Clínica de Justicia Ambiental UDP crítica el conflicto de Quintero y Puchuncaví

Por medio de una declaración pública los abogados Alejandra Donoso y Diego Lillo —ambos profesores de la la Clínica de Justicia Ambiental de la Facultad de Derecho de la UDP— plantearon que a lo largo de Chile, existen  elementos de injusticia ambiental que se ven agudizados en las comunas de Quintero y Puchuncaví, debido a la ausencia de planes de descontaminación efectivas y normas de calidad y de emisión que permitan constituir estándares de protección real de la salud y del medio ambiente en la zona.

Además de enfatizar en la existencia de problemas estructurales a nivel de ordenamiento territorial en el país —dado que no existe una planificación en la instalación de industrias productivas en función de las personas que habitan los territorios y sus formas de vida—, los académicos denunciaron la coexistencia de un gran número de industrias contaminantes que no fueron evaluadas ambientalmente por “ser previas a la existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), que muchas veces cuenta con tecnologías obsoletas que no permite una adecuada fiscalización”.

Los abogados también se refirieron a la normativa que establece los límites tolerables de contaminantes —normas de emisión y calidad ambiental— los que no aluden a la totalidad de contaminantes que emanan los procesos productivos industriales instalados en el país, ni se equiparan a los límites definidos por la OMS u otros países miembros de la OCDE. Ante esto, el documento señala que Chile “cuenta de un ordenamiento jurídico poco protector de los bienes jurídicos vida, salud y medio ambiente, y que privilegia la protección de otros bienes jurídicos, privados, como la propiedad o la libertad de empresa”.

A partir del agudo conflicto medio ambiental que enfrentan las comunas de Quinteros y Puchuncaví, se ha dado a conocer en los últimos días el concepto de zonas de sacrificio. Según plantea la Clínica de Justicia Ambiental estas se caracterizan por “la concentración de costos ambientales y su distribución desigual, donde la justicia ambiental es sólo un horizonte deseable, y cuyas vertientes participativa y distributiva no son adecuadamente aplicadas”.

Finalmente, los abogados hicieron un llamado a contar con mecanismos de participación ciudadana que permitan que las comunidades estén informadas de los procesos productivos que se podrían llevar a cabo en sus territorios.

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