Fugas por la grieta del sistema: el caso Ferrer y la fragilidad del derecho penal chileno

Por: Pedro Sepúlveda Vergara* 

El reciente caso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez —imputado por el homicidio del empresario conocido como el «Rey de Meiggs» y actualmente prófugo tras ser liberado por una supuesta resolución judicial— pone en evidencia, una vez más, la preocupante fragilidad del sistema penal chileno. No se trata de un error menor o anecdótico: estamos frente a un hecho que socava gravemente la credibilidad del aparato de justicia y deja en evidencia vulnerabilidades inaceptables en el tratamiento de causas de alta connotación delictual.

Ferrer Ramírez fue uno de los tres presuntos sicarios acusados de ejecutar un crimen por encargo el pasado 19 de junio a plena luz del día. Pese a la gravedad de los hechos y a la prisión preventiva que pesaba sobre él, fue liberado el 10 de julio por Gendarmería, tras la recepción de una supuesta orden emanada desde el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. La resolución —aparentemente real y válida— dejaba sin efecto la cautelar de prisión tan sólo minutos después de haberse decretado y sin ser notificado el Ministerio Público. Las alertas sólo se activaron cuatro días después. Hoy, Ferrer Ramírez se encuentra libre.

Este caso no solo refleja fallas administrativas o de control documental. Lo que aquí ha ocurrido es un verdadero quiebre institucional: una grieta por donde se escapan la justicia, la seguridad y la credibilidad en el sistema. En una sociedad democrática, el sistema penal no puede permitirse este tipo de flancos abiertos, menos aún en delitos de alta violencia y sofisticación criminal, como lo es el sicariato.

Desde Gendarmería se ha afirmado que no hubo vulneración informática, y que simplemente se dio cumplimiento a una orden ingresada por canales regulares. Pero esa explicación, lejos de tranquilizar, profundiza la preocupación: si el sistema puede fallar de forma tan garrafal, o ser manipulado, engañado o utilizado por terceros mediante el ingreso de resoluciones sin verificación o autenticidad suficiente, entonces la cadena de custodia judicial queda completamente comprometida.

Lo que este caso evidencia es una ausencia estructural de mecanismos de verificación y control cruzado en la ejecución de resoluciones judiciales. En un escenario donde las resoluciones digitales y los oficios electrónicos se han vuelto la norma, resulta indispensable establecer sistemas de doble validación, firmas electrónicas avanzadas que sean chequeadas, trazabilidad en tiempo real de quienes tienen acceso al sistema y responsabilidad institucional en cada etapa del proceso.

Cuando la aplicación de la prisión preventiva -medida absolutamente indispensable para un caso como este- se ve frustrada por errores o brechas como esta, el mensaje que se transmite es demoledor: el sistema no es capaz de cumplir ni siquiera sus funciones básicas.

Hoy, mientras Ferrer Ramírez permanece prófugo, cabe preguntarse cuántas otros casos cómo este ha ocurrido antes sin cobertura mediática. ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en un sistema penal donde ocurren cosas como esta?

Este no es solo un problema del Poder Judicial o de Gendarmería. Es una responsabilidad del Estado en su conjunto. El fortalecimiento de los mecanismos de control, la transparencia de los procedimientos y la interoperabilidad segura entre las instituciones que participan del proceso penal deben ser prioridades inmediatas. De lo contrario, el Derecho Penal dejará de ser un instrumento eficaz y pasará a ser solo un simulacro, vulnerable ante el mínimo golpe de tecla ¿Está Chile preparado para esto?

Por Pedro Sepúlveda Vergara*, abogado de la Universidad Diego Portales, con más de 20 años de ejercicio profesional especialmente en el área penal director de GA-Abogados.