Educación Superior y ¿Libre Competencia?

Por Cristián Reyes Cid* 

Las críticas hacia un ex presidente chileno por haber dicho que la educación es un mercado aún se escuchan con fuerza. Para muchos, referirse así a un derecho fundamental parece una ofensa ideológica. Sin embargo, esta provocadora afirmación refleja una realidad indesmentible: la educación, como muchos otros sectores que involucran derechos sociales, opera en un contexto económico, donde confluyen oferentes y demandantes, sean públicos o privados.

Más allá de las legítimas diferencias sobre el rol del Estado y de los privados en la prestación de servicios esenciales, lo cierto es que el mercado de la educación existe. Y como tal, no puede estar al margen de los cánones que rigen a otros mercados, particularmente en cuanto a la protección de la libre competencia. Esto ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia respecto de otros bienes esenciales, como la recolección de residuos domiciliarios, telecomunicaciones y derechos de agua. La misma Fiscalía Nacional Económica ha ratificado este criterio, por ejemplo, mediante el Estudio de Mercado de la Educación Superior abierto el año pasado (EM09-2024).

Algunos sostienen que en dicho mercado existen hoy en día distorsiones competitivas derivadas, por ejemplo, de la implementación del régimen de gratuidad. Lo que partió con una noble finalidad -permitir que estudiantes sin recursos accedan a la universidad- podría estar generando en la práctica distorsiones que afectan la viabilidad financiera de algunas instituciones, tanto públicas como privadas.

Según expertos, la aplicación del sistema de gratuidad ha derivado en subsidios diferenciados entre carreras y universidades, lo que en los hechos estaría produciendo graves asimetrías. Esta situación no solo comprometería la estabilidad financiera de las entidades, sino que estaría amenazando la diversidad de oferta académica en el país. Cuando algunas universidades no pueden seguir operando, o deben restringir su matrícula por falta de recursos, se reduce en definitiva la competencia. Y con ello, disminuyen los incentivos para mejorar la calidad educativa.

Lo preocupante es que estas distorsiones ocurren a pesar de que existen criterios legales para calcular los aranceles asociados a la gratuidad. ¿Se están aplicando correctamente esos criterios? ¿La implementación de la política pública está generando un entorno competitivo, justo y sustentable? Esto es esencial, no solo para evaluar la viabilidad de las instituciones, sino el ejercicio del derecho de los estudiantes a elegir entre distintas alternativas académicas, y en definitiva, la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

En un contexto como el descrito, no cabe duda que aun cuando un estudio de mercado de la FNE no tiene efectos vinculantes, sí puede ser insumo clave para generar cambios regulatorios, servir como base para futuras acciones judiciales o incluso derivar en recomendaciones normativas o instrucciones generales, que intenten corregir desequilibrios que puedan estar afectando la competencia en este sensible mercado.

Estamos, sin duda, ante un problema que trasciende lo ideológico. No se trata de defender un modelo económico, sino de asegurar que los mecanismos de financiamiento estatal no generen barreras a la entrada, discriminaciones arbitrarias o incentivos que terminen afectando a quienes se quiere proteger: los estudiantes.

Si no abordamos esta situación con responsabilidad institucional y mirada de largo plazo, estaremos hipotecando una de las herramientas más poderosas que tenemos como país para promover la equidad y la movilidad social: el acceso a una educación superior de calidad, diversa y competitiva.

*Cristián Reyes Cid, socio de Aninat Abogados