Las horas más siniestras: el desafío de jueces y abogados

Por Esteban Vilchez

Chile bajo toque de queda. El presidente ha declarado la guerra, aunque afortunadamente no puede declarar el estado de sitio sin acuerdo del Congreso Nacional, porque de lo contrario ya nos podrían arrestar en nuestras propias moradas a discreción de los no muy criteriosos uniformados (inciso 2º del artículo 43 de la Constitución Política de la República). Pero, de todos modos, para su guerra informal y su estado de emergencia, ha decidido el señor presidente encerrar a los chilenos en sus casas y poblar las calles de patrullas militares, para que seamos más libres. Y también para protegernos. A propósito de protección, mañana formalizarán a uno de estos militares por el asesinato de José Miguel Uribe Antipani de solo 25 años.

Al escribir esta columna, el INDH actualizaba su reporte, con 1.601 detenidos, entre ellos 185 niños, niñas y adolescentes. Han constatado desnudamientos, maltrato físico y verbal y golpes.

La Moneda vive en el borde de la Constitución, en la cornisa, casi a punto de caer. Y tiene miedo y ya no está sonriendo. Se siente sobrepasada y hasta comienza a ver alienígenas. En medio de esta paranoia gubernamental, el derecho y todas sus instituciones entran en peligro y, ellas sí, enfrentan una auténtica emergencia cuando se envía a sujetos con severas alteraciones mentales y entrenados para no pensar, disparar y golpear a las calles, a enfrentar a civiles con ollas y cacerolas.

Hemos visto ya centenares de videos y grabaciones en las redes sociales en los que Carabineros y militares golpean a civiles indefensos, incluyendo niños. Y puntos de prensa en los que ningún personero del gobierno toma nota de esto ni hace el más mínimo ademán de querer proteger a esos civiles y a esos niños y niñas

Chile bajo el terror de Estado.

Nuestro sistema judicial fracasó estrepitosamente durante la dictadura de Pinochet en la protección de las personas. El balance es vergonzoso. Los recursos de amparo fueron desechados sistemáticamente por las Cortes de Chile; la Corte Suprema fue dócil y servil con una dictadura que desapareció personas y torturo incluso a niños. El Colegio de Abogados tiene su propia historia bochornosa en la defensa de los derechos de las personas.

Ahora tenemos una oportunidad todos los que creemos en la razón, la justicia y el derecho. Aplaudo al INDH en su labor incansable de denuncia; aplaudo a los defensores públicos que están haciendo un trabajo encomiable en la defensa de los detenidos; y felicito a cientos de abogados y abogadas particulares que están organizándose y ofreciendo sus servicios para ayudar gratuitamente a los detenidos y sus familias.

Tengo la esperanza de que el Ministerio Público esté a la altura, sin iniciar una persecución absurda de civiles bajo las directrices de un gobierno desesperado y sin dejar de sancionar las violaciones a los derechos humanos que se registren por parte de personal militar y policial.

Por sobre todo, y como muchos otros, tengo la esperanza puesta en nuestros jueces de garantía. Chile necesita jueces valientes, nada dóciles ante el poder político y comprometidos con la protección de los civiles. ¡Cómo no aplaudir a rabiar al Juez Urrutia, que obligó a la Posta Central para que dejara ingresar al personal del INDH! Esa es la línea.

Sabemos que el estado de emergencia solo puede extenderse por 15 días, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política de la República. Prórrogas sucesivas de este estado requieren que el presidente cuente con el acuerdo del Congreso Nacional. Suponemos, todos los que estamos observando a la clase política, que tal acuerdo no le será prestado.

En cualquier caso, conforme al artículo 43 de la Carta Fundamental, el estado de emergencia solo restringe las libertades de locomoción y de reunión. Es a causa de la restricción de la primera de ella que los chilenos y chilenas nos encontramos sometidos, en los hechos, a un arresto domiciliario. Pero debemos tener presente que todos los demás derechos fundamentales siguen plenamente vigentes y deben ser respetados. 

Pero, como siempre, ese “deben” ser respetados no significa que lo vayan a ser, en particular por cuerpos armados que han demostrado generosamente cuán poco les importan los derechos humanos y cuán dispuestos están a pisotearlos. No han aprendido ni querido aprender nada. En una época de redes sociales, videos viralizados y grabaciones, es de esperar que no queden ocultos ni olvidados y que los responsables penales y políticos, y los autores directos y mediatos, respondan en su momento de todos y cada uno de los crímenes que se cometan.

Hoy, los amantes del derecho y todo nuestro sistema judicial tenemos la posibilidad de una tímida revancha y una triste pero ineludible oportunidad de limpiar la alicaída imagen y la maltrecha reputación, demostrando nuestro compromiso absoluto con la razón y la justicia, y nuestro abierto combate al abuso y la brutalidad.

En estos días es cuando distinguiremos a los hombres y mujeres de derecho de aquellos que simplemente se sirven de él. Como siempre en las horas más negras y siniestras, solo queda escoger el lado en el que nos situaremos.