Por Carlos Reusser*
Cuando el Estado decide que el acceso a cargos como notario, conservador o archivero judicial —posiciones que concentran ingresos muy elevados, estabilidad por décadas, monopolio territorial y una cuota nada despreciable de influencia política— se definirá mediante un examen, el diseño de ese examen deja de ser un asunto meramente académico. Pasa a ser un problema institucional.
La reciente reforma introducida por la Ley N° 21.772 ha establecido una prueba de conocimientos como requisito de acceso. En principio, la idea parece razonable: sustituir criterios opacos por una evaluación objetiva.
Pero el problema no es la existencia del examen, sino su modalidad cuando se trata de una evaluación en línea para cargos que distribuyen poder y dinero en magnitudes extraordinarias.
- El tamaño del incentivo importa
En teoría económica y en teoría del Derecho, hay una regla básica: los incentivos modelan conductas.
Si el premio es modesto, la mayoría compite limpiamente porque el costo de hacer trampa supera el beneficio. Pero cuando el premio equivale a ingresos comparables a los de una empresa mediana, con estabilidad de por vida y capacidad de incidencia en redes económicas y políticas, el incentivo cambia radicalmente.
En ese contexto, el examen ya no es solo una prueba de conocimientos: es la puerta de entrada a un proyecto patrimonial de largo plazo. Y frente a incentivos extraordinarios, la creatividad humana no se inhibe; se organiza.
- La vulnerabilidad estructural de la evaluación remota
Una prueba en línea descansa en una premisa frágil: que el postulante está efectivamente solo y que los mecanismos tecnológicos de control son suficientes.
En la práctica, cualquier sistema remoto enfrenta límites técnicos difíciles de superar, como que el campo visual de una cámara nunca cubre la totalidad del entorno, como que los dispositivos de comunicación son cada vez más pequeños y discretos, y que el monitoreo por micrófono no impide el uso de sistemas inaudibles.
Es decir, ninguna plataforma en línea puede asegurar, con estándares equivalentes a los de una prueba presencial estrictamente controlada, que el evaluado está resolviendo por sí mismo y sin asistencia.
O, dicho de otra manera, basta tener una cámara oculta que capture lo que aparece en pantalla y un sistema de audio dentro del oído que transmita respuestas, para alcanzar los máximos puntajes, sin necesidad de dominar la materia evaluada o, en el extremo, sin contar siquiera con formación jurídica. Basta que alguien te transmita la información que ha cotejado con ChatGPT, por ejemplo.
Cuando el incentivo económico es altísimo, basta con que el sistema tenga una grieta para que esa grieta sea explotada. Y esta no es una grieta: es un abismo.
- La ilusión de que digitalizar equivale a blindar
Existe una tendencia a confundir digitalización con modernización, y modernización con seguridad.
Pero trasladar un examen al entorno digital no lo vuelve, por arte de magia, más transparente ni más justo. Al contrario: si el diseño no es proporcional al poder que se distribuye, el sistema puede volverse más vulnerable.
La pregunta relevante no es si la plataforma tiene “resguardos adecuados”, sino si esos resguardos son proporcionales a la magnitud del premio en disputa. En términos institucionales, la seguridad debe ser proporcional al tamaño de los incentivos para cometer fraude.
- El problema no es moral, es estructural
Sería ingenuo suponer que todos los postulantes actuarán con espíritu deportivo. No porque las personas sean necesariamente corruptas, sino porque los sistemas deben diseñarse considerando el peor escenario posible.
El Derecho Administrativo moderno no descansa en la confianza ciega en la virtud individual, sino en la construcción de procedimientos robustos que reduzcan oportunidades de desviación.
Si el acceso a posiciones de enorme poder económico y jurídico depende de un examen remoto, y ese examen no está diseñado con estándares equivalentes a los que se emplean para proteger infraestructuras críticas o sistemas financieros, el riesgo no es anecdótico: es estructural.
Conclusión
Un examen puede ser una herramienta valiosa de selección. Pero cuando se utiliza para distribuir posiciones que concentran poder económico, influencia política y estabilidad por décadas, su diseño debe estar a la altura de lo que reparte.
Creer que la mera existencia de un examen —y, más aún, en modalidad remota— resolverá décadas de vicios estructurales es una forma sofisticada de estupidez institucional.
Si se quiere un procedimiento razonable y justo, este debe estar blindado con estándares equivalentes a la magnitud del premio. De lo contrario, el examen no será un filtro efectivo; será un mero decorado. Y los decorados, como sabemos, pueden impresionar al público.
Pero no cambian la obra que se está representando.
*Carlos Reusser Monsálvez es abogado, Universidad de Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derechos Digitales en la Universidad Alberto Hurtado.
