¿Basta con un buen reglamento? Lo que el derecho no puede resolver por sí solo: dilemas éticos

Por Manuela Zañartu* y Tamara Agnic**

Quienes trabajamos en ética aplicada y compliance lo sabemos bien: hay decisiones que no caben en un manual ni se resuelven con una política. Situaciones donde no se trata de distinguir entre lo legal e ilegal, sino de optar entre valores igualmente legítimos que colisionan en contextos complejos. Hablamos de dilemas éticos: esos que el derecho muchas veces no quiere —o no puede— abordar.

La formación jurídica suele entrenar para identificar la norma aplicable, construir argumentos desde la dogmática y así, ofrecer certezas. Pero la práctica profesional, especialmente al asesorar organizaciones, muestra que muchas veces los problemas reales no se presentan en blanco y negro, sino más bien en una amplia gama de grises.

Pensemos por ejemplo en una profesional que detecta una irregularidad interna y duda si denunciar, sabiendo que al hacerlo podría perjudicar a un colega inocente o desestabilizar al equipo completo. O en quien debe decidir entre mantener la confidencialidad profesional o advertir un posible riesgo hacia terceros, cuando ambas alternativas parecen correctas. ¿Qué norma entrega una respuesta inequívoca? ¿Qué artículo del código de ética contempla el impacto humano, cultural y organizacional de esa decisión?

En el mundo legal y corporativo, hay una tendencia inquietante: reducir la ética al cumplimiento normativo. Así, los dilemas éticos se minimizan o disuelven. En vez de reflexionar sobre lo correcto, se responde con checklists, se recurre al principio de legalidad como escudo o excusa para no cuestionarse nada más, o —peor aún— se traslada la conversación ética al área de compliance como si fuera una función periférica, ajena a la estrategia y el liderazgo.

Lo decimos con franqueza: un compliance que solo busca proteger jurídicamente a la organización es un compliance a medias. Y el abogado que cree que basta con que “se cumpla la norma” está renunciando a su rol como garante de la integridad.

Hubo un tiempo en que bastaba con que una organización respetara la ley para ser reconocida como legítima. Hoy, ese estándar se ha transformado: cumplir con lo legal ya no es un mérito, es una base mínima. Lo que verdaderamente construye la legitimidad de una organización frente a la sociedad es su coherencia ética, su integridad y su capacidad de actuar con responsabilidad más allá de lo que exige la norma.

Así, el juicio ético no es un lujo filosófico ni una debilidad emocional: es una competencia profesional esencial. Más aún en un entorno de creciente incertidumbre, presión social y demandas de legitimidad hacia las decisiones empresariales y públicas.

Hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, gobernanza y responsabilidad organizacional, el liderazgo que se necesita no es el que evita el riesgo jurídico, sino el que se atreve a abrir conversaciones incómodas, a sostener la ambigüedad y a actuar con humanidad en medio de la complejidad.

Porque no todo lo legal es justo. Y no todo lo éticamente correcto está escrito en el reglamento.

Como profesionales que hemos trabajado dentro y fuera del derecho, sabemos lo tentador que es buscar respuestas cerradas. Pero la madurez profesional no se demuestra solo en la capacidad de citar normas, sino en la valentía de sostener preguntas abiertas. ¿Estamos formando abogados que sepan argumentar… o también que sepan discernir? ¿Profesionales que memorizan códigos… o que leen el contexto, escuchan con empatía y actúan con criterio?

Los dilemas éticos no se resuelven con normas. Se enfrentan con pensamiento crítico,  empatía y coraje moral. Porque seguir un procedimiento lo puede hacer cualquier software. Pero discernir lo correcto cuando todo es incierto sigue siendo una tarea radicalmente humana.

Y esa es, quizás, la responsabilidad más irrenunciable de nuestro desempeño profesional. La que no se automatiza. La que no se delega. La que define quiénes somos.

Manuela Zañartu*, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, experta en Compliance

Tamara Agnic*, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, Máster en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue superintendenta de Pensiones de Chile entre 2014 y 2016