Reforma Procesal Civil, inteligencia artificial y “law clerks”: una virtuosa triangulación

Por Jorge Sepúlveda Guzmán

El Proyecto de Reforma Procesal Civil, que lleva 15 años modelándose e implica una modificación radical del respectivo código, representa una valiosa oportunidad para adaptar nuestro sistema jurídico a las nuevas tecnologías y aprovechar su potencial. No solo, por ejemplo, a través de la tramitación virtual o de geo-referenciar la notificación de las actuaciones judiciales, cuestiones que la Ley N°20.886 de Tramitación Electrónica (LTE) implantó derechamente. También mediante la aplicación de sistemas de inteligencia artificial (IA) que tornen más eficiente y acertado el pronunciamiento de las sentencias judiciales. La IA ─como se sabe─ es una realidad en varios países, especialmente anglosajones.

Ya en 2016, el Washington Post (https://wapo.st/2rNguQm) informaba acerca de “Ross”, un robot contratado por una firma de casi 1.000 abogados, capaz de procesar miles de sentencias en tiempo récord, identificar parámetros, diferencias, su aplicación a un caso determinado, etc. Y a inicios de 2018, se publicaron los resultados de una inusitada justa (https://bit.ly/2FcboW6) que dio cuenta de las ventajas que la IA podría entregar en el área legal. 20 abogados compitieron contra la IA a fin de detectar la mayor cantidad de errores en 5 acuerdos de confidencialidad, que sumaban más de 3.000 cláusulas. ¿El resultado? Los humanos tuvieron un 85% de efectividad frente a un 94% de la IA. Hasta ahí, la diferencia en términos sustanciales no es tan relevante y el hipotético cliente estaría satisfecho. Pero no ocurre lo mismo con el factor tiempo. Los abogados demoraron 92 minutos en promedio y el profesional más eficiente invirtió 51 minutos. La IA, a su vez, solo requirió de 26 segundos. En términos porcentuales, la IA destinó apenas el 0,47% del tiempo de los abogados. Probablemente menos del tiempo necesario para imprimir los documentos de este desafío o del que usted lleva leyendo esta columna.

Esta herramienta tecnológica ─qué duda cabe─ se perfila entonces como una ayuda fundamental para las firmas de abogados. Pero ampliando la mirada, también puede serlo para nuestros tribunales y específicamente para las Cortes, considerando que nuestro añejo Código de Procedimiento Civil permite recurrir de casación, queja, apelación y de hecho, un sinfín de resoluciones, que atochan anualmente las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

En este contexto, la IA resulta compatible y hasta necesaria para una Reforma Procesal Civil “2.0” donde las Cortes dicten más y mejores fallos. No obstante, resulta estéril disponer de un sofisticado sistema digital-legal si no existe un staff que le saque partido. ¿Quiénes podrían practicar esta labor? Hoy en día los propios magistrados y los relatores. Pero la circunstancia de que la vista de las causas se extienda por casi 5 horas y fuera de este horario se continúe con la redacción de los fallos, el estudio de las causas y la atención de público, torna difícil un uso eficiente de la IA, inconveniente que es necesario abordar.

Luego, así como la Reforma Procesal Civil es una instancia fértil para la IA, también podría convertirse en una plataforma para la incorporación formal a Chile de un importante factor humano, los denominados “law clerks”. Se trata de abogados ─profundamente arraigados en el sistema legal anglosajón─ que colaboran día a día con los ministros, cuya elección depende de múltiples criterios, entre ellos, universidad, calificaciones, afinidad ideológica, recomendaciones y género. Sus tareas incluyen preparar memorándums para escoger los casos que revisará la Corte Suprema (en USA opera el “certiorari”), buscar jurisprudencia y otras fuentes, redactar los votos de mayoría y disidencia de los fallos, etc. Sin embargo, su influencia no ha llegado al extremo de sustituir a los magistrados que ─como sostienen Ward & Weiden en Sorcerers’ Apprentices:100 Years of Law Clerks at the United States Supreme Court, un exhaustivo estudio sobre la materia─ aún conservan su rol resolutivo sobre los casos.

El contexto de la reforma y la introducción de la IA son condiciones ideales para implementar a los “law clerks” en nuestro sistema. Abogados de primer nivel estarían a cargo de buscar jurisprudencia, atentos a las últimas modificaciones normativas, preocupados de las tendencias de la cátedra, apoyarían en la redacción de fallos y, en general, estarían a disposición del magistrado de rigor. Si además estas labores se ejecutan con el aporte de la IA, las ventajas son innegables. La sinergia de estos 3 elementos provocaría sustanciales externalidades positivas. Primero, aliviar la carga de ministros y relatores. Segundo, dictar fallos más expeditos, fortaleciendo el acceso a la justicia. Tercero, incrementar la calidad de las sentencias, incluyendo jurisprudencia y doctrina relevante. Cuarto, en la misma línea, disminuir las contradicciones que se generan entre las salas de una Corte y a veces en una misma sala. Y así tantas otras.

No olvidemos que la Reforma Procesal Civil surgió a inicios del siglo XXI en el seno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Desde aquella época han ingresado 2 proyectos al Congreso, bajo distintos gobiernos, y han operado múltiples comisiones orientadas a definir su contenido. En este mismo período, el mundo evolucionó, internet se expandió, la dualidad papel-soporte electrónico se instaló, la LTE fue promulgada, surgió la IA y la “nube” de datos, etc. Y así, tanto el retraso de la ansiada reforma como la obsolescencia de nuestro gastado procesal civil, quedaron aún más al descubierto. El destino quiso entonces que el nuevo impulso que el actual gobierno prometió darle a la Reforma Procesal Civil, haya coincidido con el “boom” de la IA y una LTE que se acerca a los 3 años de rodaje. Si a estos elementos le agregamos otro ─los “law clerks”─ que en el derecho comparado ha sido clave en la evolución de las Cortes, en unos cuantos años más podríamos estar en presencia de un triángulo virtuoso, siempre perfectible como toda obra humana, que nos acerque a la anhelada certeza jurídica.

*Jorge Sepúlveda Guzmán es abogado de la Universidad de Chile, LL.M. de la University of Minnesota, Visiting Scholar de Duke University y Director de Litigios de CorreaGubbins.