Por Javiera Mantinetti Silva*
Cuando se dictó la Ley 19.799, en 2002, Chile reconoció valor jurídico a la firma electrónica. Veinticuatro años después, muchos contratos y trámites del día a día se siguen imprimiendo, firmando a mano y llevando a una notaría. La ley abrió la puerta, pero la práctica no ha avanzado al ritmo de la transformación digital que vive el país.
El proyecto que el Ejecutivo ingresó a la Cámara el pasado 2 de junio (Boletín N° 18.286-03), hoy con suma urgencia, busca saldar parte de esa deuda, y sus apuestas van en la dirección correcta. Equipara los actos firmados con firma electrónica avanzada a los suscritos en papel, incorpora el sellado de tiempo para dar plena fe de la fecha y permite que la mera autorización de firmas se cumpla con firma avanzada y sellado. Además, facilita la revisión judicial cuando una firma se impugna y habilita pagarés y letras de cambio electrónicos con mérito ejecutivo.
Nada de esto reemplaza al notario. Lo que hace el proyecto es distinguir entre dos funciones. Una es dar fe de la voluntad de las partes, que sigue requiriendo una figura humana que aporte fe, autoridad y solemnidad. La otra es certificar que una firma pertenece a quien dice ser, un problema de identidad e integridad que la tecnología ya resuelve con estándares verificables. Digitalizar no significa deshumanizar pues la verificación remota de identidad, la trazabilidad y el sellado de tiempo refuerzan la función notarial y le permiten concentrarse donde su intervención agrega valor. Notarios y tecnología no compiten, pueden trabajar juntos.
La ventaja de la firma electrónica no es solo reemplazar el lápiz por una pantalla. Tratándose de documentos para los cuales la ley no exige la solemnidad de su otorgamiento ante notario, permite que personas y empresas firmen sin trasladarse, coordinen a participantes que están en distintos lugares y gestionen más documentos en menos tiempo. Para una pyme, esto puede significar cerrar acuerdos y avanzar en sus operaciones sin depender de la circulación física de papeles. Cuando se requiere la intervención de un notario, la tecnología también puede complementar su labor y facilitar el acceso a sus servicios, reconociendo el valor de su función. El desafío es que esa experiencia sea sencilla y segura de principio a fin.
Para que estos beneficios se traduzcan en una solución efectiva tanto para empresas como para personas, hay aspectos que el debate legislativo debe afinar. El proyecto obliga a derivar al firmante al SII para pagar el Impuesto de Timbres y Estampillas, pero no detalla cómo se integra ese circuito. Si no se resuelve bien, se traslada al mundo digital la misma fricción que se quiere eliminar. Y esa fricción es el problema de fondo. En mi trabajo con usuarios de firma electrónica, el obstáculo más frecuente no es la desconfianza en su validez, sino la brecha entre lo que la ley permite y lo que en la práctica resulta simple de hacer. Para una persona o una pyme sin equipo legal, cada paso adicional es una razón para volver al papel.
Por eso, una modernización completa debería considerar un enrolamiento remoto simple y seguro, criterios claros sobre cuándo basta una firma simple y cuándo se requiere la avanzada e interoperabilidad entre prestadores y organismos. La validez jurídica la tenemos desde hace más de dos décadas. Lo que falta es que usarla sea tan natural como firmar con lápiz.
Modernizar no consiste solo en digitalizar un trámite, sino en aprovechar la tecnología para hacerlo más accesible y eficiente. Avanzar y adaptarse a nuevas herramientas abre oportunidades para simplificar procesos, ahorrar tiempo y llegar a más personas. Por eso, en Gofirmex trabajamos para ofrecer tecnologías actualizadas y eficientes, junto con el acompañamiento necesario para que cada cliente las conozca, comprenda y utilice con confianza.
En Gofirmex tomamos ese desafío como punto de partida, ya que buena parte de nuestros desarrollos responde tanto a preguntas jurídicas como técnicas. ¿Quién tiene facultades para comprometer a la empresa? Por eso un documento puede requerir la aprobación de personas designadas, en el orden que se defina, antes de enviarse a firma. ¿Cómo se acredita lo ocurrido si una firma se impugna? Cada usuario tiene un perfil y queda registro de quién cargó, aprobó o anuló cada documento. ¿Cómo opera un grupo con varias sociedades? Cada filial o área gestiona sus documentos por separado dentro de una misma cuenta. Y para que el acceso no dependa de un proceso comercial, cualquier empresa puede crear y activar su cuenta por sí misma, en minutos.
Esa experiencia es la que llevamos a la Comisión de Economía, donde fuimos la única startup que expuso sobre el proyecto. Allí planteamos la mirada de quienes desarrollan tecnología en Chile y trabajan todos los días junto a notarios, empresas y personas para que la firma electrónica funcione en la práctica. Es un activo que el legislador no debería desaprovechar ahora que el proyecto avanza con urgencia. En 2002, Chile fue pionero porque se atrevió a legislar antes que otros. Para volver a serlo, no basta con actualizar la ley, sino que también hay que construirla junto a quienes ya la hacen funcionar.
*Javiera Mantinetti Silva, abogada Universidad Autónoma de Chile.
Legal Operations en Gofirmex.
