Por Paula Godoy Muñoz*.
El miércoles 29 de enero de 2025 el Congreso aprobó la Reforma de Pensiones, una de las mayores transformaciones al sistema después de varias décadas. Dicho proyecto goza de gran relevancia en nuestra sociedad, pues el menoscabo de la situación económica posterior a la jubilación está asociado directamente a la política de pensiones de nuestro país.
En este sentido, las personas mayores son ―permanentemente― víctimas de prácticas discriminatorias que se encuentran naturalizadas, son sutiles e inconscientes, de manera que su carácter implícito limita el ejercicio para identificar sus diversas manifestaciones en diferentes niveles y se tiende a reducir a expresiones más explícitas y agresivas como las bajas pensiones. Así, una de las maneras de que puedan mejorar su situación financiera debido a las limitaciones en la cobertura de la seguridad social ―si es que no la única, pues el acceso al crédito no se garantiza―, es ―en palabras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe― la inserción laboral. No obstante, dicha inserción es sumamente compleja pues, debido a la discriminación sistemática de la que son víctimas, resulta difícil que puedan acceder a trabajos formales. En efecto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de informalidad alcanza un 51,8% siendo superior en mujeres (58,7%) que en hombres (48,6%).
Ahora bien, la situación es aún más compleja en el caso de las mujeres, para quienes las desigualdades de género en el ámbito económico se agudizan. Esto se vincula con factores como la discontinuidad en los ahorros previsionales a causa del trabajo reproductivo, la dedicación a otras labores de cuidado no remuneradas, la brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres, y el desempeño de tareas de menor valoración y salario. Estos factores repercuten en un empobrecimiento de las mujeres, mayor al de los hombres de igual clase socioeconómica.
Frente a dicha situación, y a la reciente aprobación de la Reforma, el presidente Gabriel Boric señaló que se trataba “de un imperativo ético y un acto de justicia”. Sin embargo, es importante recalcar que no se trata solo de eso, sino también del cumplimiento de normas internacionales.
Al respecto, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la Convención), regula los principios generales de la misma en su artículo 3, dentro del cual las letras g) e i) reconocen como uno de ellos a la seguridad física, económica y social; y, la equidad e igualdad de género con un enfoque de curso de vida. Asimismo, el artículo 17 de la Convención regula el “Derecho a la Seguridad Social”, el cual dispone que: “Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna. Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social […]”. Por último, y no menos importante, el artículo 9 regula el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, respecto al cual es necesario comprender que no otorgar pensiones dignas también es un tipo de violencia hacia la persona mayor.
Así, la Reforma viene a cumplir la normativa internacional pues, dentro de los cambios más importantes, se encuentra el aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 ―con una implementación progresiva― y determinadas medidas para reducir las brechas de género, entre las cuales está el aporte por año cotizado y la compensación por expectativa de vida. Sin embargo, la crítica que merecen estas medidas es que están establecidas solo para mujeres que hayan cotizado por al menos 10 años, cuando en la realidad existen muchas mujeres que han cotizado por menos, debido a ―precisamente― haber dedicado más tiempo a trabajos informales y no remunerados.
Sin duda alguna, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y el Caribe, la ampliación del acceso a los sistemas de protección social sigue siendo un asunto pendiente, toda vez que se trata de la región más desigual del mundo en términos de distribución de ingresos; no obstante, esta Reforma se trata de un primer paso para lograr la igualdad y la dignidad que tanto merecen las personas mayores. Es un imperativo ético y un acto de justicia, pero también el cumplimiento de normas internacionales que buscan proteger a las personas mayores, una deuda pendiente que nuestro país debía saldar.
*Paula Godoy Muñoz, abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Magíster en Economía y Derecho de Consumo de la Universidad Castilla-La Mancha. Candidata a Doctora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, es profesora de Derecho Civil en las Universidades Alberto Hurtado, Gabriela Mistral y Andrés Bello.
