¿Qué implicancias legales habría tenido el caso Madeleine McCann si hubiera ocurrido en Chile?

Por Ariel Wolfenson Rivas*.

El caso de Madeleine McCann, una niña británica desaparecida en 2007, ha captado la atención global durante más de una década. Recientemente, una joven afirmó ser Madeleine y publicó pruebas de ADN para respaldar su afirmación. Aunque el caso tiene origen extranjero, resulta interesante reflexionar sobre qué ocurriría y cuáles serían las implicancias legales si este caso hubiese sucedido en Chile.

En el sistema legal chileno, la identidad está protegida como un derecho fundamental. Si una persona como la joven que asegura ser Madeleine quisiera probar su identidad en Chile a nivel jurídico, habría varias vías legales que considerar:

• Determinación judicial de filiación: La joven podría iniciar una acción judicial de reclamación de filiación, interpuesta en conjunto con acción de impugnación, ante los Tribunales de Familia de Chile, para ser reconocida como hija biológica de los padres de Madeleine. Este proceso está regulado por el Código Civil chileno, y contempla la posibilidad de ordenar pruebas de ADN como método principal de determinación de la paternidad o maternidad.

Para que la acción proceda, sería necesario demostrar que existe un conflicto razonable sobre la filiación actual de la joven. Este proceso podría ser impulsado tanto por ella misma como por los padres de Madeleine, quienes tendrían interés en determinar si efectivamente es su hija desaparecida.

• Invalidez del acta de nacimiento original: En caso de que la joven posea un acta de nacimiento que indique otros padres, sería necesario solicitar la anulación o rectificación de este documento ante el Registro Civil, previa sentencia judicial firme. Esto implicaría demostrar que el acta original fue errónea o fraudulenta, lo que podría derivar en investigaciones penales si se acredita la comisión de delitos como suposición de parto o alteración de identidad.

• Investigación penal: De confirmarse que la joven es Madeleine, en Chile se abriría una investigación penal para esclarecer las circunstancias de su desaparición. Delitos como sustracción de menores, secuestro y falsificación de documentos podrían ser investigados, sancionados por el Código Penal con penas que varían dependiendo de las circunstancias y de la participación de terceros en estos hechos.

Si la joven efectivamente resultara ser Madeleine, el Estado chileno estaría obligado a garantizar su protección integral, considerando su condición de víctima de delitos graves. Esto podría implicar:

• Medidas de protección y apoyo: Servicios del Estado como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o bien programas especializados estatales deberían intervenir para proporcionar apoyo psicológico, social y jurídico. Aunque la joven ya no sea menor de edad, la condición de víctima extendería este tipo de asistencia.
• Derechos hereditarios y civiles: Si se reconoce legalmente que la joven es Madeleine, también podría reivindicar derechos hereditarios o de otra índole sobre el patrimonio de su familia biológica, conforme al régimen de sucesiones del Código Civil y leyes de herencia.

Un caso de esta naturaleza también plantearía desafíos en materia de derecho internacional. Chile debería coordinarse con autoridades extranjeras, en especial con el Reino Unido, para validar pruebas de ADN, coordinar diligencias investigativas y asegurar que las resoluciones judiciales chilenas tengan eficacia en el extranjero.

Además, el caso podría generar conflictos de jurisdicción y competencia, particularmente si los padres biológicos u otras partes interesadas presentan acciones legales en sus respectivos países.

Como conclusión o síntesis, un caso como este pone en evidencia la complejidad de los temas vinculados a la identidad, la filiación y la cooperación internacional en materia penal y civil. En Chile, el ordenamiento jurídico cuenta con herramientas robustas para abordar estos desafíos, pero la celeridad y eficacia de las instituciones sería clave para garantizar justicia.

La desaparición de un menor y la posterior incertidumbre sobre su paradero son tragedias que afectan profundamente a las familias y a la sociedad en su conjunto. Casos como el de Madeleine nos recuerdan la importancia de reforzar los mecanismos de protección a la infancia y de cooperar a nivel global para prevenir y sancionar estos delitos.

*Ariel Wolfenson Rivas. Abogado, Mastery in Negotiation de la Universidad de Harvard, Máster en Derecho de la Empresa LL.M. UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho Público y Litigación Constitucional UDP.  Socio principal en Wolfenson Abogados.