El mundo post-COVID: La próxima tensión legal en el mundo de los medios de pago

Por Rodrigo Mella *

Para el e-commerce, la emergencia sanitaria ha sido una oportunidad. Miles de chilenos se han volcado a aplicaciones de comercio online o delivery de comida y otros insumos, ya sea por curiosidad o necesidad. En Chile, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, en abril el comercio online aumentó en un 150% en comparación al mismo mes del año 2019. Las compras online pasaron a representar un 16% del total de ventas del comercio, en comparación al 5% que representaba en 2019. Lo anterior evidencia un cambio significativo en la conducta de los consumidores. 

Este escenario es digno de descorche de champaña para las tiendas de retail, asociaciones de emprendedores y compañías de tecnología financiera (“fintechs”). Durante la última década estos actores han intentado de múltiples formas incentivar a los consumidores hacia compras no presenciales y el uso de medios de pago electrónicos (ej. Tarjetas de pago y billeteras digitales). Sin embargo, el slogan “quédate en casa” ha sido el principal fertilizante del brillante futuro del e-commerce, incluso una vez superada la emergencia del COVID-19. Y la expectativa de la industria, con fundadas razones, aumenta ante el augurio de una masa de consumidores que han perdido el miedo a comprar por medio de una pantalla.

El e-commerce enfrenta su desafío número uno en el uso de medios de pago. El requisito esencial para poder comprar online es la existencia de medios de pago fáciles y accesibles para que este tipo de conducta de consumo sea la “nueva normalidad”. Hago énfasis en uso de medios de pago en contraposición a existencia de medios de pago. Chile cuenta con una alta penetración de medios de pago gracias, en gran parte, al esfuerzo de BancoEstado con su CuentaRUT y el retail financiero. A lo que se suman las iniciativas tecnológicas de BCI y Santander para disponer de billeteras digitales a millones de usuarios. Por su parte, Transbank, Compraquí y Multicaja han avanzado una enormidad en disponer de dispositivos de aceptación de dichos medios. A la vez que BCI, Santander y otros participantes se aprestan a entrar al mercado de la operación de tarjetas durante este año.

Entonces, ¿Dónde está el cuello de botella? En las tarifas o “Merchant Discount Rate” (MDR). Este problema no solo afecta al e-commerce, sino también a las compras físicas. Los comercios son altamente sensibles a las tarifas que se cobran por la aceptación de tarjetas de pago. La promesa de precios bajos siempre no deja espacio para altas comisiones. Y si bien la entrada de nuevos participantes a la industria de pagos pronostica mejores condiciones para los comercios, esto no significa un desplome en las tarifas. 

Las tarifas que cobran los operadores a los comercios están compuesta de varios costos, siendo uno de los principales las tasas de intercambio o “interchange rates” impuestas por los Titulares de Marcas (Visa y Mastercard) para incentivar a que los emisores (generalmente bancos) emitan tarjetas con sus logos. Estas tarifas han existido implícitamente desde los inicios de la operación de tarjetas en Chile. Sin embargo, con el paso a un nuevo modelo de operación tras el cambio regulatorio implementado por el Banco Central hace un par de años, estas tarifas se han hecho públicas y explicitas al incorporarse directamente las Marcas a la operación de tarjetas en Chile.

El nuevo modelo, conocido como “Modelo de 4 partes”, implica la intermediación de las VISA y Mastercard entre emisores y operadores de tarjetas. Esto permite que cualquier empresa autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero pueda operar tarjetas en Chile simplemente conectándose tecnológica y contractualmente a dichas Marcas. En el modelo anterior, el operador necesitaba el beneplácito de los emisores para ingresar al mercado. Y como consecuencia de lo anterior, solo un operador tenía control significativo del mercado, Transbank. Con la entrada de Visa y Mastercard, la competencia se hace realidad y nuevos actores pueden ingresar al mercado. Y por su parte, Transbank ve la luz al final del túnel, después de décadas de litigios e investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica.

Todo lo anterior pone presión ya no sobre la necesidad de mayor competencia entre los operadores, sino sobre las tarifas. En el nuevo modelo y con más de 3 operadores compitiendo por afiliar comercios a su red, la atención se vuelca a los precios. Y el elefante en la sala son las tasas de intercambio.

En la sentencia que resuelve el recurso de reclamación en el caso de Farmacia Cruz Verde por eventual discriminación en las tarifas cobradas por Transbank, la Corte Suprema sugiere que se considere una eventual regulación a las tasas de intercambio. Dicha recomendación se basa en la experiencia de la Unión Europea que en 2015 resolvió acotar las tasas de intercambio a un escueto 0.2% del total de la compra con tarjetas de débito y 0,3% con tarjetas de crédito. 

El fallo de la Corte Suprema confunde garrafalmente las tasas de intercambio con el Merchant Discount Rate, sin embargo, su espíritu orienta al regulador hacia una posición controvertida: la fijación de las tasas de intercambio fijadas por Visa, Mastercard y American Express. En efecto, la Corte “llaman la atención de las autoridades competentes para que consideren, dada la experiencia internacional existente en esta materia y las características de nuestro mercado, la adopción de la actuación propuesta, pues, según se vislumbra, sus beneficios superarían a las eventuales objeciones que pudieran esgrimirse en su contra”. La Corte desconoce la larga batalla que las propias Marcas dieron y siguen dando para evitar y revertir la regulación de las tasas de intercambio en Europa. Pero aun así, la solución propuesta por la Corte es una bolita de cristal para el futuro.

Esto nos plantea un nuevo desafío legal y comercial para la industria de los medios de pago. Mientras más se mueva la conducta de los consumidores hacia el e-commerce y más presión exista por los comercios en búsqueda de sobrevivir en una economía post-COVID, mayor será la tensión hacia una regulación de las tasas de intercambio y, potencialmente, de la actividad de las Marcas en el país.

* Rodrigo Mella Cáceres es abogado y Magister en derecho económico (2015) por la Universidad de Chile y Master of Laws por la New York University (2017). Es también profesor de derecho bancario y derecho comparado de la Universidad Alberto Hurtado, y autor del libro Derecho Bancario (Ed. Thomson Reuters, 2016).