Columnas
Corrupción y pandemia
"Los gobiernos se enfrentan a un reto importante que es lograr un adecuado equilibrio entre la rapidez que requieren las compras públicas y privadas de suministros y el respeto a las reglas del mercado y de la libre competencia, pilares de los estados democráticos de derecho".
Por Soledad Alonso Baeza *
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación con el fin de determinar si el alza de los precios de los materiales de construcción registrados en los últimos meses, es producto de una falta de competencia producida por una eventual colusión o consecuencia del actual contexto del mercado. En el oficio, con los antecedentes enviados al fiscal nacional se argumentó, además, la escasez de los productos del área de la construcción.
La investigación se originó después de un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción que alertó sobre la escasez de materiales y el alza en los precios, en medio de la pandemia, analizando la participación de 61 empresas de la zona centro sur. Anteriormente, se había oficiado al director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) para que fiscalizara eventuales vulneraciones a los derechos de los consumidores por el alza de precios en los materiales de la construcción.
Diversos factores en el contexto global sanitario que vivimos muestran que los países están más expuestos y vulnerables a aumentar la corrupción. Así lo demuestra un estudio de Transparency International (enero, 2021), el cual en su Índice de Percepción de la Corrupción arroja un paisaje sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo.
El estudio indica que la corrupción no solo socava la respuesta sanitaria global al Covid-19, sino que además contribuye a mantener la democracia en un estado perpetuo de crisis. De hecho, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio declaró que: “El Covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no la estamos superando”.
Los informes indican que la corrupción está presente en todo lo relacionado con el Covid-19, desde el soborno para acceder a pruebas, tratamientos y otros servicios sanitarios hasta la contratación de suministros sanitarios. En algunas regiones americanas, la crisis sanitaria ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, las niñas, las personas mayores, las poblaciones indígenas, los migrantes y la población afroamericana.
En la mayoría de los países sudamericanos y del caribe, se han restringido los derechos civiles, la libertad de expresión y de reunión, entre otras libertades, a la vez que el ejecutivo ha concentrado excesivo poder, debilitando los sistemas de contrapesos y reduciendo el espacio de acción de la sociedad civil. Lo anterior, ha traído aparejado una explosión de irregularidades y casos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas en pandemia, pero también en el actuar de los privados entre sí.
Los gobiernos se enfrentan a un reto importante que es lograr un adecuado equilibrio entre la rapidez que requieren las compras públicas y privadas de suministros y el respeto a las reglas del mercado y de la libre competencia, pilares de los estados democráticos de derecho. El riesgo de la desconfianza total en las instituciones y autoridades por parte de la ciudadanía es un insumo poderoso para que aumente más el malestar social y se instalen los populismos que sabemos que empiezan a filtrar en silencio la sociedad – de la misma forma que la corrupción – para luego terminar desmantelando las democracias.
Aquí resulta fundamental el escrutinio de la sociedad civil y de la prensa para monitorear y exigir rendición de cuentas a las autoridades y empresarios con el fin de que la crisis no sea una excusa para obtener ventajas indebidas – políticas, económicas o de otra índole – a expensas de la ciudadanía.
Este es el momento para que las empresas fortalezcan más que nunca y con convicción, desde los altos cargos directivos, sus áreas de compliance, de ética y de integridad, como asimismo sus estándares de gobierno corporativo, comprendiendo que el costo del incumplimiento no solo será alto para las organizaciones en lo financiero, legal y reputacional, sino que finalmente mermará la confianza de la sociedad civil y con ello se debilitará la estructura democrática.
Es imperativo, por tanto, que se investigue a fondo y esclarezca el caso que recientemente ha comenzado a investigar la FNE ante una eventual infracción a las normas de la libre competencia, pues ya sabemos que los anteriores casos de colusión – pollos, farmacias y papel tissue – además de otros escándalos en el mercado financiero, no solo causaron un gran daño en la percepción de corrupción de nuestro país, sino que aumentaron la crisis de legitimidad de las instituciones, autoridades y empresas dando lugar a un Chile diferente que exige cambios radicales y que se ve reflejado en la composición de la Convención Constitucional que comenzará su trabajo pronto.
* Soledad Alonso Baeza es Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo, Orrego, Torre & Cía. Abogados y en Acevedo, Allende & Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
