Por Anibal Rodriguez Letelier, Decano de la Facultad de Derecho U. Santo Tomás. Socio en Mackenna Cruzat*
A modo de principio, toda gobernanza democrática debe velar por el cumplimiento normativo. Pero no solo se debe cumplir la ley, sino que se debe ir más allá. La ausencia de la ética en el ejercicio del derecho es el mayor atentado contra la democracia de cualquier país, porque degrada instituciones y la confianza de la ciudadanía.
Por eso, los escándalos públicos del último tiempo son tan complejos, pues desde el sector público muestran faltas a la necesaria probidad y mal manejo de recursos públicos. A esto agregaría la – ¿creciente? – falta de ética de los propios ciudadanos, como lo demostró el escandaloso episodio de licencias médicas mal extendidas.
En el contexto actual, entonces, la existencia de normas referentes a la probidad, transparencia, lobby, así como la estricta regulación de la contratación pública adquieren significativa importancia. Para el funcionamiento democrático y la solidez de un mercado competitivo, no solo se trata de conocer los regímenes normativos en abstracto, sino de aplicarlos. Por esto, también, el bienvenido foco que varios gobiernos han puesto sobre los sistemas de contratación con el Estado es aún más relevante.
Así, a fines de 2024, se dictó el reglamento de la Ley N°19.886, que sentó las bases sobre los que deben descansar contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, algo que destacados profesionales de Chile Compra venían trabajando hace tiempo. El reglamento mejora la probidad y transparencia en los procedimientos de compras públicas. Entre otros, se define a la necesidad como inicio de un procedimiento de compra pública, se implementan principios de economía circular, y se perfecciona la estructura administrativa y jurisdiccional de las compras públicas. Se promueve, igualmente, la incorporación de pymes en los procedimientos de contratación pública, lo que mejorará los procesos de participación en licitaciones públicas de estas, reconociendo que son clave para el funcionamiento de nuestro sistema económico.
Por ende, sorprende que una candidata presidencial haya dicho, en una reciente exposición ante salmoneros, que en su plan de gobierno “permitirá que las pymes participen en consorcio en los procesos de licitación”. Tenemos una buena noticia: no es necesario incorporarlo a un plan de gobierno. Chile ya lo contempla, no solo desde la dictación del reglamento, sino que normas previas lo permiten. En efecto, nuestra legislación ha incorporado correctamente las recomendaciones de la Alianza Anticorrupción de la ONU, aumentando los estándares mínimos de probidad y transparencia de compras hechas con recursos fiscales. En buenas cuentas, la mejora del procedimiento de compra ágil permite una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de adquisición de los organismos del Estado.
Otra buena noticia es que Chile Compra funciona con extraordinaria eficiencia. Nuestro país es paradigma mundial en contratación pública. El desafío será, sin embargo, que particulares y los organismos estatales velen por la adecuada aplicación de la normativa y usen correctamente las plataformas de transacciones públicas, cuidando que los procesos se desarrollen con debida transparencia.
En resumen, -y como es la conclusión ante todos los deplorables sucesos develados en el último tiempo- de todos es la responsabilidad de hacer las cosas de manera proba y bien.
