*Por Andrés Pumarino
La entrada en vigor del Reglamento eIDAS 2 en la Unión Europea (mayo de 2024) ha revitalizado el debate global sobre la gobernanza de la identidad digital. Su principal innovación es la creación de la European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet), una cartera digital interoperable y bajo control del ciudadano, que permite acreditar atributos personales y autenticarse frente a servicios públicos y privados a nivel europeo. Esta lógica, centrada en el usuario, representa una evolución hacia un ecosistema de confianza digital basado en la autodeterminación informativa.
El modelo europeo se aleja de aproximaciones puramente documentales o tecnocráticas, incorporando garantías jurídicas sólidas: certificación en ciberseguridad, autenticación gratuita, limitación en la elaboración de perfiles, revisión por pares entre autoridades nacionales y portabilidad de datos con estándares transfronterizos. Es, en esencia, una infraestructura pública digital de derechos.
En Chile, la implementación de la nueva cédula de identidad —vigente desde diciembre de 2024— representa un avance en términos de seguridad documental y accesibilidad, al incorporar chip integrado, diseño inclusivo y versión digital. Sin embargo, seguimos operando bajo un enfoque de identidad emitida, más que gestionada por el propio titular, con escasa conexión con ecosistemas de servicios digitales seguros.
Comparar este escenario con experiencias como Estonia —referente en la integración digital de identidad y servicios— o Canadá, con su Pan-Canadian Trust Framework, revela una brecha estratégica: la falta de una gobernanza integral de la identidad digital. No basta con modernizar el soporte físico; se requiere una arquitectura institucional, técnica y legal que habilite confianza, interoperabilidad y control ciudadano.
Más disruptivo aún es el concepto de Self-Sovereign Identity (SSI), promovido por actores globales como la Fundación Sovrin y adoptado por proyectos piloto en Alemania, Corea del Sur y recientemente en la OCDE. Este modelo plantea una identidad descentralizada, basada en blockchain, donde los individuos controlan sus credenciales y deciden cuándo, cómo y con quién compartirlas. La figura del Estado cambia: de emisor central a validador dentro de un ecosistema distribuido de confianza.
Chile debe abordar este debate con visión prospectiva. La identidad digital no es solo un instrumento técnico, sino un derecho habilitante en la sociedad digital. La oportunidad está en avanzar hacia modelos donde el ciudadano no solo sea identificado, sino protagonista de su identidad, conforme a los más altos estándares de protección de datos, ciberseguridad y derechos digitales.
Abogado, Socio de Contraloría Privada
Ciberseguridad y Protección de Datos
