Por: Daniel S. Acevedo Sánchez*
Si el 2024 fue el año del asombro ante la inteligencia artificial generativa y el 2025 ha sido el año de la experimentación piloto, el 2026 se perfila como el año de la consolidación pragmática. Para los directores jurídicos y abogados corporativos en Latinoamérica, la conversación ha dejado de girar en torno a «qué es posible» para centrarse, con una frialdad necesaria, en «qué es rentable». Los informes de mercado más recientes, incluyendo proyecciones de Bloomberg Law y análisis financieros del sector legal en el Reino Unido, sugieren que la industria se encuentra en un punto de inflexión: la tecnología ya no es un diferencial competitivo per se, sino un requisito operativo básico. Sin embargo, la trampa para el abogado in-house radica en confundir la adopción de herramientas con la transformación del negocio. Para 2026, la brújula de inversión debe apuntar a tres nortes claros: la IA Agéntica, la infraestructura de datos y la ciberseguridad proactiva.
El salto hacia la IA Agéntica: De redactores a ejecutores
La primera área crítica de inversión es la transición de la IA generativa pasiva a la IA agéntica. Hasta ahora, hemos utilizado modelos de lenguaje (LLMs) como asistentes sofisticados: les pedimos un borrador, un resumen o una traducción, y ellos responden. Son reactivos. La tendencia para 2026, respaldada por los análisis de Bloomberg Law, es el despliegue de agentes autónomos capaces de ejecutar flujos de trabajo completos.
¿Por qué invertir aquí? Porque la IA agéntica rompe el cuello de botella de la supervisión humana constante en tareas de bajo riesgo. Un sistema agéntico no solo redacta una cláusula; puede recibir una solicitud de contrato, verificar si cumple con los parámetros de riesgo preaprobados, sugerir cambios, enviar el documento a la contraparte y registrar la versión final en el repositorio, todo con una intervención humana mínima y estratégica. Para una gerencia legal, esto significa liberar capacidad intelectual real. La inversión no es en un «chatbot» más inteligente, sino en orquestadores de procesos que actúan con un grado de autonomía supervisada. El retorno de inversión (ROI) aquí es directo: reducción de tiempos de ciclo y disminución de la carga administrativa que hoy asfixia a los departamentos legales.
La higiene de datos como activo estratégico
La segunda prioridad, y quizás la más dolorosa por ser la menos glamurosa, es la «preparación de los datos» (data readiness). Muchos departamentos legales latinoamericanos han intentado implementar herramientas de IA en 2024 y 2025 solo para encontrarse con resultados mediocres. La razón no es la tecnología, es la materia prima. Un modelo de IA alimentado con contratos mal clasificados, metadatos incompletos o archivos dispersos en correos electrónicos solo generará alucinaciones o respuestas irrelevantes.
La inversión debe dirigirse a la estructuración y limpieza de la información. En 2026, el valor no estará en el algoritmo (que tiende a comoditizarse), sino en los datos propietarios de la empresa. Invertir en sistemas de gestión documental (DMS) o gestión del ciclo de vida de contratos (CLM) que no solo almacenen, sino que estructuren la data para ser consumida por una IA, es imperativo. Sin esta capa fundacional, cualquier inversión en herramientas avanzadas será, financieramente hablando, un gasto a fondo perdido. La premisa es simple: no se puede automatizar lo que no se tiene ordenado.
Ciberseguridad y el “impuesto de la IA»
El tercer pilar es la seguridad y la mitigación de riesgos derivados del propio uso de la tecnología. Con la proliferación de herramientas digitales, la superficie de ataque se expande. Pero más allá del hackeo tradicional, 2026 traerá consigo lo que algunos analistas llaman el “impuesto de la IA» (AI tax): el costo de auditar y verificar el trabajo realizado por las máquinas y por las contrapartes que usan máquinas.
¿Por qué priorizar esto en el presupuesto? Porque la responsabilidad civil y reputacional no es delegable al software. Hemos visto casos donde abogados han sido sancionados por presentar jurisprudencia inventada por una IA. En el entorno corporativo, el riesgo de fuga de propiedad intelectual o de datos sensibles de clientes al usar modelos públicos es inaceptable. La inversión debe enfocarse en entornos de IA privados o híbridos («walled gardens») y en herramientas de auditoría forense que detecten sesgos o errores en los entregables automatizados. Además, con regulaciones emergentes inspiradas en la Ley de IA de la Unión Europea permeando Latinoamérica, contar con sistemas de gobernanza tecnológica robustos dejará de ser una buena práctica para convertirse en una obligación de cumplimiento normativo.
Finalmente, el contexto macroeconómico para 2026, marcado por presiones en los márgenes y una exigencia de «hacer más con menos», dicta que la tecnología debe servir a la rentabilidad. Diversos estudios del sector indican que las firmas legales están luchando por recuperar márgenes tras aumentos salariales y esta presión se trasladará a los departamentos in-house a través de las tarifas. La tecnología es la única palanca capaz de desacoplar el crecimiento de la carga laboral del crecimiento en costos.
Para el abogado latinoamericano, la recomendación es clara: deje de comprar «herramientas mágicas» y empiece a invertir en arquitectura empresarial. El 2026 no recompensará a quien tenga el juguete más nuevo, sino a quien haya construido la infraestructura (agentes, datos y seguridad) que permita a la tecnología trabajar de verdad. La innovación real es, al final del día, la que se nota en el estado de resultados, no la que se presume en LinkedIn.
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Consultor en transformación digital y estrategia – Legal, Tax & Finance
