Tribunal Constitucional o Constitución Política: ¿Qué debemos cambiar para resguardar las decisiones de la mayoría?

Por Francisco Javier Sanz Salguero*

En los últimos días, Chile cambió. Frente a las expresiones de inconformidad (e infortunadamente en algunos casos, de oprobiosa violencia y vandalismo), entre las propuestas que han tomado fuerza encontramos la necesidad de redactar una nueva Constitución. Una de las tantas materias de reflexión que involucra este asunto (lo que incluye aspectos como la forma de redactar una nueva Carta Política, los nuevos derechos a reconocer, a qué mecanismos se debe acudir para legitimarla, entre otros temas), consiste en determinar si realmente el Tribunal Constitucional chileno (TC), per se, se ha convertido en una suerte de “supra poder legislativo” encargado de anular las decisiones tomadas por una mayoría, o si realmente la disparidad entre las decisiones de esa mayoría (representada por el Parlamento) y lo dictaminado por este Tribunal, es consecuencia de la letra contenida en la  Carta de Derechos.   

Inicialmente, podemos identificar un conjunto de factores que han venido debilitando la imagen de este organismo: su excesivo protagonismo en la revisión de las normas aprobadas por el Congreso Nacional, la ya mencionada (y frecuente, hay que agregar) reversión en las decisiones de la mayoría, y el perfil de algunos Magistrados (designados por órganos políticos y fruto de negociaciones en aras de un balance de poder, sin que primara una real capacidad técnica). 

No obstante, partiendo de la profunda imparcialidad que debe exigirse a sus Magistrados, objetivo que solo se podría alcanzar revisando exhaustivamente su historial académico y profesional (el cual, evidentemente, deberá estar ligado estrechamente con el amplio conocimiento del Derecho Constitucional, y no a la afinidad política), el rol de cualquier Tribunal Constitucional consiste en contrastar las decisiones del  Congreso Nacional y la Carta Fundamental, de lo que se infiere que los potenciales conflictos (al menos en una parte sustancial) no son atribuibles al órgano jurisdiccional: el problema radica en el contenido de la  Constitución actual. 

Abundan los casos de revisiones de leyes y proyectos en los que, pensamos (al menos de buena fe), que el TC simplemente examinó la coherencia entre lo revisado y el tenor constitucional. Otro asunto muy diferente, es que la naturaleza subsidiaria de nuestra Carta de Derechos, en muchas ocasiones no converja con las necesidades actuales en materia de protección y reforzamiento de los derechos de las personas. Solo a título de ejemplo, tenemos la decisión del TC que impidió otorgarle facultades sancionatorias al Sernac, factor que menoscaba la posibilidad de otorgar una defensa más sólida a los derechos del consumidor (y que, de paso, va en contravía de lo establecido en modelos más avanzados del derecho comparado). Otro caso, lo representó el proyecto que pretendía modernizar las relaciones laborales, caso en cual (pese a su aprobación por parte del Congreso), el TC declaró contrarios a la Constitución dos aspectos claves de la iniciativa: la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios. 

En conclusión, para proteger efectivamente las decisiones de la mayoría, debemos apuntar a lo nuclear: hay que construir una nueva Carta Fundamental. Es necesario discutir ahora como desarrollar este proceso, estableciendo instrumentos amplios de participación y de legitimación adecuado: con un ánimo crítico pero conciliador, iniciemos ese trabajo.

* Francisco Javier Sanz Salguero es abogado por la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Actualmente es Director del Magíster en Derecho de la Universidad Católica de Norte (sede Antofagasta), además de profesor en Derecho Constitucional y Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la misma casa de estudios.