Las complejidades del proyecto «No + TAG»

Por: Alexander Kliwadenko R.*

El debate sobre la infraestructura pública en Chile enfrenta hoy una encrucijada con la tramitación del proyecto de ley conocido como «No + TAG» (Boletín N°16.346-15), que busca eliminar o rebajar las multas por no pago de peajes y por no uso del aparato electrónico de cobro (TAG). Si bien la iniciativa puede estar inspirada en aliviar la carga económica de los usuarios y evitar abusos, las modificaciones propuestas, de no ser mejoradas, podrían generar efectos contraproducentes para el sistema de concesiones y la adecuada asignación de los recursos del Estado.

Desde una perspectiva de eficiencia económica y justicia distributiva, es crucial recordar por qué existen las concesiones de obras públicas. Tradicionalmente, este tipo de infraestructura era financiada mediante rentas generales. Sin embargo, esto implica un costo alternativo: cada peso destinado a una autopista es un peso que se resta a necesidades sociales más urgentes como salud, educación o saneamiento básico en zonas rurales.

El sistema de concesiones corrige esta distorsión mediante el principio de que «el que usa, paga». Esto libera recursos estatales para fines moralmente más relevantes y asegura que el costo de la infraestructura sea asumido por quienes se benefician directamente de ella, y no por la ciudadanía en su conjunto.

Las modificaciones propuestas reducen las medidas necesarias para un cobro eficiente: recalifican la infracción por circular sin TAG —pasando de grave a menos grave—; trasladan la competencia desde los Juzgados de Policía Local hacia la justicia civil ordinaria —transformando el cobro judicial en un proceso más largo y engorroso—; y eliminan multas adicionales, la reincidencia y la anotación en el Registro de Multas de Tránsito (sanción que impedía renovar el permiso de circulación en caso de deuda).

Esto no es inocuo. En las concesiones el riesgo de los incobrables es asumido íntegramente por las concesionarias, por lo que un aumento en la morosidad golpea directamente la estabilidad económica de estas, lo que podría desincentivar la inversión futura y encarecer los proyectos, perjudicando a largo plazo la calidad de la infraestructura nacional. Del mismo modo, al dificultar el cobro eficiente, aumenta el riesgo de incobrabilidad de los peajes, lo que pone en cuestión el hecho de si el valor presente de los ingresos –mediante el cual se define el plazo de duración de muchas concesiones–, se debe calcula sobre los ingresos devengados (facturados) o sobre los ingresos percibidos (pagados) por la concesionaria.

Finalmente, esta iniciativa surge en un contexto complejo. En los últimos años se ha reportado una tendencia al alza en la incobrabilidad de peajes, debido a conductas fraudulentas (como adulteración de patentes), por lo cual, junto con aliviar la carga económica de los usuarios, se deben hacer esfuerzos reales por cambiar dicha tendencia si queremos cuidar nuestra infraestructura pública.

*Alexander Kliwadenko R. Socio Aylwin Matta