La crisis sanitaria y la puesta a prueba de los servicios de telecomunicaciones

Por Ximena Rojas Prosser *

Hoy, la crisis sanitaria está demostrando -una vez más- que las redes de telecomunicaciones son esenciales en la vida de las personas, y que en Chile, existe aún mucha asimetría en las calidades y coberturas de servicios que enfrentan miles de chilenos. Todos, quien más quien menos, hoy en día requieren de un servicio de Internet que les permita realizar reuniones por videoconferencia o incluso mantener contacto en reuniones sociales, a través de distintos aplicativos como Zoom, Team y otros, y asimismo resolver las necesidades de sus hijos, donde la educación a distancia plantea nuevos desafíos y algunos de los servicios de datos móviles -como los 3G- ya no son suficientes para abarcar esas necesidades.

Las personas han necesitado mayores disponibilidades de servicio y, en muchos casos, sienten que no obtienen las calidades de servicio que esperan, comenzando los cuestionamientos sobre las calidades de las redes, las necesidades de mayor infraestructura y de nuevos requerimientos de espectro radioeléctrico. 

En materia de calidad, lo primero que lo chilenos debieran saber es que deben disponer de una adecuada información respecto de los servicios que contratan, es decir, cuál es el grado de compartición, o cuál es la velocidad realmente contratada. En materia de velocidad, el año 2017 entró en vigencia la Ley N°21.046 que modificó la Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, en relación a las obligaciones de los proveedores de servicios de acceso a Internet, dentro de las cuales se encontraba garantizar un porcentaje de las velocidades promedio de acceso, para los distintos tramos horarios de mayor y menor congestión, ofrecidas en sus diferentes planes comerciales, respecto a las conexiones tanto nacionales como internacionales, alámbricas e inalámbricas, y poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita la medición de dichas velocidades y de otros parámetros técnicos asociados, todo ello de conformidad con una norma técnica que debía dictarse. Dicha norma fue ingresada por la Subtel a la Contraloría y se está a la espera de su publicación y entrada en vigencia.

De esta manera, si queremos avanzar en la calidad de los servicios, lo primero que debiera trabajarse es en materia de cumplimiento de las condiciones ofrecidas por parte de todos los actores de la industria, eso debiera llevar a toda a industria a un trabajo sincero y colaborativo, en materia de condiciones de contratación y de entrega de condiciones de servicios mayoristas de datos a los operadores que operan a través de redes de terceros. 

En segundo lugar, está la discusión de cuanto influye la infraestructura actualmente desplegada y las existentes capacidades espectrales disponibles en los operadores incumbentes y en terceros operadores -sobre todo los de menor tamaño-, para satisfacer las necesidades actuales y futuras de los chilenos. Aquí existe dos niveles de discusión, que son distintos, el primero es si efectivamente con el espectro radioeléctrico actualmente en manos de los operadores incumbentes es posible resolver tecnológicamente  las necesidades de telecomunicaciones de los chilenos, y el segundo es si las redes actualmente desplegada, dan cobertura suficiente a todo el territorio nacional de igual manera, y por tanto, si todos los chilenos tienen o no acceso a un servicio de telecomunicaciones de calidad, acorde a las necesidades actuales de los consumidores. 

Respecto del espectro radioeléctrico, tanto de los estudios como la información que se ha revelado en los juicios que se han tramitado al respecto, se deduce que las tres incumbentes cuentan con porciones de espectro suficientes -y a veces más que suficientes-, ya que en materia de telefonía móvil, luego de los desprendimientos de espectro ordenados por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 25 de junio de 2018, Entel debería quedar con 120 MHz, Claro y Movistar con 95 MHz cada una. WOM, en cambio, sólo dispone de 60 MHz, que parecen ser insuficientes. En materia de telefonía fija inalámbrica,, en cambio, el límite actualmente vigente es de 100 MHz, dispuesto el año 2000, y es excesivo dado el avance de la tecnología y el gran crecimiento que ha experimentado la telefonía móvil. El problema, en todo caso, se presenta en las personas que se encuentran en zonas rurales o de baja densidad poblacional, donde todavía no existe una adecuada cobertura de las redes de telecomunicaciones.

De esta manera, dado que se ha hablado mucho de 5G, ésta es una tecnología que requiere inicialmente la asignación de frecuencias en la banda de 3.500 MHz, sin embargo la introducción de esta tecnología -por si sola- no pareciera resolver los problemas de falta de acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas rurales o de baja densidad poblacional ni de calidad de servicios, si en el correspondiente diseño de política pública no se contemplan obligaciones orientadas a resolver los problemas de última milla en todo el país, o los problemas de infraestructura insuficiente en zonas rurales o de baja densidad poblacional.

Así, pareciera que el problema que enfrentan hoy los chilenos no tiene que ver con la falta de espectro por parte de las incumbentes, como tampoco con la introducción o no de 5G, sino con las condiciones de contratación de los servicios de acceso a Internet, y mayoritariamente con falta de competencia en el sector, es decir, con la posibilidad real de que los tres incumbentes enfrenten también una real competencia por parte de todos los demás oferentes de este mercado, actuales y potenciales. Niveles de competencia adecuados permiten garantizar el derecho del consumidor de elegir al operador de su preferencia, cuestión que en telecomunicaciones, es totalmente insuficiente. La excesiva judicialización que ha vivido el sector en los últimos años, demuestra los graves problemas de competencia existentes. Además, es preciso revisar completamente el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ya que su actuar -en general- ha servido muy poco para mejorar los servicios donde el mercado no puede dar una respuesta adecuada. 

El desafío en telecomunicaciones -que hoy por hoy debiera enfrentarse con generosidad y en miras hacia el bienestar social- se encuentra no en la introducción de nuevas tecnologías que terminan por lo general beneficiando a los sectores más privilegiados, sino en la incorporación de instrumentos regulatorios robustos para fomentar la venta de servicios al por mayor y en la estricta y correcta aplicación de las leyes vigentes -sobre todo del DL 211 (Ley de Defensa de la Libre Competencia)-, de modo de garantizar una mayor competencia en el sector emparejando la cancha, a fin de superar la existencia del oligopolio actual en beneficio de los consumidores chilenos.

* Ximena Rojas Prosser es Abogada UDP con Postitulo en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, posee más de 22 años de experiencia en mercados regulados, tanto en el sector público como privado. Actualmente es Gerente Legal y Asuntos Regulatorios en Netline.