Por Martín Mois, socio de Aninat Abogados*
Recientemente, como parte de su propuesta para quienes compiten por asumir la Presidencia, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) advirtió una “sobrerregulación tecnológica” que está generando incertidumbre y sobrecostos en el ecosistema productivo.
Tanto por la masificación del comercio electrónico en Chile durante la pandemia como por la irrupción de nuevas tecnologías, parece haber cierto consenso en la necesidad de actualizar la normativa que regula estas actividades. Sin embargo, las propuestas muchas veces no calibran adecuadamente esta necesidad en función de su real impacto y consecuencias jurídicas. Con la irrupción de la IA desde 2023, el metaverso el año anterior y otras tecnologías que surgieron previamente, como el blockchain o la impresión 3D, vemos con desesperación una pérdida de control y creemos que ese control puede retomarse regulando. ¿Y cómo no pensarlo así? Si las mismas empresas que desarrollan estas tecnologías de forma acelerada piden su regulación, no parece descabellado que los gobernantes o el ciudadano común lo exijan también, como una forma de definir contornos que son, en el mejor de los casos, difusos y, en el peor, desconocidos.
Solo por mencionar algunos ejemplos, durante 2024 se publicó la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, con lo cual comenzó el funcionamiento de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. También se publicó la actualización de la Ley de Datos Personales, que entrará en plena vigencia en diciembre de 2026. Además, avanza la normativa secundaria de la CMF para la implementación de la Ley Fintec y, por supuesto, el proyecto de ley para regular los sistemas de IA, que la semana pasada terminó su primer trámite constitucional y ahora será discutido por el Senado. A esto se suman otros relacionados, como el proyecto de ley de neuroderechos –basado en la reforma constitucional aprobada en 2021– y otras iniciativas que podrían retomarse o ser aprobadas, como la regulación de medidas de protección tecnológicas o incluso la de plataformas digitales.
Con esta sobrerregulación, el cumplimiento normativo se vuelve cada vez más complejo (y caro) para los regulados. Con esta frase debería quedar clara la preocupación subyacente: la permisología. No se necesita una bola de cristal para prever lo que ocurrirá con todas estas normas aplicables al comercio electrónico: sus propios problemas de permisología, sumados –además– a una descoordinación regulatoria que obligará a los regulados a lidiar simultáneamente con varias agencias públicas. Esto puede convertirse en un desincentivo al emprendimiento debido a los problemas derivados de dicha descoordinación.
Por ello, vale la pena preguntarse si el diseño normativo de estos proyectos de ley ha considerado la compatibilidad que debe existir entre las diversas regulaciones, no solo para evitar un incremento injustificado de costos y demoras en la implementación de nuevos negocios –algo que ya se ha comprobado ocurre y que precisamente motivó los proyectos de ley destinados a reducir la permisología–, sino también para coordinar a las distintas agencias públicas que, en el marco de sus atribuciones, interpretarán, aplicarán y fiscalizarán las actividades vinculadas al comercio electrónico, donde el traslape puede convertirse en pan de cada día. Incluso, algunas de ellas aplicarán sanciones o recurrirán a los tribunales de justicia para que se apliquen.
Si estas preocupaciones no son consideradas, no sería raro que en algunos años más el Ejecutivo tenga que presentar un proyecto de ley “anti-permisología”, pero esta vez aplicable a la economía digital.
