Por Martín Aylwin*
Chile y el índice de percepción de la corrupción.
En 2015 tuve la oportunidad de compartir durante un año completo con un grupo de amigos abogados provenientes de distintos países de Centro y Latinoamérica. Conversábamos de todo: delincuencia, seguridad, fortaleza institucional, desarrollo económico —y, por supuesto, corrupción. Era la época en que Chile ganaba la Copa América y, en ese contexto de cierto orgullo nacional, la conversación inevitablemente giraba hacia nuestras comparaciones regionales.
Y recuerdo con claridad una conversación que tuvimos sobre este último tema: la corrupción. La percepción generalizada de todos mis amigos era que Chile era, con distancia, el país menos corrupto de la región. Yo, en ese entonces, compartía esa visión. Yo sentía—ingenuamente—que estabamos más cerca de los países nórdicos que de nuestros vecinos en esta materia.
Los datos respaldaban este sentimiento. En 2014, Chile alcanzó su mejor desempeño histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional[1]: 73 puntos y el lugar 21 a nivel mundial. En el continente, solo Canadá y Estados Unidos obtuvieron mejores resultados.
En 2015, el puntaje bajó a 70 puntos, ubicando al país en el lugar 23 de 167 economías evaluadas y siendo superado, además, por Uruguay. Aun así, la posición regional de Chile en materias de integridad era sólida.
Diez años después el escenario es distinto. En el informe publicado en 2026—que mide el año 2025—Chile obtuvo 63 puntos y descendió al lugar 31 de 181 países. No solo fue superado nuevamente por Canadá, Estados Unidos y Uruguay, sino también por Barbados y Bahamas.
La tendencia es consistente: una década de retrocesos en relación con la corrupción.
Que otros países del continente hayan bajado su puntaje en el mismo período—Canadá de 83 a 75, Estados Unidos de 76 a 64 y Uruguay de 74 a 73—no debería llevarnos a relativizar nuestra propia caída. Que otros países también retrocedan no es consuelo y tampoco mejora nuestra posición competitiva.
Más allá del necesario debate político y de las acciones de política pública que puedan adoptarse, esta evolución tiene consecuencias directas para el entorno en que operan las empresas.
Implicancias del aumento en la corrupción.
Chile, pese a mantenerse entre los países con menor percepción de corrupción en América Latina, ha experimentado un estancamiento en su puntaje que, a nivel comparativo, sugiere un retroceso. Esto confirma un fenómeno que merece atención para las empresas.
Un contexto local y regional con mayor corrupción tiene las siguientes implicancias:
- Desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros o bien, necesidad de controlar este riesgo de manera robusta por las implicancias legales que pueden acarrear casos de corrupción en sus países de origen (ej. FCPA o UK Bribery Act por nombrar algunas).
- Mayor escrutinio de grupos de interés, como reguladores, comunidades, clientes, socios comerciales y proveedores, quienes se preocupan cada vez más por la integridad y gestión responsable.
- Incremento de riesgos reputacionales y legales.
Frente a este escenario, las empresas deben fortalecer su gestión del riesgo de corrupción. ¿Cómo se gestiona el riesgo de corrupción en un país cuya percepción internacional se ha deteriorado? ¿Cómo se protege la organización cuando el escrutinio es mayor y las jurisdicciones extranjeras aplican extraterritorialmente normas como la FCPA o el UK Bribery Act? La respuesta—entre muchas otras posibles—es la implementación de un sistema de gestión antisoborno.
ISO 37001 como herramienta de prevención de la corrupción
La ISO 37.001 es el estándar internacional que define los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Este estándar propone una estructura de gobernanza para prevenir, detectar y gestionar el soborno al interior de una empresa u otras organizaciones públicas y privadas a través de la incorporación de buenas prácticas internacionales.
La ISO 37.001 define un modelo que permite:
- Identificar riesgos de soborno con metodología objetiva.
- Asignar responsabilidades claras de supervisión del sistema.
- Integrar controles antisoborno, tanto financieros como no financieros, en la operación.
- Documentar decisiones.
- Demostrar efectividad ante terceros.
La primera versión del estándar fue publicada en 2015 y representó un avance significativo: por primera vez existía un marco internacional específico para sistemas de gestión antisoborno, estructurado bajo la lógica de los sistemas ISO (enfoque basado en riesgos, liderazgo, control operacional y mejora continua).
La actualización 2025 incorpora el aprendizaje de casi una década de implementación internacional. En la práctica, muchas organizaciones lograron estructurar sistemas formalmente correctos, pero funcionalmente débiles. La nueva versión eleva el estándar: ya no basta con que el sistema exista; debe poder demostrar que efectivamente funciona.
Cuatro dimensiones de la ISO 37.001:2025 para prevenir la corrupción
La ISO 37.001 contempla muchas medidas para prevenir la corrupción, pero quiero destacar estas cuatro.
- Comprensión de la organización.
Como todo sistema de gestión, el primer paso es es definir el contexto de la organización, lo que redunda en la identificación de los riesgos y controles que se deben adoptar.
Los riesgos no son iguales para una empresa grande que pequeña, nacional o multinacional, cuyo modelo de negocios implica tener como cliente a una entidad pública, y el tipo de interacciones con organismos de la administración del estado.
Estos aspectos definen, entre otros, la legislación aplicable, la probabilidad del riesgo y el nivel de control necesario para crear un sistema que sea efectivo en prevenir el soborno.
- Gestión de riesgos
En un entorno donde la percepción de corrupción se ha deteriorado, el análisis de riesgos de soborno y su permanente actualización es extraordinariamente relevante.
No sólo basta que se identifiquen los delitos que aplican (en Chile por ejemplo, soborno a funcionario público nacional e internacional y soborno entre particulares), sino que es de vital importancia conocer con claridad el área, proceso y subproceso donde ocurre ese riesgo. Igual de importante es conocer si el riesgo está presente en procesos internos o en procesos que se externalizan a terceros.
La versión 2025 de la ISO refuerza la necesidad de justificar por qué un riesgo fue valorado de determinada forma y qué controles se activaron para mitigarlo.
- Gobernanza y cultura antisoborno
La supervisión del sistema de gestión antisoborno no puede ser simbólica, debe nacer directamente desde el directorio o alta dirección para asegurar no sólo que se cumplan los requisitos formales del sistema, sino que se integre la gestión antisoborno con la estrategia de la empresa. Y con ello que se entreguen los recursos necesarios, se verifique el cumplimiento del sistema y se definan y cumplan objetivos antisoborno.
Esto se refleja incluso en que la cultura antisoborno fue incorporada como nuevo requisito en la versión 2025 (punto 5.1.3).
No se trata de agregar más comités o reuniones, sino de asegurar que la integridad sea un tema que efectivamente se discuta, se registre y se refleje en la cultura de la empresa.
- Gestión de terceros
Uno de los mayores riesgos es la interacción con los terceros. Esto se produce en gran medida porque se pierde el control de sus interacciones cuando no son internos a la empresa. Pero además, la experiencia internacional ha demostrado que en numerosos casos emblemáticos los pagos indebidos fueron canalizados a través de intermediarios o consultores externos (Siemens y Airbus son ejemplos conocidos).
La nueva versión refuerza la necesidad de identificar el riesgo con una mayor granularidad por transacciones, proyectos y actividades, y de aplicar controles proporcionales.
Conclusión: del índice país al mayor deber de diligencia empresarial
El retroceso de Chile en los índices de percepción de la corrupción no convierte automáticamente al país en uno corrupto o inviable. Afortunadamente, estamos lejos de eso. Pero sí eleva el estándar de cuidado que deben tener las empresas que operan en él.
En ese escenario, las empresas deben adoptar mejores controles para prevenir el riesgo de corrupción y soborno. La ISO 37001:2025 no es una garantía absoluta contra la corrupción, pero sí es un marco que fortalece la gobernanza, la gestión de los riesgos y construye evidencia que demuestra la diligencia debida para mitigar dicho riesgo.
Y en un entorno donde la percepción pesa tanto como la realidad, la evidencia deja de ser un respaldo documental y se transforma en una herramienta estratégica de protección empresarial.
[1] El índice mide la percepción de corrupción en el sector público sobre la base de encuestas a expertos y ejecutivos, y es uno de los principales referentes comparativos a nivel internacional.
*Por Martin Aylwin, Abogado Aylwin Matta. Socio del área de Compliance en Aylwin Matta. Abogado, LL.M de la Universidad de Melbourne. Certificado como Compliance & Ethics Professional–International (CCEP-I). Profesor de postgrado en compliance y derecho ambiental en la Universidad del Desarrollo, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile.
