Gobernanza digital del Estado: Rectoría, estándares y confianza ciudadana en el inicio de un nuevo gobierno

Por María Carolina Anguita Lizana[1]*

La llegada de un nuevo gobierno marca siempre un punto de inflexión institucional. En el ámbito digital, dicho cambio de ciclo no solo implica nuevas prioridades políticas, sino que supone asumir la continuidad de un proceso ya en marcha y, además en paralelo, corregir las brechas que persisten en la modernización del Estado. En Chile, la transformación digital ha avanzado con fuerza en los últimos años, posicionando al país entre los líderes de la OCDE en gobierno digital. Sin embargo, el presente avance abre un desafío mayor que consiste en consolidar una gobernanza digital con rectoría clara, estándares ordinarios y capacidad para seguir construyendo una confianza ciudadana impecable, la que aún se encuentra en niveles sumamente bajos de acuerdo con la encuesta CEP 2025 ya que solo el 24% de los chilenos declara confiar en la Administración del Estado, la que se encuentra por debajo de los países de la OCDE que corresponde a un 45%.

Es dable mencionar que, en 2025, Chile ascendió al puesto 10 del ranking de Gobierno Digital de la OCDE, un salto de 22 posiciones respecto de la medición anterior, confirmando la madurez creciente del ecosistema estatal digital. Dicho logro no puede interpretarse como el fin de un objetivo, sino como un mandato para el gobierno entrante que debe mantener, fortalecer y profundizar lo avanzado. La digitalización ha hecho más visibles las expectativas ciudadanas y con ellas las consecuencias de fallas en coordinación institucional, fragmentación tecnológica y debilidad en estándares compartidos.

Sin confianza, la digitalización no es percibida como un avance, sino como una distancia adicional entre el Estado y las personas. La misma OCDE advierte que mejorar la facilidad de uso de los servicios digitales podría aumentar significativamente la satisfacción ciudadana: un incremento de apenas 1% en la percepción de facilidad se traduce en 7,65 puntos porcentuales más de satisfacción con los servicios públicos. Para un gobierno que inicia, esta correlación entre experiencia digital y legitimidad institucional es imposible de ignorar.

El país cuenta con una base sólida sobre la cual construir. La Secretaría de Gobierno Digital ha desarrollado plataformas transversales como DocDigital, ClaveÚnica y CasillaÚnica (la más reciente), esenciales para estandarizar procesos y asegurar que los servicios públicos operen con reglas comunes. Asimismo, iniciativas como el Sistema Público de Gestión de Datos y la interoperabilidad de más de 389 instituciones, con más de 300 millones de transacciones, demuestran un avance tangible en la cohesión tecnológica estatal. Sin embargo, la existencia de múltiples organismos con competencias digitales aún dispersas afecta la eficiencia del ecosistema público y exige que el nuevo gobierno adopte un liderazgo articulador para reducir duplicidades y potenciar sinergias.

El marco estratégico más relevante para la administración entrante es la Estrategia de Gobierno Digital 2030, que plantea un Estado integrado, centrado en las personas y alineado con estándares internacionales de excelencia. Dicha estrategia busca superar el promedio OCDE en transformación digital estatal e insiste en los siguientes objetivos prioritarios: experiencia digital, gobernanza robusta, uso estratégico de datos, talento digital y sostenibilidad, entre otros. Su implementación, sin embargo, depende de decisiones políticas concretas: asegurar financiamiento, dotar de autonomía suficiente a la institucionalidad digital, fortalecer la rectoría y convertir la interoperabilidad en una realidad transversal.

El nuevo gobierno deberá también enfrentar problemas ya diagnosticados como las brechas digitales territoriales, desigualdades en alfabetización digital y fragmentación institucional. En zonas rurales, por ejemplo, el acceso a internet es significativamente menor, y entre adultos mayores la adopción tecnológica sigue siendo un reto crítico. La modernización no puede profundizar desigualdades; por el contrario, requiere políticas de inclusión digital que garanticen que la ciudadanía pueda acceder y beneficiarse de los servicios sin barreras.

En este nuevo ciclo político, la gobernanza digital será una prueba decisiva. Alinear estándares, reforzar la rectoría, consolidar la interoperabilidad y mejorar la experiencia usuaria no son solo metas técnicas: son decisiones que impactan directamente en la confianza democrática. La ciudadanía espera un Estado que no solo digitalice, sino que haga más simple y justo el acceso a sus derechos y se encuentre al servicio de la ciudadanía.

El desafío del nuevo gobierno es claro: transformar la digitalización en legitimidad. Para ello, deberá consolidar las bases ya construidas, liderar con visión de Estado y avanzar hacia un ecosistema digital que sea comprensible, coherente y confiable. Más que tecnología, se trata de fortalecer la relación entre el Estado y las personas. Y dicha tarea, al comenzar una nueva Administración, se vuelve no solo urgente, sino impostergable.

[1]              Abogado a cargo de Gestión del Conocimiento e Innovación PPU