Chile digital necesita una red de API Key estatal: el eslabón perdido en la transparencia y la modernización digital

Por Gonzalo Álvarez Seura*.

Vivimos en la época de la revolución digital y la Inteligencia Artificial (IA), donde la información fluye al instante y los datos alimentan decisiones en tiempo real. Sin embargo, en Chile nuestros servicios públicos siguen operando como islas o silos desconectados. Cada institución maneja sus propios sistemas, a menudo sin comunicarse con los demás, lo que genera duplicidad de información y errores. Esta desconexión contrasta con un mundo interconectado: mientras las startups utilizan APIs (interfaces de programación) para integrar datos y la IA analiza grandes volúmenes de información al instante, el Estado chileno aún no aprovecha plenamente estas herramientas. El resultado es un Estado opaco y lento, que dificulta la fiscalización ciudadana y pierde oportunidades de mejorar sus políticas mediante datos.

La brecha entre la tecnología disponible y la realidad de nuestros servicios públicos plantea una pregunta ética y práctica: ¿por qué Chile no ha adoptado aún una red nacional de API Keys para conectar sus instituciones? La promesa de la transformación digital ha sido parte del discurso público por décadas, desde la Agenda Digital Chile 2004-2006 hasta la Agenda Digital 2020. Pero estas iniciativas carecieron de continuidad y de una visión de largo plazo que trascendiera los ciclos de gobierno. Hoy enfrentamos el desafío de modernizar el Estado de una vez por todas. 

Chile necesita implementar una red estatal de API Keys –una infraestructura de interfaces de programación seguras y autenticadas– como herramienta estructural para lograr transparencia activa, trazabilidad normativa e integración digital en todos los órganos públicos.

Es clave entender el concepto básico: ¿Qué es una API y una API Key? Una API (Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de protocolos que permite que distintos sistemas de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos y funciones. En otras palabras, una API es como un “puente” que conecta aplicaciones, de forma controlada y segura, compartiendo solo la información necesaria y ocultando detalles internos para proteger la seguridad del sistema. Funciona como un código secreto que una aplicación debe presentar al hacer una solicitud de datos; de ese modo, el sistema público verifica que quien accede está autorizado a hacerlo. Dado que muchas APIs entregarán datos sensibles o confidenciales, es fundamental validar cada llamado. Las API Keys sirven precisamente para identificar y monitorear quién accede a la información: permiten asegurarse de que solo aplicaciones legítimas (por ejemplo, otro organismo público con permisos, o un desarrollador registrado) consuman esos datos.

La falta de una política nacional de APIs en Chile ha derivado en problemas evidentes en la gestión pública. En primer lugar, la ausencia de conexiones sistemáticas entre sistemas impide la trazabilidad de la información. Hoy, si una persona quiere saber quién ha accedido a sus datos personales en distintas agencias es una tarea prácticamente imposible. En países digitalizados cada consulta queda en un registro unificado: en Estonia, por ejemplo, “los ciudadanos pueden ver quién ha accedido a sus datos, lo que garantiza transparencia”. En Chile no contamos con esa trazabilidad transversal. Cada servicio lleva sus propios registros (cuando existen), sin un mecanismo estándar para integrarlos. Esto dificulta tanto la fiscalización interna (ej. auditorías de Contraloría) como la fiscalización ciudadana de la gestión pública. Otro problema es la falta de datos estructurados en tiempo real. La Ley de Transparencia (Ley 20.285, año 2009) consagró el derecho de acceso a la información pública, y obligó a la transparencia activa (publicación en webs institucionales de información básica). Si bien esta ley fue un avance histórico, su implementación se ha quedado en portales estáticos y respuestas caso a caso, más propios de la era del papel que de la era digital. Muchas instituciones publican datos en formatos poco utilizables (PDFs escaneados, informes mensuales), y muy pocas ofrecen APIs abiertas en línea. El resultado es que Chile ha ido rezagándose en uso de datos abiertos frente a otros países OCDE. Un reciente análisis señala que “Chile ha caído en los rankings de uso de datos abiertos”, lo que llevó al Gobierno a anunciar en 2023 el relanzamiento del portal de datos abiertos y nuevas guías.

La desconexión digital genera trámites engorrosos y costos innecesarios. ¿Cuántas veces una persona debe llevar un papel de una oficina pública a otra porque “no están conectadas entre sí”? Esa burocracia podría eliminarse con sistemas que hablen entre sí mediante APIs.

Los beneficios de implementar una red nacional de API Keys son evidentes. El primer gran beneficio es la transparencia activa en tiempo real. En lugar de depender solo de la transparencia pasiva (entregar información tras solicitudes FOIA) o de publicar documentos periódicamente, las instituciones podrían liberar datos continuamente mediante APIs. Por ejemplo: las estadísticas de delincuencia, actualizadas semanalmente por Carabineros, podrían ser consumidas por aplicaciones ciudadanas; los fallos judiciales podrían consultarse en vivo a través de APIs del Poder Judicial. Esta apertura de datos estructurados permitiría a periodistas, académicos y personas fiscalizar con mayor facilidad la gestión del Estado. 

En Chile, con APIs estatales disponibles, podríamos ver surgir desde aplicaciones móviles que muestren en vivo dónde hay medicamentos en stock en farmacias públicas, hasta plataformas ciudadanas que crucen datos de contaminación ambiental con enfermedades para exigir acciones a la autoridad sanitaria. Empoderar con información equivale a empoderar en derechos: la ciudadanía tendría herramientas concretas para incidir en la toma de decisiones, con conocimiento de causa.

Otro beneficio central es la mejora en la toma de decisiones públicas gracias a datos integrados e incluso a la inteligencia artificial. Pensemos en la lucha contra la delincuencia: con APIs, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y Poder Judicial podrían compartir al instante antecedentes relevantes de un caso, cada cual accediendo con su API Key y registrando cada consulta en trazabilidad. 

Además, abren la puerta a integrar herramientas de IA: una vez que los datos públicos estén disponibles de forma estandarizada, se podrían entrenar algoritmos para detectar fraudes en compras públicas, para predecir demandas hospitalarias o para optimizar el transporte urbano. La IA se alimenta de datos; por tanto, un Estado con APIs sería un Estado “API-inteligente”, capaz de aplicar analítica avanzada para anticipar problemas y evaluar resultados en tiempo real.

No es solamente una reforma tecnológica, sino también cultural: pasamos de la compartimentación y el secretismo, a la colaboración y la innovación. Los países líderes nos muestran el camino: Estonia construyó su gobierno digital precisamente sobre la interoperabilidad y la posibilidad de auditar cada acceso a datos; el Reino Unido y Estados Unidos abrieron miles de datasets vía APIs en data.gov, generando ecosistemas cívicos vibrantes.

En conclusión, establecer una red estatal de API Keys autenticadas es mucho más que una mejora tecnológica: es un imperativo ético de transparencia, una necesidad legal para garantizar derechos en la era digital, y un paso técnico indispensable para la eficiencia y la inteligencia del Estado. Cada API que se abre es un muro burocrático que cae; cada dato que se comparte es una oportunidad que se abre. Ha llegado la hora de integrar al Estado chileno consigo mismo. La revolución digital y la inteligencia artificial pueden ser nuestras aliadas en este camino, pero primero debemos construir los puentes (las APIs) para cruzar hacia el futuro. Jurídicamente, además, el derecho de acceso a la información (consagrado en nuestra Constitución y desarrollado por la Ley 20.285) debe evolucionar: en el siglo XXI, ese derecho debería significar acceso en formatos abiertos y en tiempo real, no solo el derecho a pedir un PDF por correo. Incluso podríamos aspirar a reconocer un nuevo derecho ciudadano, acorde al tiempo presente: el derecho a interactuar digitalmente con el Estado de forma eficiente y segura. 

*Gonzalo Álvarez Seura. Abogado y Dr. en Derecho, Director ejecutivo de Tech-Law.ai,  Académico U.Central.