Corrupción y Compliance ético: una tarea en deuda para Latam

El pasado martes 29 de enero se publicó el resultado 2018 del Indice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por Transparency International. Puedes revisar el informe completo en el siguiente link.

En su reporte sobre América, el organismo indica que Canadá continua siendo el “top performer” de la región, mientras preocupa el hecho que Estados Unidos haya bajado cuatro puntos, aunque continúa estando en segundo lugar.  También destaca que desde el 2012 tanto nuestro país como México y Nicaragua han visto un declive pronunciado en sus puntajes “al no registrar progreso significativo contra la corrupción”. A ello, se suma que Chile y México han experimentado “grandes escándalos de corrupción que involucraron a líderes políticos y a sectores altamente representados y tradicionalmente libres de corrupción, como la fuerza policial chilena”.

El ranking mundial es liderado por Dinamarca (88 puntos de un máximo de 100) y secundado por Nueva Zelanda (87). Luego se sitúan Finlandia (85), Singapur (85), Suecia (85), Suiza (85), Noruega (84), Holanda (82), Canadá (81) y Luxemburgo (81).

Latam: una región con mayor percepción de corrupción

Si revisamos el ranking de la región, la excepciones son países que subieron su puntaje, como Argentina, Ecuador, Jamaica o El Salvador; frente a un panorama general de baja en los índices como el caso de Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia.

De los 183 países analizados, los dos primeros puestos de Latam mantienen a Uruguay (puesto 23 -70 puntos) y  Chile (puesto 27- 67 puntos), mientras que en el otro lado de la vereda están por los 18 y 25 de Venezuela (puesto 168 – 18 puntos) y Nicaragua (puesto 152 – 25 puntos)

Conversamos con Yoab Bitrán, Head de LRN para Latinoamérica, sobre su percepción de la región: “diría que la generación de mayor y mejor regulación anticorrupción no se ha traducido, al menos no todavía, en aplicación efectiva. Las razones en algunos casos pueden estar vinculadas con falencias del Estado de Derecho, en otros, con falta de competencias en los organismos que debiesen liderar dicha tarea. La sensación de la opinión pública al ver que incluso existiendo nuevas herramientas legales ellas no conllevan persecución y sanciones disuasivas, es de decepción y profundización de la pérdida de confianza en las instituciones públicas y el mundo empresarial.

El fenómeno del Compliance empresarial tiene pocos años en una región atacada por escándalos de corrupción como Petrobras y Odebrecht, que afectaron a varios países, empresas y gobiernos. No olvidemos que el Compliance surge en Estados Unidos y fundamentalmente se expande por las normas dictadas en ese país y que obligan a las empresas que hacen negocios en tierras norteamericanas. En ese sentido Bitrán señala que “la OCDE ha manifestado duras críticas en el mismo sentido recientemente. Lo que se observa es que aún resulta crucial el involucramiento de las autoridades norteamericanas (DOJ/SEC) para efectos de que quienes incurren en prácticas corruptas en Latinoamérica, sufran consecuencias relevantes tanto desde el punto de vista de las sanciones como de su reputación”.

Pero el fenómeno que implica este retroceso en los índices de Transparencia Internacional para la región, pareciera tener un componente social importante en la vereda de la percepción y el nuevo rol ciudadano. “Fenómenos como la hiperconectividad, el mayor empoderamiento ciudadano y, en general, el menor espacio para el secretismo en beneficio de lo público,  sigue influyendo fuertemente en que se mantenga una alta percepción de los niveles de corrupción existentes a nivel mundial y regional”, señala en ese sentido Patricio Véliz, Chief Compliance Officer en Metro de Santiago y director junto a Bitrán del Diplomado Compliance Latam de Thomson Reuters, .

Por su parte Rebeca Zamora, asociada del área de Derecho Penal y Compliance en Morales & Besa, coincide al comentar que “no es posible comprobar empíricamente si el país se ha vuelto más corrupto o no en los últimos años. Sí es posible decir que estos casos ya no pasan desapercibidos y son de interés social. La tecnología y la fluidez de la información permiten a cualquier ciudadano tomar conocimiento de estos hechos. A diferencia de lo que ocurría hace 15 o 20 años atrás, las investigaciones y casos son mucho más públicos y mediáticos. También es evidente que la ciudadanía tiene mayor conciencia de derechos, se informan, opinan”.

¿Basta legislar para el sector privado?

Durante los últimos años hemos visto varias iniciativas legislativas en la región, al menos para normar la responsabilidad penal de las empresas en países como Perú (julio 2017) y Argentina (diciembre 2017). Para algunos fue un auspiciosos panorama para frenar la corrupción desde el mundo privado.

Para Véliz, “los esfuerzos legislativos que hemos visto en la región, con nuevas normativas y regulaciones que apuntan a entregar un rol o responsabilidad de las empresas en la prevención de delitos y malas prácticas en general, están contribuyendo poco a mejorar estas percepciones. La dictación de tales normativas y regulaciones es un factor destacable, pero lo realmente relevante es que estas se transformen en las conductas que promueve la legislación y ello requiere de esfuerzos reales y constantes en el tiempo. Del mismo modo, la aplicación de sanciones efectivas, proporcionales a la falta y suficientemente disuasivas de tales conductas, a quienes vulneran la normativa anticorrupción, es un factor determinante de estas percepciones”. Pareciera que el Compliance debiese ser una iniciativa conjunta de privados y el Estado, para frenar la corrupción entre privados, de privados con el Estado y en el Estado.

¿Pero cómo establecer un estándar ético? ¿Qué tan recurrente es encontrarlo en los negocios?. “A nivel local se percibe un bajo entendimiento de los beneficios de adoptar una conducta ética de negocios. Por otra parte, se mantiene un núcleo complejo, de indiferencia en estos temas, disponible a tomar los espacios y oportunidades que brinda la corrupción de las instituciones y empresas”, señala el Compliance Officer de Metro de Santiago.

La percepción en Chile

Chile ha ido bajando sostenidamente en el índice de corrupción durante los últimos años, aunque se mantiene como uno de los menos corruptos de la región.

Para Rebeca Zamora, este fenómeno tiene “al menos dos causas inmediatas. En primer lugar, la época de caída coincide con el conocimiento público de una serie de casos que nos recordaron que la corrupción se produce incluso en instituciones tradicionalmente confiables y transparentes, como lo que ha ocurrido con Carabineros. Los casos Penta, SQM, Caval, entre otros, sin duda han afectado la confianza y revelan, precisamente, la segunda explicación a este fenómeno: Chile, a través de sus instituciones, ha enfrentado problemas en la lucha contra la corrupción y debe tomar mayor conciencia acerca de los graves efectos ésta a nivel social, político y económico.

Patricio Veliz coincide en la casuística planteada: “En el caso chileno, las sanciones por casos de corrupción han sido escasas y de poco valor disuasivo. En lo referido a la ley 20393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, se observa que desde su dictación en 2009, tal normativa evidenció fuertes deficiencias para su real eficacia, lo que recientemente ha obligado a realizarle ajustes. Está por verse si con ello mejora su efectividad y aplicación”.

¿Qué nos queda para trabajar en estas materias?. “Hay que reconocer que en el último tiempo se han hecho cambios importantes en materia de probidad y transparencia, pero siguen siendo insuficientes. Conformarnos con que pese a todo seguimos siendo uno de los países menos corruptos del continente es sumamente peligroso y simplista. No hay países corruptos o no corruptos; lo que hay es países con más o menos corrupción. La tarea es clara: luchar contra este fenómeno y desarrollar políticas eficientes asumiendo un compromiso verdadero”, concluye Zamora.