Columnas

La Caja de Pandora Papers, con doble fondo

"Ya no basta con decir que no se ha cometido delito alguno. En la presidencia, al igual que los negocios, confluyen componentes jurídicos y éticos, de transparencia, de rectitud, de rendición de cuentas y de integridad".

Por Soledad Alonso Baeza *

La historia de Pandora y su famosa caja proviene de la mitología griega en que Zeus deseoso de vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos, presentó al hermano de este, Epimeteo, una mujer llamada Pandora con la cual se casó. Como regalo de bodas, Pandora recibió una misteriosa caja con instrucciones de no abrirla en ninguna circunstancia. Sin embargo, Pandora la abrió y escaparon de ella todos los males del mundo. Cuando la cerró solo quedaba en el fondo Elpis – el espíritu de la esperanza – el único bien que los dioses habían metido en ella. 

En el caso de los “Pandora Papers” que involucran una vez más al Presidente de la República en conflictos de intereses – reales, aparentes o potenciales – se han destapado varios males para nuestra fragmentada y desconfiada sociedad – eventuales delitos y abuso de poder – los que están siendo investigados por el Ministerio Público.

La causa se abrió a propósito de una investigación periodística a nivel mundial que reveló secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales conocidas como “paraísos fiscales”. Se analizaron casi 12 millones de documentos entre los cuales figura el contrato de la venta de la minera Dominga de propiedad de la familia Piñera-Morel a Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos del Presidente por 152 millones de dólares en un negocio que fue cerrado en las Islas Vírgenes Británicas. 

La investigación revela que el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”. El problema es que la decisión pasaba por el mismo Piñera quien acabó por no proteger la zona, por lo que el tercer pago se efectuó.

Soledad Alonso Baeza

En medio de las aclaraciones a los medios de comunicación sobre el caso del mandatario y de su círculo más cercano, el Ministerio Público decidió indagarlo penalmente por eventuales delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios. Y, mientras su abogado hacía de vocero explicando las dimensiones jurídicas a la opinión pública (a la cual de seguro no le interesan y/o pocos entienden), asegurando que la decisión del ente persecutor es un error puesto que los antecedentes ya habrían sido conocidos por la fiscalía -casos minera Dominga (2010) y Exalmar (2017)- y sobreseídos por falta de antecedentes, existiendo por tanto cosa juzgada, los males de la “caja de Pandora” se siguieron extendiendo. 

En efecto, la bancada de oposición ingresó formalmente una acusación constitucional en contra de Piñera fundada en dos capítulos acusatorios: 1) por vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación”; y 2) por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”. Más allá de la cuestión legal y de que tanto la investigación de la fiscalía nacional como la acusación constitucional prosperen o no, las sospechas de conflictos de intereses persiguen al mandatario ad-portas de terminar su administración – con un alto porcentaje de desaprobación (68%, Encuesta CEP 85) – como un fantasma que reaparece cada cierto tiempo.

Lo que el mandatario y, en general, nuestras autoridades no acaban de entender – aún no permea en su ADN – es que la reducción de este tipo de situaciones a lo meramente jurídico tiene cansada a la ciudadanía, pues no se requiere un conocimiento especial para entender lo que en compliance se denomina “estándares de transparencia” y “buenas prácticas” que hace rato la sociedad civil demanda a la élite política, social y empresarial.

Los conflictos de intereses se presentan a menudo en diferentes ámbitos tanto a las personas comunes como a las autoridades y no son malos en sí mismos. La gestión y administración correcta de éstos es lo relevante y lo que hacen muchas organizaciones que cuidan su reputación utilizando elevados estándares comparados más allá de lo que exige la ley. 

En el caso de la máxima autoridad del país los ciudadanos esperan y exigen que sean administrados con altos estándares de transparencia, pues como lo revela una reciente encuesta un 60% de la población aprueba la acusación constitucional porque – según explica la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile – “ya no hay tolerancia frente a la sospecha de falta de probidad en autoridades y menos en el caso del Presidente”. En consecuencia, insistir en que la acusación constitucional no tiene sustento jurídico alguno – lo que probablemente sea cierto – no es un factor que la ciudadanía considere importante en este caso, sino que espera que el mandatario aclare la constante falta de diligencia en la administración de los intereses de la nación en su rol como Presidente y sus intereses personales en su rol como empresario, que han caracterizado sus mandatos.

Así, la venta de Dominga estuvo precedida de una serie de decisiones polémicas desde el primer mandato de Sebastián Piñera quien después de asumir en marzo de 2010 anunció la cancelación de la termoeléctrica Barrancones, a pesar de que contaba con los permisos para operar. El Congreso inició una investigación que concluyó que era posible, al menos, presumir que Piñera buscó beneficiar a minera Dominga, puesto que en el mismo lugar se emplazaría el controvertido proyecto minero. El mandatario lo negó – pese a que meses después vendería a Délano – declarando que “antes de asumir la presidencia visitó la zona y le pareció que la reserva merecía protección”. El 2017 el exfiscal Guerra llevó adelante una investigación a propósito del caso Exalmar que terminó efectivamente en un sobreseimiento definitivo porque no se encontraron elementos de intervención de Piñera o de algún miembro de su familia para beneficiar a Dominga respecto de Barrancones y tampoco en lo que fue la venta de la minera.

Sin embargo, los males de la caja de Pandora siguen extendiéndose ya que el mismo exfiscal apela a que hoy sí hay elementos nuevos señalando que no tuvieron el contrato que se conoció ahora de las Islas Vírgenes Británicas, sino uno anterior que está en español, similar al anterior pero firmado por sociedades distintas.

Lo que aquí podemos apreciar es que si no hubo un “conflicto de interés real” – los intereses del mandatario debido a su función y cargo interfirieron con los intereses del país afectando su capacidad de tomar decisiones objetivas – existió al menos un “conflicto de interés aparente” – no hay contraposición real de intereses del mandatario, pero podría considerarse o ser percibido como apariencia de conflictos de intereses – y, por tanto, perjudicial para la reputación del Presidente y de la nación en el ámbito internacional.

La dimensión jurídica de este caso pertenece al ente persecutor y a los tribunales de justicia y el control político al Congreso, por lo que las defensas corporativas de los abogados del mandatario que litigan por la prensa, de su círculo cercano y del propio Presidente se hacen insostenibles porque afectan la confianza y la fe pública, y siembran la duda cuando no se transparentan de corrupción.

Ya no basta con decir que no se ha cometido delito alguno. En la presidencia, al igual que los negocios, confluyen componentes jurídicos y éticos, de transparencia, de rectitud, de rendición de cuentas y de integridad. La máxima autoridad de la República debe actuar y ser percibido con todos estos elementos, puesto que es en el conjunto de todos ellos donde se juega la estabilidad de la democracia y se reconquistan las confianzas perdidas y la anomia que padece nuestra sociedad.

Es de esperar que Elpis – el espíritu de la esperanza – único bien que los dioses pusieron en la caja de Pandora salga del doble fondo donde quedó abandonada y la recuperemos en plenitud cambiando de una vez el paradigma legalista al que se aferran nuestras autoridades.

* Soledad Alonso Baeza es Abogada de la Universidad Diego Portales. Actualmente colabora en el estudio de Lillo, Orrego, Torre & Cía. Abogados y en Acevedo, Allende & Mujica Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.

Artículos relacionados

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Close
Close