Plato principal: Curanto penal acompañado por populismo y delitos económicos. Postre: reinstalar la pena de muerte

Por Diego Palomo*

La política criminal en Chile se encuentra inmersa en un escenario marcado por la incongruencia, el oportunismo político y la falta de seriedad en temas de gran relevancia, y una muestra de ello es la reciente controversia generada por el proyecto que endurece las penas a los delitos económicos, conocidos como “de cuello y corbata”.

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), representando a los grandes empresarios del país, ha presentado reparos ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las herramientas penales utilizadas en el proyecto no se basan en el principio del Derecho penal de última ratio ni protegen el bien jurídico del Orden Público Económico.

Alegan que esta propuesta atenta contra dicho orden al seleccionar a un grupo específico de personas para aplicar un régimen punitivo más gravoso que el general. Solamente sumarme a lo que ya ha declarado el Ministro de Justicia sobre esta cuestión.

Por otro lado, la Comisión de Constitución ha respaldado varias medidas presentadas por el Ejecutivo que intensifican las sanciones a delitos de alta connotación social. Estas iniciativas buscan abordar problemáticas como el sicariato, el control de armas, el secuestro y las competencias de Gendarmería.

Si bien puede haber una justificación legítima para fortalecer la seguridad y combatir el crimen, es importante evaluar seriamente si estas medidas se sustentan en una política criminal coherente y responsable, y no solo responden a la presión populista.

Además, para agregarle ingredientes a este curanto penal, se ha querido levantar nuevamente el debate sobre la pena de muerte, impulsado por declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en respuesta a un violento asalto a un alcalde.

Matthei ha planteado la necesidad de considerar esta medida extrema como respuesta a la delincuencia, argumentando que la protección de las autoridades y la lucha contra las mafias son prioridades fundamentales. Referente a esto, evidentemente, la alcaldesa conoce la casi imposibilidad de aquello.

Sin embargo, todas estas propuestas y posturas reflejan una falta de seriedad y coherencia en la política criminal de Chile, ya que, mientras se discuten endurecimientos penales selectivos, se observa una desproporción en las penas y un sistema penal que parece favorecer a los ricos en comparación con los pobres. Y esto no es compatible con un Estado de derecho democrático.

Es fundamental que quienes ocupan cargos de autoridad en el país asuman su responsabilidad de manera seria y coherente. La política criminal debe basarse en principios sólidos, respetando el principio de última ratio y garantizando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Por lo anteror, solo así se podrá construir un sistema penal justo y acorde con los valores de una sociedad democrática. Aunque así como van las cosas, no sorprendería que entre tanto se proponga la vuelta a la ordalías o los juicios de Dios que darían el gusto en un doble sentido a cierto sector de la sociedad.

Por ende, más allá de esta exageración (ojalá pudiésemos decir que lo es con completa seguridad) hace falta ponerse serios, y que quienes son autoridades -en general- tengan responsabilidad y coherencia.

*Diego Palomo, Universidad de Talca