CNEP en conjunto con Deloitte presentó el análisis de permisos sectoriales en Chile

La permisología ha sido un elemento importante de debate, con múltiples analistas dando su visión sobre el actual sistema en la materia. En medio de este escenario, con el objetivo de generar instancias de diálogo y conversación, Deloitte invitó a distintos sectores industriales como el minero, salmonicultura, entre otros para conversar junto al director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Cristián Romero, sobre los permisos sectoriales en Chile.

Para dar contexto actual, CNEP expuso los resultados del Análisis de Permisos Sectoriales Prioritarios, en el que analizó 265.758 ingresos de proyectos en los últimos cinco años según tres clases: aquel que sólo requiere planos; el que además de los planos, contempla la presentación de una memoria; y aquellos que contemplan todos los anteriores más un estudio. Además de lo anterior, la revisión también se efectuó según el organismo involucrado y el estado de los proyectos.

Romero destacó que “el análisis permitió evidenciar que en los proyectos ingresados durante los últimos cinco años existe en promedio una tramitación de 17 meses para los proyectos de carácter más complejo, que vienen siendo los de clase III. De hecho, el informe arrojó que de los más de 20.000 proyectos ingresados, hay un 25% que todavía sigue en tramitación y más de 10% que ya fue rechazado”.

Del total de proyectos, el informe muestra que el Ministerio de Salud es el que tramita una mayor cantidad de permisos con 109.881, siendo en mayor medida aquellos de clase I que son menos demandantes y por ende tienen una aprobación más expedita que el promedio. Sin embargo, algo que llama la atención es que en múltiples organismos se supera por mucho el plazo legal establecido, que va entre los dos hasta los seis meses; ahí, destaca el caso de -por ejemplo- un proyecto de obra hidráulica mayor con cerca de 400% (49 meses) más de plazo real promedio en comparación al legal, que es de solo un semestre.

Ruby Soteras, Socia de Deloitte Legal, señaló que “estas cifras dan cuenta de un problema de imprevisibilidad en el alcance y en los plazos, junto con una falta de recursos en los organismos del Estado que apunten a una mejora técnica implementando además mecanismos la trazabilidad y transparencia del sistema”.

Asimismo, Gabriel Acuña, Líder de Sostenibilidad de Deloitte, agregó que “Chile vive un momento crucial, donde hay una enorme oportunidad para empezar a crecer de forma más consciente y sostenible a través del uso de energías limpias. Para eso, es importante contar con una regulación que también oxigene el proceso de tramitación, para incentivar la inversión verde y los proyectos que impulsen el uso de energías renovables no convencionales”

El informe concluye que para los proyectos más complejos -los clase III- es necesario contar con un modelo de gobernanza que permita una mejor trazabilidad y previsibilidad. También señala como elemento relevante el formalizar una instancia de definición de alcance y propuestas de plazos claros, entre otros.

Puedes revisar el informe AQUÍ