendo transiciones que sean tanto ambientalmente responsables como socialmente justas.
De cara a la Agenda 2030, el desafío no es únicamente acelerar el cumplimiento de metas, sino también fortalecer los marcos institucionales, la cooperación internacional y los mecanismos de financiamiento que permitan sostener estos esfuerzos en el tiempo.
En definitiva, más que preguntarnos únicamente si se alcanzarán los objetivos propuestos, resulta pertinente reflexionar sobre cómo se avanza y quiénes forman parte de ese proceso.
En ese camino, la sociedad civil continúa siendo un actor fundamental, no solo por su capacidad de incidencia, sino también por su contribución a la construcción de diálogos, consensos y soluciones compartidas.
*Daniela Saffie Budnik, psicóloga de la Universidad Del Desarrollo, defensora de los Derechos Humanos.
