El financiamiento de litigios en América Latina: un mercado emergente

Por Emma Fischer y Júlio C. Leal, Legal Analysts en Loopa Finance*

El financiamiento de litigios, o Third-Party Funding (TPF), es un mercado emergente que está redefiniendo el panorama jurídico en América Latina. Esta práctica, que permite que un tercero financie los costos asociados a un litigio o arbitraje a cambio de un porcentaje de lo recuperado, ha surgido como una alternativa crucial para ampliar el acceso a la justicia.

Este artículo analiza los principales factores que inciden en este mercado, desde el marco legal y la duración de los procedimientos hasta la confianza institucional, con el fin de ofrecer una visión de las oportunidades y desafíos del TPF en la región.

Marco legal: entre la autonomía de la voluntad y la ausencia de regulación

El TPF es una práctica relativamente reciente en América Latina. Su validez se sostiene en los principios generales del derecho contractual. La mayoría de los sistemas jurídicos de la región responden a la tradición civilista, con excepción de Guyana y Belice, que otorga gran relevancia al principio de autonomía de la voluntad. Bajo este marco, los contratos de TPF se consideran válidos siempre que respeten los principios básicos del derecho civil.

Hasta ahora, la jurisprudencia y el debate político en torno al TPF han sido escasos, con pocas excepciones. No obstante, la práctica ha cobrado fuerza, especialmente en el arbitraje, al permitir que los demandantes cubran los altos costos del proceso. Incluso, los principales centros de arbitraje de Chile y Brasil han incorporado apartados sobre esta figura en sus reglamentos.

En ambos países, el TPF no está expresamente regulado ni prohibido. Esto permite que los contratos de financiamiento sean innominados y se celebren libremente conforme al Código Civil. En Brasil, la justicia ha confirmado en al menos dos ocasiones que el TPF es compatible con el ordenamiento jurídico nacional.

La situación no es exclusiva de Chile y Brasil. En Perú, Colombia y Uruguay, la falta de regulación específica ha favorecido la creación de estructuras contractuales flexibles. Sin embargo, en Loopa hemos constatado que, aunque la ausencia de regulación puede ser una ventaja inicial, el crecimiento sostenible del mercado requiere estándares éticos, transparencia y marcos jurídicos estables.

Deber de divulgación y autorregulación

Chile no cuenta con jurisprudencia relevante ni con normas procesales que impongan la divulgación del financiamiento ante tribunales judiciales. Sin embargo, el arbitraje ha marcado la pauta: el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago exige declarar la existencia de un financiador en la solicitud de arbitraje, conforme a su nuevo Código de Ética y Buenas Prácticas, con el fin de resguardar la independencia del tribunal arbitral. En este caso, no se requiere compartir el acuerdo de financiamiento (LFA) ni el monto, únicamente el nombre del financiador.

En Brasil, aunque no existe un deber legal de divulgación en el arbitraje, la Cámara de Arbitraje y Mediación del Centro de la Industria y Comercio Brasileño-Canadiense (CAM-CCBC) exige informar la existencia de un financiador. En el ámbito judicial, una Corte de Apelaciones en São Paulo dictaminó en 2022 que la parte financiada debe informar sobre el financiamiento, pero tampoco está obligada a revelar el LFA ni el monto, únicamente identificar al ente financiador.

Por su parte, los códigos de ética de los Colegios de Abogados de Chile y Brasil aún no abordan directamente el TPF, mientras que en Colombia esta figura ha sido reconocida tangencialmente en algunas decisiones constitucionales vinculadas al derecho de acceso a la justicia.

Duración de los procedimientos: el factor de riesgo más crítico

La duración de un caso es uno de los aspectos más determinantes para un financiador, ya que un proceso prolongado incrementa el riesgo y la exposición a factores externos. Por ello, los fondos de inversión suelen preferir casos cuya duración se ajuste razonablemente a sus mandatos de inversión.

En la región, la lentitud en la resolución de disputas judiciales, que a menudo se extienden por una década o más, ha llevado a los fondos a inclinarse hacia el arbitraje. No obstante, algunos fondos, como Loopa, invierten en ambos tipos de procedimientos para mitigar los desafíos asociados a los tiempos procesales.

En Chile, la extensión de los litigios judiciales representa un desafío central. Además, la falta de datos estadísticos confiables sobre duración y resultados en la región dificulta la modelización de riesgos y la estimación de retornos.

Brasil enfrenta un escenario similar, aunque ha avanzado en la modernización y digitalización de los procesos. A pesar de ello, datos del Consejo Nacional de Justicia de 2023 revelan que un litigio civil en primera instancia tarda en promedio 600 días, cifra que supera la de muchos países europeos.

Arbitraje: el terreno más fértil para el TPF

El arbitraje ofrece condiciones más favorables para el TPF, gracias a su flexibilidad procesal, la especialización técnica de los árbitros y la menor congestión en comparación con la justicia ordinaria.

Chile se ha consolidado como un centro relevante para arbitrajes nacionales e internacionales, particularmente en sectores como infraestructura, energía y recursos naturales, impulsado por el trabajo del CAM Santiago.

Perú y Colombia han fortalecido sus centros de arbitraje, aunque aún presentan diferencias en materia de transparencia y gobernanza.

Brasil ha experimentado un crecimiento sostenido del arbitraje desde la Ley de Arbitraje de 1996. Cámaras como la CAM-CCBC, la CCI y CAMARB lideran el sector: en 2021 gestionaron 1.047 procedimientos, y en 2022 el valor promedio de los nuevos casos alcanzó los 118 millones de reales, con un crecimiento anual del 5% en el número total de arbitrajes entre 2017 y 2022.

Confianza institucional y corrupción

La confianza institucional es un factor decisivo en el análisis de riesgos para un financiador. Un entorno jurídico estable y predecible asegura procesos sin injerencias indebidas y la ejecución efectiva de sentencias, lo que garantiza el retorno de la inversión.

En Sudamérica, los niveles de confianza institucional son heterogéneos. Países como Guatemala o Bolivia presentan mayores riesgos estructurales, mientras que Uruguay y Costa Rica ofrecen marcos más estables y predecibles.

En Brasil, pese a contar con un sistema judicial formalmente robusto, la burocracia, la lentitud y los casos de corrupción generan incertidumbre. Sin embargo, las reformas recientes y el fortalecimiento de instituciones como el Ministerio Público y la Policía Federal han mejorado la percepción sobre la lucha contra la corrupción, lo que abre nuevas oportunidades para estrategias de TPF.

Esta variabilidad obliga a desarrollar estrategias adaptadas a los riesgos de cada jurisdicción.

Cuantía reclamada: grandes casos y nichos emergentes

El monto en disputa es otro factor esencial en la viabilidad de un caso. La diversidad económica de América Latina incide directamente en el valor promedio de las reclamaciones.

En Brasil y Argentina, las economías más grandes, los litigios y arbitrajes suelen involucrar montos millonarios, especialmente en controversias ambientales y comerciales. En Brasil, además, destacan mercados específicos como los precatorios (deuda pública de R $273 mil millones) y los créditos laborales (estimados en R $600 mil millones).

En Chile, la ausencia de daños punitivos y la moderación en la tasación del daño moral limitan el atractivo de tickets elevados. Sin embargo, la región resulta interesante para fondos con apetito por casos medianos y menores, donde los costos procesales son más bajos que en Europa o EE.UU.

Estado del mercado: incipiente pero con gran potencial

El mercado del TPF en la región se encuentra en una fase temprana, lo que representa una oportunidad para actores pioneros que busquen establecer estándares, impulsar reformas procesales y fomentar una cultura jurídica más receptiva al financiamiento.

En Chile, el modelo sigue siendo incipiente y poco conocido entre los operadores jurídicos. En Brasil, en cambio, la práctica ya crece con fondos locales y extranjeros, concentrándose en São Paulo y Río de Janeiro, aunque sin regulación específica. La ausencia de limitaciones históricas del common law ha facilitado su expansión, pese a que aún no se encuentra masificada entre los estudios de abogados.

La experiencia internacional sugiere que, con alianzas estratégicas y el fortalecimiento de capacidades locales, el crecimiento en América Latina podría ser exponencial.

Reflexión final

El financiamiento de litigios en América Latina está en una etapa de crecimiento acelerado, impulsado por las oportunidades que ofrecen los mercados emergentes. Aunque la falta de regulación expresa plantea desafíos, también ha permitido desarrollar estructuras contractuales flexibles.

La clave para la consolidación del TPF en la región será avanzar en autorregulación, adoptar estándares éticos y crear un ecosistema jurídico transparente y confiable. Si estos factores se alinean, el TPF no solo se consolidará como motor de inversión, sino también como un mecanismo capaz de democratizar el acceso a la justicia en América Latina.

• Emma Fischer es abogada por la Universidad Diego Portales, especializada en litigios y arbitrajes. Inició su carrera como asociada en Garrigues, una de las firmas legales más prestigiosas de Europa y América Latina, donde participó en la asesoría de disputas complejas de alto impacto. Actualmente se desempeña como Legal Analyst en Loopa Finance (antes Qanlex), fondo de inversión especializado en la financiación de litigios.

• Júlio C. Leal es abogado registrado en Brasil y Legal Analyst en Loopa Finance. Es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Bahía y actualmente cursa una maestría en Investigación Jurídica en la Universidad de São Paulo.